¿Por qué se quiere excluir y criminalizar a las rondas campesinas?

Artículo escrito por Pedro Castillo de CEPES, publicado en el Diario UNO. Mientras se sigue aprobando medidas para reactivar la economía, rebajando exigencias ambientales y vulnerando derechos sobre las tierras, de manera paralela, el Congreso busca aprobar un nuevo Código Penal. En medio de esos cambios se pretende desconocer a las rondas campesinas, un importante actor del mundo rural.

Las rondas surgieron en la sierra norte, particularmente en Cajamarca, Piura y Lambayeque, a mediados de la década de 1970, con el objetivo de defender a las comunidades contra el abigeato frente al nulo accionar del Estado.  Años después, estas organizaciones se diseminaron en gran parte del país. 

Actualmente no sólo velan por la seguridad de comuneros y campesinos y administran justicia, sino también asumen la representación y defensa de intereses colectivos relacionados a la explotación de recursos naturales en su ámbito de intervención (Cajamarca, Hualgayoc, Ferreñafe, Pitipo, etc.). Como interlocutor clave y legitimado en procesos ciudadanos que demandan el respeto a derechos colectivos, el objetivo de grupos empresariales extractivistas y del Estado es deslegitimar y proscribir su accionar.

Solo así se puede explicar la exclusión de estas organizaciones del dictamen del nuevo Código Penal. En efecto, el dictamen propuesto, en el capítulo sobre “Diversidad cultural y jurisdicción especial”, no las considera en su articulado, con la estratégica finalidad de criminalizarlas. Al tomar esta decisión, el Congreso niega lo avanzado en materia legal y el reconocimiento de las rondas otorgado por el propio Poder Judicial. 

Este intento de exclusión respondería más a consideraciones políticas e intereses económicos que a cuestiones legales. El nivel de organización y resistencia de las rondas ha sido un freno para los inversionistas en su afán por  apoderarse de los recursos naturales ubicados principalmente en territorio de comunidades. Por ello, las rondas son vistas por los poderes fácticos como “agentes conflictivos” y “anti desarrollo” del país, y por lo tanto un obstáculo para las inversiones que el gobierno promueve.

No solo está en juego el rol que cumplen las rondas en la administración de justicia sino también su capacidad de representación de los hombres y mujeres del campo y, por ello, de afirmación de sus derechos como ciudadanos, especialmente en un Estado que ofrece muy pocos canales democráticos para su participación.

Ver en: http://diariouno.pe/columna/por-que-se-quiere-excluir-y-criminalizar-a-las-rondas-campesinas/

Diálogos y la agenda pendiente

Artículo escrito por Laureano del Castillo de CEPES, publicado en el diario UNO. En estos días hemos visto un nuevo intento de acercamiento entre el gobierno y la oposición. Más allá de las ausencias, de las críticas al procedimiento y de las dudas sobre sus resultados concretos, conviene volver sobre los temas de fondo que subyacen a este intento de restablecer el diálogo democrático.

La idea de un diálogo democrático entre las fuerzas políticas solo tiene sentido si todos los participantes en el mismo ponen en el centro del debate el objeto último de la política, cual es que la sociedad pueda enfrentar y resolver los problemas derivados de la convivencia colectiva. Esa actividad, por tanto, tiene como norte la búsqueda del bien común, precisamente uno de los principios contenidos en nuestra Constitución. La parte final del artículo 44 de la vigente Carta Magna menciona que uno de los deberes primordiales del Estado es “promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”.

Más allá de las estrechas miradas que entienden la política como la lucha por el poder, lo importante es entender que queremos el poder para solucionar los problemas del país. Pero eso supone que dejemos de lado nuestros intereses inmediatos para mirar al país que se quiere gobernar. Aunque las estadísticas oficiales señalan que más de dos tercios de la población es urbana, usando los criterios de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, entidad a la que el Perú pretende incorporarse) nuestra población rural giraría alrededor del 46% del total. La inmensa mayoría de esa población está formada por lo que ahora se denomina agricultura familiar, incluyendo a los miembros de las comunidades campesinas y nativas.

Aunque la pobreza y la pobreza extrema se han reducido significativamente a nivel nacional, el sector rural sigue manteniendo cifras similares a años atrás e incluso, en algunos lugares ha empeorado. Sin embargo precisamente en esas zonas pobres, donde se asienta la agricultura familiar, se produce  el 70% de los alimentos consumidos en las ciudades (cifras el Ministerio de Agricultura y Riego). Asimismo, en 2012, según la ENAHO, el Valor de la Producción Agrícola (VPA) alcanzó 12 mil 438 millones de soles, siendo responsable la agricultura familiar de 10 mil 753 millones de soles, representando el 86% del VPA nacional.

La búsqueda del bien común en nuestro país supone tomar en cuenta las necesidades de la agricultura familiar. Este debería ser, entonces, uno de los temas que deberían figurar en la agenda del nuevo intento de diálogo entre las fuerzas políticas. 

Ver en: http://diariouno.pe/columna/dialogos-y-la-agenda-pendiente/