Más palma, menos bosques

Artículo escrito por Alejandra Alayza, publicado en el diario La República. De acuerdo a reciente denuncia de la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo–SPDE, en los últimos meses empresas dedicadas al cultivo de la palma aceitera habrían deforestado 13.076 hectáreas de bosques primarios en la Amazonía con anuencia de las autoridades peruanas. Seguimos sumando casos y con ellos, hectáreas deforestadas.

La expansión de la agricultura extensiva de palma aceitera acelera el mercado de tierras en la Amazonía y presiona por el cambio de uso y recalificación de suelos para la expansión de sus cultivos. Informalmente, los precios operan como un incentivo perverso a la deforestación, pagando más por tierras de uso agrícola en zonas de bosques.

Pero también se hace legalmente. Según la denuncia de la SPDE, el Minagri y los gobiernos regionales de Loreto y Ucayali estarían adjudicando bosques como tierras rústicas, reclasificando tierras de aptitud forestal para uso agroindustrial y aprobando cuestionados EIA para proyectos agroindustriales. La Amazonía peruana está en la mira de una industria global de palma aceitera que requiere expandirse. Estemos prevenidos, y corrijamos desde ya el error.

El Censo Agrario y el Minifundio

Artículo escrito por Laureano del Castillo de CEPES, publicado en el diario La Primera. Retomando los temas relacionados al IV Censo Nacional agropecuario (IV Cenagro) realizado a fines del año pasado puede observarse que se ha producido un incremento de la superficie agropecuaria en el país de casi 10%. Pero más sorprendente aún es que el número de unidades agropecuarias (UA) se ha elevado 28% respecto del Censo de 1994, siendo ahora su número de 2’260,973 de UA.

En cuanto a la ubicación geográfica, el mayor crecimiento de las UA en términos absolutos se ha dado en la sierra del país (aumentando en 28%), aunque el incremento porcentual ha sido mayor en  la selva (110%), mostrando el avance sobre la zona amazónica, tanto de migrantes como de empresas. En la región de la costa las UA se han incrementado en 48%, resultado de la fragmentación de la tierra pero también debido a las nuevas irrigaciones.

Al presentar los datos del IV Cenagro, el INEI mostró que ese importante incremento de las unidades agropecuarias se concentra en el sector de pequeños agricultores. En efecto, las unidades agropecuarias de hasta 5 hectáreas representan ahora el 81.8% del total, cuando en 1994 eran 73.1%. Si sumamos las unidades que tienen entre 5 y 10 ha, tendremos que el 90.6% de las UA son pequeños agricultores o como se lo llama ahora, parte de la agricultura familiar.

Esas cifras parecerían darle la razón al Ministro de Agricultura, quien desde antes de conocerse los resultados finales del IV Cenagro expresaba su preocupación por la tendencia al incremento del minifundio. Esa preocupación debe traducirse en políticas favorables a la agricultura familiar, por varias razones: como en otros países, entre el 60 y el 70% de los alimentos de origen agrícola son producidos por la agricultura familiar; en 2012  la pobreza en el área rural afectó al 53,0% de la población (19,7% era considerada pobre extremo); y esas familias contribuyen decididamente a la conservación de la agrobiodiversidad; entre otras razones.

Tratando de distanciarse de los gobiernos precedentes, en la actual administración se ha intentado brindar mayor atención a la agricultura familiar a través de algunos programas, pero es mucho aún lo que debe hacerse. Entendiendo la política pública  como “la decisión gubernamental plasmada en la resolución de un problema en la comunidad” preocupa que, en vez de atender más a la agricultura familiar, las políticas agrarias sigan privilegiando el apoyo a los grandes productores agrarios. Seguiremos con este tema en la siguiente entrega.

Ver en: http://www.laprimeraperu.pe/online/columnistas-y-colaboradores/el-censo-agrario-y-el-minifundio_157784.html

MAJES-SIGUAS, IRRIGACIONES E INEQUIDADES

Artículo escrito por Laureano del Castillo, de CEPES, publicado en el diario La Primera. Un nuevo  capítulo en el conflicto entre las autoridades y la población de Arequipa con las autoridades y pobladores de la provincia cusqueña de Espinar se desarrolla en estas semanas.

Cuando el conflicto estaba en su punto más alto el Tribunal Constitucional dispuso la realización de un nuevo y más profundo estudio de balance hídrico de las aguas del río Apurímac, el cual se encargó a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Este caso es solo una expresión, quizás la más conocida, de un problema que enfrenta a distintas poblaciones por el uso del agua. Recordemos el conflicto entre Moquegua y Arequipa por el uso del agua de la represa Pasto Grande, o el que enfrenta a Ica y Huancavelica por el mayor aprovechamiento de las aguas de la laguna Choclococha, o entre Ancash y La Libertad por el río Santa para el proyecto Chavimochic, entre otros. El anuncio del inicio del proyecto Pampas Verdes, para irrigar tierras con aguas de las alturas de Ayacucho se anuncia como un nuevo caso en esta lista de conflictos.

La causa de fondo es la idea de que el agua sobra en la sierra y la selva mientras que en la costa es escasa. En verdad, la afirmación responde a un hecho real de origen natural: el 98% del agua dulce superficial disponible en el país se encuentra en la vertiente del Atlántico, mientras menos del 2% está disponible para la vertiente del Pacífico, discurriendo por la costa y la parte occidental de los Andes. Pero ese hecho está asociado a la discutible consideración, vigente desde la época colonial, de que el agua es más útil y valiosa en la costa.

Esas consideraciones resultan difíciles de aceptar en estos tiempos, cuando el tema de la inclusión social resulta recurrente. Sostener que “el agua sobra” en las regiones altoandinas es pretender ignorar los problemas de pobreza que afectan todavía grandemente a las poblaciones rurales, en las que la escasez de recursos (tierra y agua sobre todo) constituye una clara limitante. Si las nuevas irrigaciones se orientan a la agroexportación se generarían importantes ingresos. Pero si solo se benefician unas pocas empresas, a costa de reducir tierras y agua a pobladores y comuneros pobres, el balance final en lo social resulta claramente deficitario. Dejemos de mirar solo el presente y los negocios de hoy, para pensar en el futuro de todos.

Ver en: http://www.laprimeraperu.pe/online/columnistas-y-colaboradores/majes-siguas-irrigaciones-e-inequidades_155004.html

Inversiones y economías emergentes

Artículo escrito por Alejandra Alayza y publicado en el diario La República. Mientras en las dos grandes negociaciones comerciales en curso, la del TPP en la cuenca del Pacífico y en el TLC entre los Estados Unidos y Europa, se promueve la continuidad del modelo de protección de inversiones de los Tratados Bilaterales de Inversión, existen cada vez más países que cuestionan y se separan de este modelo. Algunos de los países BRICSAM, importantes economías emergentes, son los principales desertores.

Recientemente Sudáfrica ha anunciado el término de los acuerdos bilaterales de inversión que tenía con Alemania, Países Bajos y Suiza. India advierte que solo firmaría un acuerdo de inversiones con los EE.UU. si se modifica el mecanismo de solución de controversia, y por su parte, Brasil ha evitado deliberadamente suscribir este tipo de compromisos.

Es cada vez más evidente que este modelo, no es un modelo único y mucho menos un modelo ganador. Para la atracción de inversiones, no hay vías únicas y la crisis advierte la necesidad de nuevos modelos.

Ver en: http://www.larepublica.pe/columnistas/globalizaciones/inversiones-y-economias-emergentes-07-11-2013

¿Bio o Agro Combustibles?

Artículo escrito por Alejandra Alayza, publicado en el diario La República. Para enfrentar los problemas del calentamiento global derivados del uso de combustibles fósiles –y lejos de priorizar estrategias que reduzcan el uso de transporte–, a nivel global se impulsa el uso de biocombustibles, denominados así por ser de origen orgánico. Sin embargo, es necesario precisar la denominación y esclarecer el nombre, denominándolos agrocombustibles tanto por razones de origen como de impacto.

El biodiesel y bioetanol usan exclusivamente productos agroalimentarios, como el aceite de palma, la soya, caña de azúcar y cereales. La segunda, busca desmitificar la denominación “bio” que suele asociarse a lo ecológico o no contaminante. En un entorno creciente de estrés hídrico, producir 1 lt de agrocombustible requiere 2.500 lts de agua, agudizando el problema.

Ha incrementado la demanda global por tierras, acelerando procesos de cambio de uso de suelo y desforestación por la ampliación de la frontera agrícola. Este fenómeno se da también en el Perú, donde el azúcar para etanol en la costa y la palma en la selva están ya en carrera. ¿Cómo haríamos?

Ver en: http://www.larepublica.pe/columnistas/globalizaciones/bio-o-agro-combustibles-31-10-2013

CENSO AGROPECUARIO SANEAMIENTO DE LAS TIERRAS COMUNALES

Artículo escrito por Laureano del Castillo, Director Ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) y publicado en el diario La Primera. A poco de iniciado, este gobierno anunció su intención de impulsar una ley poniendo límites al tamaño de los predios agrarios frente a la concentración de tierras. El anterior Ministro de Agricultura decidió esperar los resultados del IV Censo Agropecuario. El actual Ministro,  Milton von Hesse, teniendo ya los resultados finales del Censo, ha reiterado su preocupación más bien por el aumento del minifundio y la reducción del promedio de las unidades agropecuarias.

Por razones de espacio, dejaremos para nuestra siguiente columna una revisión de las cifras del censo. En esta ocasión preferimos centrarnos en la necesaria atención a las comunidades campesinas y nativas, parte muy significativa de la agricultura familiar en nuestro país. Para ello nos referiremos nuevamente a las Directrices Voluntarias para la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional, aprobadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en mayo de 2012.

El prefacio del documento expresa que estas Directrices “tienen por objeto contribuir a los esfuerzos mundiales y nacionales para la erradicación del hambre y la pobreza, sobre la base de los principios del desarrollo sostenible y con el reconocimiento de la centralidad de la tierra para el desarrollo”.  Al desarrollar los principios rectores de la gobernanza responsable de la tenencia, el documento afirma que los Estados deberían “Dar reconocimiento y respetar a todos los titulares legítimos y sus derechos de tenencia. Deberían adoptar medidas razonables para identificar, registrar y respetar a los titulares y sus derechos, ya sea que estos últimos hayan sido registrados oficialmente o no…” (3.1.1).  Un poco más adelante, las Directrices sostienen que “los Estados deberían otorgar un reconocimiento legal a aquellos derechos legítimos de tenencia que actualmente no están protegidos por la ley…” (4.4).

El gobierno suscribió las Directrices y anunció su compromiso de aplicarlas. Entre las consecuencias de ello destacamos la necesidad de que el MINAGRI, a través del ente rector en materia de titulación de tierras, retome su obligación legal y moral de sanear las tierras de las comunidades campesinas y nativas, interrumpido hace largo tiempo. Como dicen las Directrices “unos derechos de tenencia inseguros se traducen en un aumento de la vulnerabilidad, el hambre y la pobreza, y pueden conducir a conflictos y a la degradación ambiental”. Asegurar la tenencia de las tierras comunales facilita también la inversión y evita conflictos, mejorando así la gobernanza.

Ver en: http://www.laprimeraperu.pe/online/columnistas-y-colaboradores/censo-agropecuario-saneamiento-de-las-tierras-comunales_149854.html

Más desarrollo agrario, para superar la pobreza

Artículo escrito por Julio Gamero, especialista en derechos laborales y publicado en el diario La Primera. Los pequeños productores agrarios de nuestros andes centrales tienen más claro que muchos funcionarios, el objetivo anti pobreza de la promoción del desarrollo productivo. “No queremos pescado, queremos que nos enseñen a pescar” fue  la expresión de un agricultor, miembro de una asociación dedicada a la producción de hierbas aromáticas en Tayacaja.

Proveniendo de un poblador de una región con altos índices de pobreza resulta más elocuente lo expresado. Quizás habría sido de esperar un pedido por más ayuda social pero no, ellos demandan capacitación, asistencia técnica. Quieren fortalecer su capital humano para poder enfrentar el reto de lograr una mejor inserción en el mercado.

Por un principio de igualdad de oportunidades, la política pública hace bien en implementar el instrumento del PROCOMPITE que no es sino el cofinanciamiento del tesoro a iniciativas de los productores asociados. Equipamiento ligero, herramientas para el agro, pequeñas plantas de secado, de procesamiento, telares y similares encuentran así un medio efectivo para promover la capitalización del pequeño productor. Pero, la política pública viene obviando un aspecto importante: el capital físico requiere que dichos productores ganen más capacidades, más destrezas. “…que nos enseñen a pescar.”

Los gobiernos locales y regionales, entusiastas promotores de PROCOMPITE, señalan que no cuentan con ingenieros ni técnicos agrarios suficientes para acompañar los procesos de capacitación y asistencia técnica que resultan imprescindibles para aumentar el capital humano de los pequeño productores.  Que toda una provincia apenas cuente con 1 ingeniero y 1 técnico para “atender” a 16 distritos agropecuarios es un indicador muy claro de la necesidad de actualizar un modelo de extensión agrícola que se tuvo hace más de 20 años y que la reforma liberal de los noventa se encargó de suprimirlo con la creencia que se iba a generar un “mercado” de extensión agraria. Hasta hoy se sigue en dicha espera.

Hoy es imprescindible que la capacitación y asistencia técnica a los pequeños productores se erija en un objetivo de la política pública. No sólo por una cuestión de justicia sino porque ello aporta al cambio en la matriz extractivista que, lamentablemente, aún persiste.

Ver en: http://www.laprimeraperu.pe/online/columnistas-y-colaboradores/mas-desarrollo-agrario-para-superar-la-pobreza_147081.html

Pequeña agricultura e Inclusión Social en 28

Artículo escrito por Alejandra Alayza y publicado en el diario La República. A pesar de que el propio gobierno había declarado este como el “Año de la inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”, la ausencia de estos temas en el mensaje del 28 alimentó los varios sinsabores. Ollanta relevó que la agricultura peruana es la de mayor crecimiento en la región. No está mal el entusiasmo, pero es clave saber que se refiere al crecimiento agroexportador que, como sabemos, desde hace varios gobiernos goza de beneficios y políticas de incentivos.

La seguridad alimentaria está en manos de la pequeña agricultura en el Perú, y de esta poco escuchamos el 28. El 60% de los alimentos que consumimos los peruanos  son producidos en 80% por pequeños productores agrarios. A pesar de su importancia, las políticas en el sector no han tenido el dinamismo que se esperaba en un año tan altamente encomendado. Humala ratifica su compromiso con la inclusión social, con una larga lista de programas sociales.

Nuevamente, se pierde en el camino una visión más integral para el campo y sus productores, para la alimentación de todos los peruanos.

Ver: http://www.larepublica.pe/columnistas/globalizaciones/pequena-agricultura-e-inclusion-social-en-28-31-07-2013

Inversiones responsables en tierras agrícolas

Artículo escrito por Laureano del Castillo, Director Ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) y publicado en el diario La Primera. En los próximos meses debe retomarse el proceso de discusión de un documento sobre inversiones responsables en la agricultura, mejor conocido por sus siglas de RAI (Responsible Agricultural Investments).

 

La iniciativa fue originalmente lanzada por el Banco Mundial y otros organismos internacionales, como la FAO, FIDA y UNCTAD, durante una sesión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de Naciones Unidas en octubre de 2010, pero fue rechazada por las organizaciones de la sociedad civil. Las razones principales fueron la consideración de que “no era un instrumento adecuado para regular las inversiones privadas” y que fue “formulado sin la participación de comunidades y delegaciones más afectadas por las inversiones en la agricultura”. Por ello el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial inició un proceso de consultas, en el que participa la sociedad civil, junto con los gobiernos y el sector privado, el cual debe concluir en 2014.

De esta forma, en los próximos meses hacerse consultas a nivel regional a las organizaciones de la sociedad civil para enriquecer el primer borrador (o versión cero), luego de su reformulación.

Esta iniciativa se ubica en el marco más amplio de la preocupación internacional por desarrollar un cuerpo de principios para las inversiones responsables en la agricultura que mejoren la seguridad alimentaria y la nutrición. Este esfuerzo responde a un contexto internacional en el que se observa un proceso de acaparamiento de tierras agrícolas (en inglés, land grabbing) que amenaza a la agricultura familiar. Se espera así que el documento que contenga las RAI se ubique en línea con las Directrices Voluntarias para la Gobernanza Responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional que, impulsadas por la FAO, fueron ratificadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en mayo de 2012 (lo que comentamos en nuestra columna de octubre de 2012).

Nuestro país participó en la aprobación de las Directrices Voluntarias y expresó su compromiso por aplicarlas. Ahora que están por publicarse los resultados del IV Censo Agropecuario, será un buen momento para contrastar la realidad del agro nacional con los compromisos asumidos en las Directrices Voluntarias y con el ánimo internacional de regular las inversiones privadas en la agricultura. Eso permitiría concretar el compromiso del gobierno al declarar este como el “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” e impulsar medidas que alienten ahora sí a la agricultura familiar.

Ver en: http://www.laprimeraperu.pe/online/columnistas-y-colaboradores/inversiones-responsables-en-tierras-agricolas_142276.html

Las Comunidades Rurales que mueven al país

Documento elaborado por varias organizaciones vinculadas a la protección de las comunidades rurales. Las comunidades rurales son expresión de los pueblos indígenas del Perú y albergan aproximadamente a un tercio de la población nacional, un poco más de un millón de familias en comunidades campesinas de la costa y los Andes, y setenta mil familias en la Amazonía. Los ciudadanos de las comunidades aportan al bienestar de todos los peruanos y al desarrollo de la economía nacional, aún así, y las desventajas que enfrentan como la pobreza, desigualdad, deficientes servicios públicos, enfrentan un abandono por parte del Estado.

 

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