Artículo escrito por Laureano del Castillo, Director Ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) y publicado en el diario La Primera. A poco de iniciado, este gobierno anunció su
intención de impulsar una ley poniendo límites al tamaño de los predios
agrarios frente a la concentración de tierras. El anterior Ministro de
Agricultura decidió esperar los resultados del IV Censo Agropecuario. El actual
Ministro, Milton von Hesse, teniendo ya
los resultados finales del Censo, ha reiterado su preocupación más bien por el
aumento del minifundio y la reducción del promedio de las unidades
agropecuarias.
Por razones de espacio, dejaremos para
nuestra siguiente columna una revisión de las cifras del censo. En esta ocasión
preferimos centrarnos en la necesaria atención a las comunidades campesinas y
nativas, parte muy significativa de la agricultura familiar en nuestro país.
Para ello nos referiremos nuevamente a las Directrices
Voluntarias para la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la
Pesca y los Bosques en el contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional, aprobadas
por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en mayo de 2012.
El prefacio del documento expresa que
estas Directrices “tienen por objeto contribuir a los esfuerzos mundiales y
nacionales para la erradicación del hambre y la pobreza, sobre la base de los
principios del desarrollo sostenible y con el reconocimiento de la centralidad
de la tierra para el desarrollo”. Al
desarrollar los principios rectores de la gobernanza responsable de la
tenencia, el documento afirma que los Estados deberían “Dar reconocimiento y
respetar a todos los titulares legítimos y sus derechos de tenencia. Deberían
adoptar medidas razonables para identificar, registrar y respetar a los
titulares y sus derechos, ya sea que estos últimos hayan sido registrados
oficialmente o no…” (3.1.1). Un poco más
adelante, las Directrices sostienen que “los Estados deberían otorgar un
reconocimiento legal a aquellos derechos legítimos de tenencia que actualmente
no están protegidos por la ley…” (4.4).
El gobierno suscribió las Directrices y
anunció su compromiso de aplicarlas. Entre las consecuencias de ello destacamos
la necesidad de que el MINAGRI, a través del ente rector en materia de
titulación de tierras, retome su obligación legal y moral de sanear las tierras
de las comunidades campesinas y nativas, interrumpido hace largo tiempo. Como
dicen las Directrices “unos derechos de tenencia inseguros se traducen en un
aumento de la vulnerabilidad, el hambre y la pobreza, y pueden conducir a
conflictos y a la degradación ambiental”. Asegurar la tenencia de las tierras
comunales facilita también la inversión y evita conflictos, mejorando así la
gobernanza.
Ver
en: http://www.laprimeraperu.pe/online/columnistas-y-colaboradores/censo-agropecuario-saneamiento-de-las-tierras-comunales_149854.html
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