CENSO AGROPECUARIO SANEAMIENTO DE LAS TIERRAS COMUNALES

Artículo escrito por Laureano del Castillo, Director Ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) y publicado en el diario La Primera. A poco de iniciado, este gobierno anunció su intención de impulsar una ley poniendo límites al tamaño de los predios agrarios frente a la concentración de tierras. El anterior Ministro de Agricultura decidió esperar los resultados del IV Censo Agropecuario. El actual Ministro,  Milton von Hesse, teniendo ya los resultados finales del Censo, ha reiterado su preocupación más bien por el aumento del minifundio y la reducción del promedio de las unidades agropecuarias.

Por razones de espacio, dejaremos para nuestra siguiente columna una revisión de las cifras del censo. En esta ocasión preferimos centrarnos en la necesaria atención a las comunidades campesinas y nativas, parte muy significativa de la agricultura familiar en nuestro país. Para ello nos referiremos nuevamente a las Directrices Voluntarias para la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional, aprobadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en mayo de 2012.

El prefacio del documento expresa que estas Directrices “tienen por objeto contribuir a los esfuerzos mundiales y nacionales para la erradicación del hambre y la pobreza, sobre la base de los principios del desarrollo sostenible y con el reconocimiento de la centralidad de la tierra para el desarrollo”.  Al desarrollar los principios rectores de la gobernanza responsable de la tenencia, el documento afirma que los Estados deberían “Dar reconocimiento y respetar a todos los titulares legítimos y sus derechos de tenencia. Deberían adoptar medidas razonables para identificar, registrar y respetar a los titulares y sus derechos, ya sea que estos últimos hayan sido registrados oficialmente o no…” (3.1.1).  Un poco más adelante, las Directrices sostienen que “los Estados deberían otorgar un reconocimiento legal a aquellos derechos legítimos de tenencia que actualmente no están protegidos por la ley…” (4.4).

El gobierno suscribió las Directrices y anunció su compromiso de aplicarlas. Entre las consecuencias de ello destacamos la necesidad de que el MINAGRI, a través del ente rector en materia de titulación de tierras, retome su obligación legal y moral de sanear las tierras de las comunidades campesinas y nativas, interrumpido hace largo tiempo. Como dicen las Directrices “unos derechos de tenencia inseguros se traducen en un aumento de la vulnerabilidad, el hambre y la pobreza, y pueden conducir a conflictos y a la degradación ambiental”. Asegurar la tenencia de las tierras comunales facilita también la inversión y evita conflictos, mejorando así la gobernanza.

Ver en: http://www.laprimeraperu.pe/online/columnistas-y-colaboradores/censo-agropecuario-saneamiento-de-las-tierras-comunales_149854.html

Más desarrollo agrario, para superar la pobreza

Artículo escrito por Julio Gamero, especialista en derechos laborales y publicado en el diario La Primera. Los pequeños productores agrarios de nuestros andes centrales tienen más claro que muchos funcionarios, el objetivo anti pobreza de la promoción del desarrollo productivo. “No queremos pescado, queremos que nos enseñen a pescar” fue  la expresión de un agricultor, miembro de una asociación dedicada a la producción de hierbas aromáticas en Tayacaja.

Proveniendo de un poblador de una región con altos índices de pobreza resulta más elocuente lo expresado. Quizás habría sido de esperar un pedido por más ayuda social pero no, ellos demandan capacitación, asistencia técnica. Quieren fortalecer su capital humano para poder enfrentar el reto de lograr una mejor inserción en el mercado.

Por un principio de igualdad de oportunidades, la política pública hace bien en implementar el instrumento del PROCOMPITE que no es sino el cofinanciamiento del tesoro a iniciativas de los productores asociados. Equipamiento ligero, herramientas para el agro, pequeñas plantas de secado, de procesamiento, telares y similares encuentran así un medio efectivo para promover la capitalización del pequeño productor. Pero, la política pública viene obviando un aspecto importante: el capital físico requiere que dichos productores ganen más capacidades, más destrezas. “…que nos enseñen a pescar.”

Los gobiernos locales y regionales, entusiastas promotores de PROCOMPITE, señalan que no cuentan con ingenieros ni técnicos agrarios suficientes para acompañar los procesos de capacitación y asistencia técnica que resultan imprescindibles para aumentar el capital humano de los pequeño productores.  Que toda una provincia apenas cuente con 1 ingeniero y 1 técnico para “atender” a 16 distritos agropecuarios es un indicador muy claro de la necesidad de actualizar un modelo de extensión agrícola que se tuvo hace más de 20 años y que la reforma liberal de los noventa se encargó de suprimirlo con la creencia que se iba a generar un “mercado” de extensión agraria. Hasta hoy se sigue en dicha espera.

Hoy es imprescindible que la capacitación y asistencia técnica a los pequeños productores se erija en un objetivo de la política pública. No sólo por una cuestión de justicia sino porque ello aporta al cambio en la matriz extractivista que, lamentablemente, aún persiste.

Ver en: http://www.laprimeraperu.pe/online/columnistas-y-colaboradores/mas-desarrollo-agrario-para-superar-la-pobreza_147081.html

Pequeña agricultura e Inclusión Social en 28

Artículo escrito por Alejandra Alayza y publicado en el diario La República. A pesar de que el propio gobierno había declarado este como el “Año de la inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”, la ausencia de estos temas en el mensaje del 28 alimentó los varios sinsabores. Ollanta relevó que la agricultura peruana es la de mayor crecimiento en la región. No está mal el entusiasmo, pero es clave saber que se refiere al crecimiento agroexportador que, como sabemos, desde hace varios gobiernos goza de beneficios y políticas de incentivos.

La seguridad alimentaria está en manos de la pequeña agricultura en el Perú, y de esta poco escuchamos el 28. El 60% de los alimentos que consumimos los peruanos  son producidos en 80% por pequeños productores agrarios. A pesar de su importancia, las políticas en el sector no han tenido el dinamismo que se esperaba en un año tan altamente encomendado. Humala ratifica su compromiso con la inclusión social, con una larga lista de programas sociales.

Nuevamente, se pierde en el camino una visión más integral para el campo y sus productores, para la alimentación de todos los peruanos.

Ver: http://www.larepublica.pe/columnistas/globalizaciones/pequena-agricultura-e-inclusion-social-en-28-31-07-2013

Inversiones responsables en tierras agrícolas

Artículo escrito por Laureano del Castillo, Director Ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) y publicado en el diario La Primera. En los próximos meses debe retomarse el proceso de discusión de un documento sobre inversiones responsables en la agricultura, mejor conocido por sus siglas de RAI (Responsible Agricultural Investments).

 

La iniciativa fue originalmente lanzada por el Banco Mundial y otros organismos internacionales, como la FAO, FIDA y UNCTAD, durante una sesión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de Naciones Unidas en octubre de 2010, pero fue rechazada por las organizaciones de la sociedad civil. Las razones principales fueron la consideración de que “no era un instrumento adecuado para regular las inversiones privadas” y que fue “formulado sin la participación de comunidades y delegaciones más afectadas por las inversiones en la agricultura”. Por ello el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial inició un proceso de consultas, en el que participa la sociedad civil, junto con los gobiernos y el sector privado, el cual debe concluir en 2014.

De esta forma, en los próximos meses hacerse consultas a nivel regional a las organizaciones de la sociedad civil para enriquecer el primer borrador (o versión cero), luego de su reformulación.

Esta iniciativa se ubica en el marco más amplio de la preocupación internacional por desarrollar un cuerpo de principios para las inversiones responsables en la agricultura que mejoren la seguridad alimentaria y la nutrición. Este esfuerzo responde a un contexto internacional en el que se observa un proceso de acaparamiento de tierras agrícolas (en inglés, land grabbing) que amenaza a la agricultura familiar. Se espera así que el documento que contenga las RAI se ubique en línea con las Directrices Voluntarias para la Gobernanza Responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional que, impulsadas por la FAO, fueron ratificadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en mayo de 2012 (lo que comentamos en nuestra columna de octubre de 2012).

Nuestro país participó en la aprobación de las Directrices Voluntarias y expresó su compromiso por aplicarlas. Ahora que están por publicarse los resultados del IV Censo Agropecuario, será un buen momento para contrastar la realidad del agro nacional con los compromisos asumidos en las Directrices Voluntarias y con el ánimo internacional de regular las inversiones privadas en la agricultura. Eso permitiría concretar el compromiso del gobierno al declarar este como el “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” e impulsar medidas que alienten ahora sí a la agricultura familiar.

Ver en: http://www.laprimeraperu.pe/online/columnistas-y-colaboradores/inversiones-responsables-en-tierras-agricolas_142276.html

Las Comunidades Rurales que mueven al país

Documento elaborado por varias organizaciones vinculadas a la protección de las comunidades rurales. Las comunidades rurales son expresión de los pueblos indígenas del Perú y albergan aproximadamente a un tercio de la población nacional, un poco más de un millón de familias en comunidades campesinas de la costa y los Andes, y setenta mil familias en la Amazonía. Los ciudadanos de las comunidades aportan al bienestar de todos los peruanos y al desarrollo de la economía nacional, aún así, y las desventajas que enfrentan como la pobreza, desigualdad, deficientes servicios públicos, enfrentan un abandono por parte del Estado.

 

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Derechos a territorios seguros para las comunidades que mueven al país

Documento elaborado por varias organizaciones vinculadas al tema de las comunidades campesinas, entre ellas la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) y el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), en el que se destaca que la presencia de las comunidades en el Perú es innegable. En la actualidad, más del 27% del territorio nacional corresponde a las comunidades que se ubican en la costa, sierra y selva del páis.  Históricamente ellas han aportado al desarrollo del Perú de múltiples maneras, jugando un papel económico importante como abastecedores de alimentos para el mercado interno.

 

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Ministerio de Agricultura y titulación comunal

Artículo escrito por Laureano del Castillo, Director Ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) y publicado en el diario La Primera. A inicios de abril el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República un proyecto de ley para modificar la Laey de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura.

Nos interesa destacar la modificación del artículo 6 de la vigente Ley de Organización y Funciones del mencionado ministerio, relacionada con sus competencias exclusivas. Así, le corresponderá “Dictar las normas y los lineamientos técnicos para el proceso de saneamiento físico legal y la formalización de la propiedad agraria, comprendiendo las tierras de las comunidades campesinas y comunidades nativas, que son de obligatorio cumplimiento en todos los niveles de gobierno, en concordancia con la normativa constitucional y legal del Estado”. Ello significará consolidar lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 01-2013-AG (del 25 de enero pasado) en que se estableció la rectoría de la política nacional agraria en materia de saneamiento físico legal y formalización de la propiedad agraria.

Recordemos que en 2007 el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural fue absorbido por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) a pesar de que este último fue creado para el ámbito urbano. Tiempo después, las funciones en materia de saneamiento de la propiedad agraria pasaron (en realidad fueron devueltas) a los Gobiernos Regionales, pero se generó la duda de cuál sería el ministerio que regularía estas funciones, pues COFOPRI hace parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El Decreto Supremo mencionado resolvió ese dilema, asignándolas al Ministerio de Agricultura.

Más allá de las cuestiones formales, queremos destacar el interés del Ministerio de Agricultura por enfrentar la falta de saneamiento de la propiedad comunal. La última información proporcionada por COFOPRI, de diciembre de 2010, daba cuenta que de las 6,069 comunidades campesinas reconocidas, faltaban titular 959; y de las 1,469 comunidades nativas reconocidas, 198 faltaban titular. Más alarmante es saber, según COFOPRI, que 61.5% de las comunidades campesinas tituladas (3,140 comunidades) y 93.3% de las comunidades nativas tituladas (1,186) no estaban georreferenciadas. Así, del total de comunidades reconocidas (7,538), el 72.7% (5,483) no tendría cómo acreditar indubitablemente su derecho de propiedad. Sin título y sin planos georreferenciados la propiedad de las tierras comunales deviene en un derecho inseguro.Por ello, saludamos el interés del Ejecutivo por facilitar herramientas a los Gobiernos Regionales, a cargo del saneamiento legal de las tierras agrícolas, para cumplir así el compromiso pendiente del Estado con las comunidades. Títulos seguros brindan más seguridad para todos.

Ver en: http://www.laprimeraperu.pe/online/columnistas-y-colaboradores/ministerio-de-agricultura-y-titulacion-comunal_140180.html

AGUA: Organización y orden

Artículo escrito por Laureano del Castillo, director ejecutivo de CEPES y publicado en el diario La Primera. Un viaje reciente permitió conocer la experiencia de Holanda en la gestión del agua. Los nativos de este país afirman que Dios hizo al mundo y que los holandeses hicieron Holanda. Una muy larga tradición de los también llamados Países Bajos buscando ganar terreno al mar y evitar que este, al sobrepasar los diques, generara daños están a la base de ese orgullo. Un país con tierras muy planas y con abundante agua ha permitido el desarrollo de una excelente agricultura, basada en el manejo del agua. Pero, además de su descollante ingeniería  es conocido también el desarrollo urbanístico, social y cultural de este pequeño país europeo.

En materia de agua, ese portentoso avance solo puede explicarse por la organización de agricultores y pobladores. Las organizaciones allí manejan con mucho ingenio el agua de canales de drenaje que, cuando las lluvias escasean sirven también para el riego. Esas organizaciones se llaman Waterschap y en los últimos años su número se ha reducido, buscando un manejo más amplio de las cuencas o subcuencas. En base a ese enfoque,  pero también aplicando la Directiva Marco de la Unión Europea sobre el agua, ahora están tratando de adaptarse al cambio climático y en vez de pelear con la crecida de los ríos, reforzando sus diques, permiten que en épocas de abundancia los ríos inunden las áreas contiguas son conscientes de que ese fenómeno mundial está elevando el nivel de las aguas del mar.

La reflexión que podemos hacer de tales experiencias puede resumirse en una palabra: organización. Solo la organización ha permitido ese desarrollo de un pequeño gran país. La organización para el uso y la gestión del agua permitió el desarrollo de su agricultura, sus ciudades y su cultura. Ello los ha llevado a organizar y ordenar distintos aspectos de la vida social.

En el Perú estamos intentando ordenar la gestión del agua en base a las cuencas. Hasta el momento se han organizado 4 consejos de recursos hídricos de cuenca, pero se requieren más. Ellos deberían ser los espacios en los cuales los distintos usuarios (que finalmente somos todos) nos pongamos de acuerdo en cómo usamos el agua, pero también en cómo la cuidamos, preservamos su cantidad y calidad para las futuras generaciones. Es bueno que el Estado las impulse, pero sería mejor si también se alienta que se organicen desde abajo, desde las subcuencas. Así serán más sostenibles, ojalá como en Holanda.

Ver en: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas-y-colaboradores/agua-organizacion-y-orden_137527.html

Cultivando dividendos

Artículo escrito por Alejandra Alayza, coordinadora ejecutiva de la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) y publicado en el diario La República. Las tierras fértiles del planeta constituyen un bien cada vez más preciado. El crecimiento de la demanda por agrocombustibles incentiva la inversión en plantaciones de soya, palma, entre otros. Bancos y fondos de inversión tienen hoy en la mira la compra de importantes áreas de tierra fértil para la promoción de rentables proyectos agroindustriales.

Pero estas nuevas tierras necesarias no se crean de la nada. Tienden a abrirse paso a través del proceso de acaparamiento de tierras, mediante el control de grandes territorios en pocas manos, así como del cambio de uso de tierras, donde la amenaza de la deforestación de bosques y selvas es hoy un riesgo planetario. Actualmente este modelo de producción es responsable del 70% de la deforestación del planeta.

Con el objetivo de cultivar dividendos, este modelo de agricultura no solo alienta gravemente el cambio climático, sino que no repara en desplazar a los productores nacionales de alimentos, poniendo también en riesgo la seguridad alimentaria.   

Ver en: http://www.larepublica.pe/columnistas/globalizaciones/cultivando-dividendos-14-03-2013

¿Habemus Ley de Seguridad alimentaria?

Artículo escrito por Laureano del Castillo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) y publicado en el diario La Primera. Ayer la Comisión Agraria del Congreso presentó el proyecto de Ley del Derecho a la Alimentación, la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. El proyecto reúne seis iniciativas y ha recibido las opiniones de diferentes ministerios y gobiernos regionales. El plan de la Comisión es aprobar el dictamen y enviarlo al Pleno del Congreso en el plazo más breve.

También ayer se publicó el pronunciamiento de diversos gremios agrarios y organizaciones de promoción del desarrollo, al que se sumó APEGA, para demandar a la Comisión Agraria un debate más amplio, de modo de posibilitar la participación de otras organizaciones e instituciones con experiencia y autoridad en estos temas.

No es la primera vez que frente a la inminente aprobación de una ley se escucha el pedido de contar con mayores plazos. En este caso, la demanda de quienes suscribieron el pronunciamiento merece ser atendida. 

La seguridad alimentaria y nutricional del país es un tema muy serio y aunque, en efecto, es importante y necesario que el país cuente con una herramienta como esta (por lo que no puede postergarse indefinidamente su aprobación), sí se requiere que la norma sea trabajada con cuidado, de modo de atender la complejidad del tema.

La FAO, que durante varios años viene trabajando en torno a la seguridad alimentaria ha elaborado numerosos documentos, donde recomienda la aprobación de leyes marco sobre el derecho a la alimentación, en el entendido que se trata de un  mecanismo usado generalmente para legislar en materias multisectoriales y que permite abordarlas de manera más consistente, coordinada e integral. ¿Hay algo más multisectorial que la seguridad alimentaria?

El proyecto presentado desarrolla en lo central la institucionalidad, solo una de las dimensiones de la seguridad alimentaria, pero leyes de este corte “solo establecen la arquitectura institucional necesaria para luchar contra el hambre a nivel nacional y local”, lo que es insuficiente. Se debe atender aspectos como el acceso a los recursos necesarios para producir los alimentos, entre otros más. Se requiere finalmente precisar los compromisos del Estado para que el derecho a la alimentación deje de ser una declaración de buena voluntad y sea expresión de una política pública integral.

Ver en: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas-y-colaboradores/habemus-ley-de-seguridad-alimentaria_132637.html