Artículo escrito por Pedro Castillo de CEPES, publicado en el diario UNO. El último doce de julio el Congreso de la República aprobó la Ley 30230, que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, norma conocida como ley del Paquetazo ambiental.
En estos casi treinta días de vigencia de la norma la mayoría de críticas a la misma descansan sobre su aspecto ambiental pero se ha dejado de lado todo lo relacionado al saneamiento físico legal de predios para proyectos de inversión.
Bajo el argumento de promover las inversiones para evitar la desaceleración de la economía nacional se crean procedimientos especiales y extraordinarios para entregar derechos sobre la tierra a favor de proyectos de inversión sin importar su uso actual o futuro.
En efecto, basta revisar los primeros artículos del Título III de la ley (art 36 - art 38) para caer en la cuenta que se otorgarán una serie de derechos a favor de proyectos de gran envergadura (ampliación de frontera agrícola, minería, hidrocarburos, forestales, etc.) con el objetivo de propiciar la eficiencia en su administración.
Dicho de otro modo, se concederán derechos sobre la tierra para que dichos proyectos – y sus inversionistas - no tengan ningún tipo de problema cuando desarrollen sus actividades. ¿A qué problemas nos referimos? Evidentemente a los conflictos socioambientales por el aprovechamiento de la tierra y otros recursos naturales que generan los pueblos indígenas que viven organizados en las 6,069 comunidades campesinas y 1,469 comunidades nativas de todo el país. Si consideramos que el 72.7% (5,483) de comunidades (campesinas y nativas) no tiene cómo acreditar fehacientemente su derecho de propiedad pues la localización y extensión de sus tierras no están georreferenciadas se puede deducir que este grupo de peruanos y peruanas serán los más afectados con esta norma.
Hay que destacar que la norma no solo entregará derechos sobre la tierra a los inversionistas sobre el área de influencia directa de sus proyectos sino que inclusive otorgará derechos sobre el área de influencia indirecta. ¿Para qué sanear tierras de influencia indirecta a favor de las inversiones? ¿Cuál es la razón?
En su momento se saludó la iniciativa respecto al saneamiento de la propiedad rural, incluida las comunidades, con el apoyo del BID; pensando que por fin el Estado peruano cumpliría con una tarea que tiene pendiente desde hace años. Sin embargo, esta nueva ley norma se trae al suelo estas expectativas. Una vez más se legisla en contra del respeto, reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos territoriales de las comunidades del país.
Ver en: http://diariouno.pe/columna/el-paquetazo-ambiental-es-una-aplanadora-de-derechos-sobre-la-tierra/
