Artículo escrito por Julio Gamero, especialista en derechos laborales y publicado en el diario La Primera. Los
pequeños productores agrarios de nuestros andes centrales tienen más claro que
muchos funcionarios, el objetivo anti pobreza de la promoción del desarrollo
productivo. “No queremos pescado, queremos que nos enseñen a pescar” fue la expresión de un agricultor, miembro de una
asociación dedicada a la producción de hierbas aromáticas en Tayacaja.
Proveniendo
de un poblador de una región con altos índices de pobreza resulta más elocuente
lo expresado. Quizás habría sido de esperar un pedido por más ayuda social pero
no, ellos demandan capacitación, asistencia técnica. Quieren fortalecer su
capital humano para poder enfrentar el reto de lograr una mejor inserción en el
mercado.
Por
un principio de igualdad de oportunidades, la política pública hace bien en
implementar el instrumento del PROCOMPITE que no es sino el cofinanciamiento
del tesoro a iniciativas de los productores asociados. Equipamiento ligero,
herramientas para el agro, pequeñas plantas de secado, de procesamiento,
telares y similares encuentran así un medio efectivo para promover la
capitalización del pequeño productor. Pero, la política pública viene obviando
un aspecto importante: el capital físico requiere que dichos productores ganen
más capacidades, más destrezas. “…que nos enseñen a pescar.”
Los
gobiernos locales y regionales, entusiastas promotores de PROCOMPITE, señalan
que no cuentan con ingenieros ni técnicos agrarios suficientes para acompañar
los procesos de capacitación y asistencia técnica que resultan imprescindibles
para aumentar el capital humano de los pequeño productores. Que toda una provincia apenas cuente con 1 ingeniero
y 1 técnico para “atender” a 16 distritos agropecuarios es un indicador muy
claro de la necesidad de actualizar un modelo de extensión agrícola que se tuvo
hace más de 20 años y que la reforma liberal de los noventa se encargó de
suprimirlo con la creencia que se iba a generar un “mercado” de extensión
agraria. Hasta hoy se sigue en dicha espera.
Hoy
es imprescindible que la capacitación y asistencia técnica a los pequeños
productores se erija en un objetivo de la política pública. No sólo por una
cuestión de justicia sino porque ello aporta al cambio en la matriz
extractivista que, lamentablemente, aún persiste.
