lunes, 6 de enero de 2014

El Censo Agrario y el nuevo latifundio

Artículo escrito por Laureano del Castillo de CEPES, publicado en el diario La Primera. Nos ocupamos en nuestra anterior columna del IV Censo Nacional Agropecuario (IV Cenagro) en relación con la pequeña propiedad y demandamos para este mayoritario sector del agro el apoyo que sí recibe el sector de agricultores modernos. Hoy seguiremos revisando las cifras del IV Cenagro.

Así, el IV Cenagro da cuenta que las Unidades Agropecuarias (UA) de más de 1,000 hasta casi 3,000 ha constituyen el 1% y concentran el 9.2% del total de la superficie agropecuaria. Comparativamente, respecto del Censo de 1994, la proporción de estas UA se mantiene igual, aunque el porcentaje de la superficie agropecuaria que tenían ha descendido ligeramente (era 10.7% entonces). Distinto es el caso de las UA de 3,000 ha y más, pues aunque el porcentaje en ambos censos es el mismo (1%), la superficie agropecuaria bajo su control subió de 46.8% en 1994 a 55.1% en 2012.
Durante estos últimos años se ha venido señalando un lento y silencioso proceso de concentración de tierras en el Perú, similar al que se viene dando en otros lugares del mundo. Las cifras del IV Cenagro lo confirman. Se ha dicho también que este proceso de concentración de tierras se viene dando sobre todo en la costa y en la selva. En un reciente número de La Revista Agraria se ha mostrado esta realidad para el caso de la costa, pues allí el 0.05% de las UA de más de 3,000 ha ubicadas en esa región concentran el 24.7% de la tierras de cultivo. Es decir, 18 empresas o grupos empresariales controlan el 24.7% de un total de 350,500 ha,  sin considerar en estos cálculos a las comunidades campesinas.

El importante crecimiento que desde la década de 1990 ha experimentado la agricultura, sobre todo la dedicada a la agroexportación, se sustenta no solo en el empuje de las empresas agrarias. Ellas han sabido aprovechar los beneficios que la Ley de Promoción Agraria, de 1996, los cuales han sido prorrogados hasta 2021, es decir una vigencia de más de 25 años. Esos beneficios otorgados por el Estado contemplan, entre otros, una rebaja del impuesto a la renta del 50% y un régimen laboral especial.

No planteamos que dichos beneficios sean recortados, pero al cabo de 18 años de su vigencia y considerando la preocupación por la inclusión social ¿no sería tiempo que el Estado brinde beneficios también a la agricultura familiar, cuyo número e importancia destacamos en nuestra columna anterior?

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