Culmina el Año de la Agricultura Familiar

Artículo escrito por Laureano del Castillo de CEPES, publicado en diario UNO. El año que acaba fue designado por la Asamblea General de Naciones Unidas como el Año de la Agricultura Familiar. En el Perú la denominación oficial fue Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático, quizás atendiendo a la realización de la reunión de la COP20 que acaba de culminar.

La denominación del año, se supone, debería orientar a todas las dependencias públicas para prestar mayor atención al tema escogido. No parece ser el caso de la agricultura familiar en nuestro país, pues recién en mayo se instaló la Comisión multisectorial “Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014”. Dicha Comisión, de naturaleza temporal, funcionará hasta el 31 de marzo de 2015 y debe proponer e implementar el programa de actividades oficiales que se desarrolle en el marco de Año de la Agricultura Familiar.

En el acto de instalación de la referida Comisión el Viceministro de Políticas Agrarias del MINAGRI, César Sotomayor, recalcó que la agricultura familiar es la forma predominante en la producción de alimentos y, citando a la FAO, señaló que el 70% de las necesidades alimenticias son cubiertas por la agricultura familiar. El Viceministro destacó que, según el Censo Agrario de 2012, los pequeños productores son 2 millones 260 mil, la mayoría de los cuales se ubica en la sierra y en comunidades campesinas y nativas. Esas y otras razones deberían llevar a nuestras autoridades a aplicar políticas y medidas articuladas y sostenidas en el tiempo que permitan atender a nuestra agricultura, mayoritariamente formada por pequeños agricultores y minifundistas.

Un reciente estudio de CEPES ha propuesto algunos lineamientos de política para la promoción de la agricultura familiar a la citada Comisión Multisectorial: acceso y seguridad sobre la tierra y al agua, fortalecimiento y desarrollo de capacidades, mejoramiento de la producción, mejoramiento de acceso a mercados, seguridad alimentaria, inversión para la dotación de bienes públicos con enfoque territorial, asociatividad, y sostenibilidad ambiental y gestión de riesgos. Corresponde a la Comisión Multisectorial discutir esas propuestas, enriquecerlas o precisarlas, de modo de aprobar una política diseñada para ese gran sector de la agricultura nacional. Quizás haya necesidad de priorizar algunas de esas medidas, pero será un avance frente a la contradicción que significa tener una Constitución que declara el compromiso del Estado de apoyar “preferentemente el desarrollo agrario” (artículo 88) y la práctica de estas últimas décadas de promover especialmente a las empresas agroexportadoras.

Se necesitará adicionalmente considerar algunos enfoques, como la intersectorialidad, la territorialidad, la interculturalidad y la heterogeneidad. Es que nuestra biodiversidad incluye también personas, pueblos y culturas diversos.

Ver en: http://diariouno.pe/columna/culmina-el-ano-de-la-agricultura-familiar/

El Paquetazo ambiental es una Aplanadora de derechos sobre la tierra

Artículo escrito por Pedro Castillo de CEPES, publicado en el diario UNO. El último doce de julio el Congreso de la República aprobó la Ley 30230, que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, norma conocida como ley del Paquetazo ambiental.

En estos casi treinta días de vigencia de la norma la mayoría de críticas a la misma descansan sobre su aspecto ambiental pero se ha dejado de lado todo lo relacionado al saneamiento físico legal de predios para proyectos de inversión. 

Bajo el argumento de promover las inversiones para evitar la desaceleración de la economía nacional se crean procedimientos especiales y extraordinarios para entregar derechos sobre la tierra a favor de proyectos de inversión sin importar su uso actual o futuro.

En efecto, basta revisar los primeros artículos del Título III de la ley (art 36 - art 38) para caer en la cuenta que se otorgarán una serie de derechos a favor de proyectos de gran envergadura (ampliación de frontera agrícola, minería, hidrocarburos, forestales, etc.) con el objetivo de propiciar la eficiencia en su administración.

Dicho de otro modo, se concederán derechos sobre la tierra para que dichos proyectos – y sus inversionistas - no tengan ningún tipo de problema cuando desarrollen sus actividades. ¿A qué problemas nos referimos? Evidentemente a los conflictos socioambientales por el aprovechamiento de la tierra y otros recursos naturales que generan los pueblos indígenas que viven organizados en las 6,069 comunidades campesinas y 1,469 comunidades nativas de todo el país. Si consideramos que el 72.7% (5,483) de comunidades (campesinas y nativas) no tiene cómo acreditar fehacientemente su derecho de propiedad pues la localización y extensión de sus tierras no están georreferenciadas se puede deducir que este grupo de peruanos y peruanas serán los más afectados con esta norma.

Hay que destacar que la norma no solo entregará derechos sobre la tierra a los inversionistas sobre el área de influencia directa de sus proyectos sino que inclusive otorgará derechos sobre el área de influencia indirecta. ¿Para qué sanear tierras de influencia indirecta a favor de las inversiones? ¿Cuál es la razón?

En su momento se saludó la iniciativa respecto al saneamiento de la propiedad rural, incluida las comunidades, con el apoyo del BID; pensando que por fin el Estado peruano cumpliría con una tarea que tiene pendiente desde hace años. Sin embargo, esta nueva ley norma se trae al suelo estas expectativas. Una vez más se legisla en contra del respeto, reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos territoriales de las comunidades del país.

Ver en: http://diariouno.pe/columna/el-paquetazo-ambiental-es-una-aplanadora-de-derechos-sobre-la-tierra/

La Defensoría y las tierras comunales

Artículo escrito por Laureano del Castillo de CEPES, publicado en el diario La Primera. En nuestra columna de abril pasado nos referimos al tema de la titulación de tierras agrícolas, demandando atención especial para la situación de las comunidades campesinas y nativas.

Resulta grato por ello informar que en días pasados la Defensoría del Pueblo publicó el informe N° 002-2014-DP/AMASPPI-PPI, “Análisis de la política pública sobre reconocimiento y titulación de las comunidades campesinas y nativas”, el que fue remitido al Ministerio de Agricultura y Riego.[1]

El documento empieza recordando la obligación constitucional del Estado de garantizar el derecho de propiedad de las tierras de las comunidades campesinas y nativas, cuyo incumplimiento ha generado problemas, expresados en quejas y pedidos de intervención a la Defensoría del Pueblo. En base a la supervisión realizada a 22 gobiernos regionales la Defensoría concluyó en la existencia de siete problemas a la base de esas dificultades: a) ausencia de una normativa integrada y actualizada sobre reconocimiento y titulación de comunidades; b) falta de una rectoría adecuada en torno a esas funciones; c) falta de información centralizada sobre el número de comunidades; d) insuficiencia en la capacitación del personal a cargo de dichas tareas; e) falta de difusión de derechos y de adecuación de instrumentos de gestión; f) falta de priorización presupuestal para el reconocimiento y titulación comunal; y g) falta de lineamientos para el tratamiento de controversias por superposición de derechos.

El informe concluye recomendando al Congreso la revisión de la normatividad sobre comunidades campesinas y nativas para simplificar los correspondientes procedimientos administrativos. Al Ministerio de Agricultura y Riego  se recomienda designar una autoridad del más alto nivel a su interior, con capacidad de ejercer una adecuada rectoría en estas materias, de modo de orientar las capacidades de los gobiernos regionales, la cual debe tener a su cargo la actualización del catastro de propiedad rural. Asimismo, se recomienda al MINAGRI elaborar, con las Direcciones Agrarias de los gobiernos regionales, un registro unificado de las comunidades campesinas y nativas, así como emitir lineamientos para enfrentar las controversias relacionadas con el derecho de propiedad de las comunidades.

Entre las varias recomendaciones a los gobiernos regionales, la Defensoría señala la necesidad de asegurar la provisión de recursos económicos para atender estas funciones, priorizar la contratación de personal idóneo y suficiente, así como producir materiales de difusión para las comunidades. La pelota, entonces, está ahora en la cancha de estas entidades.

Ver en: http://laprimeraperu.pe/columna/la-defensoria-y-las-tierras-comunales/

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[1] Puede verse el texto en <http://www.defensoria.gob.pe/Downloads/descarga/Informe-002-2014-DP-AMASPPI-PPI.pdf

Titulación de tierras

Artículo escrito por Laureano del Castillo, coordinador ejecutivo de CEPES, publicado en el diario La Primera. A inicios del año pasado un decreto supremo estableció que la rectoría en materia de saneamiento de la propiedad rural era responsabilidad del Ministerio de Agricultura. Meses después se modificó la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, incorporando dicha función entre las funciones del MINAGRI.

Retrocedamos un poco para entender la importancia de dichas normas. Tradicionalmente las tareas vinculadas a la titulación de predios rurales, incluyendo la titulación de comunidades campesinas y la demarcación de las comunidades nativas, estuvieron a cargo del Ministerio de Agricultura. En 1992 se creó el Proyecto Especial de Tierras y Catastro Rural –PETT-, con el encargo de sanear las propiedades que habían sido expropiadas en el proceso de reforma agraria. Años después, habida cuenta del enorme peso de la informalidad de los derechos de propiedad en el mundo rural, con el apoyo del BID, se impulsó el Proyecto de Titulación y Registro de Tierras, proyecto que se replicó.

En 2007, ante las denuncias de corrupción, el PETT fue absorbido por COFOPRI, curiosamente una entidad encargada del saneamiento de la propiedad urbana. Nuevas denuncias de corrupción hicieron el mismo gobierno decidiera que las funciones en materia de predios rurales sean asumidas por los gobiernos regionales. En verdad, así estuvo establecido desde 2002, en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Aquí se originó un problema, pues si bien los gobiernos regionales son los ejecutores de esta función, no quedó claro qué entidad del Estado señalaría las pautas comunes y mínimas que debe respetar cada gobierno regional.

Ese conflicto fue el que las normas mencionadas solucionaron. Pero han pasado ya varios meses y se requiere pasar a la acción. Ahora se está terminando de afinar un nuevo proyecto de titulación masiva, con apoyo del BID, y se ha visto la necesidad de priorizar los sectores a atender, pues las necesidades de formalización son muy grandes. Allí es donde pensamos que, a diferencia de los dos proyectos anteriores, debería brindarse mayor atención al problema de falta de títulos y de catastro de las comunidades campesinas y nativas. En otras columnas hemos reclamado el cumplimiento de esta responsabilidad del Estado, por razones de justicia pero también por su innegable aporte a la paz y el desarrollo nacional.

Ver en: http://laprimeraperu.pe/columna/titulacion-de-tierras/

El Niño que nadie espera

Artículo escrito por Laureano del Castillo de CEPES, publicado en el diario La Primera. Se anuncia la cercanía del evento El Niño en nuestras costas. Hoy sabemos que no es un “fenómeno” (como nos enseñaron en el colegio) sino un hecho recurrente, que parece haberse vuelto más frecuente. Sus secuelas son conocidas: lluvias e inundaciones, pero también sequías.

Precisamente la sequía en el norte del país ha ocupado las noticias de las semanas anteriores. Se ha recordado que estos eventos son recurrentes (tal como las heladas, en época de invierno en las zonas altoandinas) y se han ensayado medidas de emergencia, para evitar la pérdida de cultivos, como derivar aguas del proyecto Olmos a los arrozales en el valle de Chancay-Lambayeque. Pero los daños siguen siendo enormes.

Organismos internacionales estiman que cada año se pierden en el mundo alrededor de 42 mil millones de dólares debido a la desertificación y la degradación de las tierras en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas. Esa es una de las preocupaciones que inspiraron la aprobación de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, de la que nuestro país es parte. De todos los eventos extremos, las sequías son las que causan los mayores daños que, como suele suceder, afectan sobre todo a la población más empobrecida. Las sequías no son aparatosas como una inundación o un huracán, ni tienen inicio ni final preciso, pero producen enormes daños y afectan los medios de vida de las peruanas y los peruanos.

Hay algunos avances en esta materia, como el “Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Agrario 2005-2015” (Plan GRACC), que identifica zonas de potencial peligro a la sequía a nivel nacional, y el “Plan de Prevención ante la presencia de fenómenos naturales por inundaciones, deslizamientos, huaycos y sequías”. Pero, como quedó evidenciado en el taller internacional "Desarrollo de Capacidades en apoyo a las Políticas Nacionales de Gestión de Sequías", se requiere un Plan Nacional, donde se definan responsabilidades claras (funciones, coordinación y también los recursos necesarios) de los tres niveles de gobierno, así como de la sociedad, para prepararse para estos eventos. Solo para tomar un ejemplo de la situación actual: mientras SENAMHI monitorea la sequía en el sur, el MINAGRI evalúa sus perjuicios en la costa norte.

Ver en: http://laprimeraperu.pe/columna/el-nino-que-nadie-espera/

Tierras, Coca cola y Pepsico

Artículo escrito por Alejandra Alayza, de OXFAM, publicado en el diario La República. En los últimos meses Coca Cola y Pepsico, dos gigantes de la industria de las bebidas, han respondido a la presión de sus consumidores y han dado un primer paso comprometiéndose a una política de "tolerancia cero" del acaparamiento de tierras en sus cadenas de producción. Este compromiso fue asumido luego de que se denunciaran casos de desplazamiento de comunidades rurales en Brasil y otros países por parte de empresas proveedoras de estas marcas.

A nivel global la presión por el acceso a tierras acelera el desplazamiento de comunidades locales, afectando su derecho a la tierra. El caso del azúcar es particularmente sensible a nivel global. Se estima que el comercio internacional de azúcar asciende a US$ 47.000 millones y que la producción de azúcar se incrementaría en 25% al 2020.

Más de la mitad de la producción destinada hacia esta gran industria de alimentos y bebidas, confirmando el rol estratégico que esta industria juega para definir condiciones para el acceso a tierras. La reacción de Coca cola y Pepsico es expresión de un poder ciudadano en crecimiento. La presión desde su dimensión de consumidores sobre los mercados permite reforzar el cumplimiento de derechos. Celebramos el cambio de las políticas, y ahora vigilemos el cambio de prácticas.

Ver en: http://www.larepublica.pe/columnistas/globalizaciones/tierras-coca-cola-y-pepsico-20-03-2014

La informalidad laboral en la microempresa: ¿tuvieron impacto las leyes emitidas?

Artículo escrito por Julio Gamero, consultor de la RedGE, publicado en el diario La Primera. Tras 11 años de vigencia de sucesivas leyes que buscaron formalizar el empleo en la microempresa se hace necesario un balance de la 28015 (julio 2003) y de la 1086 (setiembre 2008), más aún en una coyuntura en la que se quiere vincular la presencia del salario mínimo con la persistencia de elevados niveles de informalidad laboral, precisamente en dicho sector.

En el país ya se han ensayado políticas que recomendaban reducir los costos laborales para formalizar el empleo. La prueba es la normativa referida. Con la primera ley –a través del Régimen Laboral Especial (RLE)- se redujo el costo laboral (el salario anual) en 29,3%[1] y con la segunda, se convirtió en permanente el RLE que era de carácter temporal y se amplió su cobertura hasta involucrar empresas de menos de 100 trabajadores.

¿Han tenido un impacto efectivo dichas normas en la reducción de la informalidad laboral? Al menos en el sector de la microempresa su influencia parece que ha sido marginal, a tenor de la evidencia empírica referida en el gráfico adjunto.

De acuerdo con el MTPE, la informalidad laboral en dicho sector ha disminuido en 3,2 puntos del 2005 al 2013. Por su parte, en todo el sector asalariado privado la disminución ha sido mayor. En igual periodo, la informalidad laboral ha disminuido en 12,5 puntos, lo que indica que la disminución ha sido muy superior en el segmento no mype, por así decirlo.

Estos resultados, al menos, nos alertan que la disminución de costos laborales no era el factor determinante de la informalidad laboral en la microempresa, si no su tasa de disminución tendría que haber sido superior a la de todo el sector asalariado privado.

 

Lo que se requiere son políticas, con presupuesto, que se concentren en aumentar la productividad de dicho sector para que se inserte de mejor manera en el mercado y pueda generar más excedente económico. Las políticas de bajar costos laborales sólo precarizan el empleo.

 

Ver en: http://laprimeraperu.pe/columna/la-informalidad-laboral-en-la-microempresa-tuvieron-impacto-las-leyes-emitidas/

 

Disponiendo de lo ajeno

Artículo escrito por Laureano del Castillo de CEPES, publicado en el diario La Primera. Hace unos días, el editorial del diario El Comercio se dedicó a defender la titulación de predios rurales en las comunidades campesinas. Pero no era para garantizar el derecho de propiedad de estas organizaciones, junto con las municipalidades, la principal organización del mundo rural peruano. Como afirma en su subtítulo “La titulación de predios rurales debe llegar al interior de las comunidades campesinas”.

El editorial empieza saludando el anuncio del Ministerio de Agricultura de la obtención de un crédito de una entidad multilateral para financiar el programa de titulación rural, actividad desatendida por el Estado en los años anteriores. La nota celebra que con esta acción se enfrente la injusticia que pesa especialmente sobre los agricultores de la sierra “donde se concentra buena parte de los predios sin titular”. Pero el editorialista lamenta que no se haya considerado titular la propiedad individual al interior de las comunidades campesinas. El argumento ya lo hemos escuchado en anteriores oportunidades, para levantar la idea de la destrucción de la propiedad de las comunidades, con la idea de construir un país de ciudadanos. Vaya, que son las mismas ideas que inspiraron al Libertador Bolívar en 1824, pero que tuvo que morigerar al año siguiente.

Con la intención de sustentar sus ideas, recurren a la Constitución Política, pero haciendo una mala lectura, pues invocan la inembargabilidad de las tierras comunales, eliminada en la Constitución de 1993. En su lectura sesgada, omiten el reconocimiento que hizo la Constitución de 1993, igual que sus precedentes de 1933 y de 1979, respecto de la autonomía de las comunidades campesinas.

El pretendido beneficio de la titulación individual no es tal si vemos que, más allá de la complejidad de entregar títulos a los comuneros por las varias parcelas que usualmente poseen dentro de la comunidad, el tamaño de dichas propiedades no alcanza para servir como instrumento de garantía para obtener créditos de las instituciones financieras. Por el contrario, fomentar, como hace dicho editorial la generalización de la propiedad individual, no solo debilitaría aún más una institución social muy importante en el agreste mundo andino sino que facilitaría la disposición de sus tierras. Pero no se han preguntado los autores del editorial cómo vivirían los campesinos con el dinero que obtengan.

Ver en: http://www.laprimeraperu.pe/online/columnistas-y-colaboradores/disponiendo-de-lo-ajeno_162603.html

El Censo Agrario y el nuevo latifundio

Artículo escrito por Laureano del Castillo de CEPES, publicado en el diario La Primera. Nos ocupamos en nuestra anterior columna del IV Censo Nacional Agropecuario (IV Cenagro) en relación con la pequeña propiedad y demandamos para este mayoritario sector del agro el apoyo que sí recibe el sector de agricultores modernos. Hoy seguiremos revisando las cifras del IV Cenagro.

Así, el IV Cenagro da cuenta que las Unidades Agropecuarias (UA) de más de 1,000 hasta casi 3,000 ha constituyen el 1% y concentran el 9.2% del total de la superficie agropecuaria. Comparativamente, respecto del Censo de 1994, la proporción de estas UA se mantiene igual, aunque el porcentaje de la superficie agropecuaria que tenían ha descendido ligeramente (era 10.7% entonces). Distinto es el caso de las UA de 3,000 ha y más, pues aunque el porcentaje en ambos censos es el mismo (1%), la superficie agropecuaria bajo su control subió de 46.8% en 1994 a 55.1% en 2012.

Durante estos últimos años se ha venido señalando un lento y silencioso proceso de concentración de tierras en el Perú, similar al que se viene dando en otros lugares del mundo. Las cifras del IV Cenagro lo confirman. Se ha dicho también que este proceso de concentración de tierras se viene dando sobre todo en la costa y en la selva. En un reciente número de La Revista Agraria se ha mostrado esta realidad para el caso de la costa, pues allí el 0.05% de las UA de más de 3,000 ha ubicadas en esa región concentran el 24.7% de la tierras de cultivo. Es decir, 18 empresas o grupos empresariales controlan el 24.7% de un total de 350,500 ha,  sin considerar en estos cálculos a las comunidades campesinas.

El importante crecimiento que desde la década de 1990 ha experimentado la agricultura, sobre todo la dedicada a la agroexportación, se sustenta no solo en el empuje de las empresas agrarias. Ellas han sabido aprovechar los beneficios que la Ley de Promoción Agraria, de 1996, los cuales han sido prorrogados hasta 2021, es decir una vigencia de más de 25 años. Esos beneficios otorgados por el Estado contemplan, entre otros, una rebaja del impuesto a la renta del 50% y un régimen laboral especial.

No planteamos que dichos beneficios sean recortados, pero al cabo de 18 años de su vigencia y considerando la preocupación por la inclusión social ¿no sería tiempo que el Estado brinde beneficios también a la agricultura familiar, cuyo número e importancia destacamos en nuestra columna anterior?

Ver en: http://www.laprimeraperu.pe/online/columnistas-y-colaboradores/el-censo-agrario-y-el-nuevo-latifundio_159109.html