Artículo escrito por Laureano del Castillo de CEPES, publicado en el diario La Primera. Nos ocupamos en nuestra anterior columna
del IV Censo Nacional Agropecuario (IV Cenagro) en relación con la pequeña
propiedad y demandamos para este mayoritario sector del agro el apoyo que sí
recibe el sector de agricultores modernos. Hoy seguiremos revisando las cifras del
IV Cenagro.
Así, el IV Cenagro da cuenta que las
Unidades Agropecuarias (UA) de más de 1,000 hasta casi 3,000 ha constituyen el
1% y concentran el 9.2% del total de la superficie agropecuaria. Comparativamente,
respecto del Censo de 1994, la proporción de estas UA se mantiene igual, aunque
el porcentaje de la superficie agropecuaria que tenían ha descendido
ligeramente (era 10.7% entonces). Distinto es el caso de las UA de 3,000 ha y
más, pues aunque el porcentaje en ambos censos es el mismo (1%), la superficie
agropecuaria bajo su control subió de 46.8% en 1994 a 55.1% en 2012.
Durante estos últimos años se ha venido
señalando un lento y silencioso proceso de concentración de tierras en el Perú,
similar al que se viene dando en otros lugares del mundo. Las cifras del IV
Cenagro lo confirman. Se ha dicho también que este proceso de concentración de
tierras se viene dando sobre todo en la costa y en la selva. En un reciente
número de La Revista Agraria se ha
mostrado esta realidad para el caso de la costa, pues allí el 0.05% de las UA
de más de 3,000 ha ubicadas en esa región concentran el 24.7% de la tierras de
cultivo. Es decir, 18 empresas o grupos empresariales controlan el 24.7% de un
total de 350,500 ha, sin considerar en
estos cálculos a las comunidades campesinas.
El importante crecimiento que desde la
década de 1990 ha experimentado la agricultura, sobre todo la dedicada a la
agroexportación, se sustenta no solo en el empuje de las empresas agrarias.
Ellas han sabido aprovechar los beneficios que la Ley de Promoción Agraria, de
1996, los cuales han sido prorrogados hasta 2021, es decir una vigencia de más
de 25 años. Esos beneficios otorgados por el Estado contemplan, entre otros,
una rebaja del impuesto a la renta del 50% y un régimen laboral especial.
No planteamos que dichos beneficios sean
recortados, pero al cabo de 18 años de su vigencia y considerando la
preocupación por la inclusión social ¿no sería tiempo que el Estado brinde
beneficios también a la agricultura familiar, cuyo número e importancia
destacamos en nuestra columna anterior?
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