jueves, 19 de diciembre de 2013

Más palma, menos bosques

Artículo escrito por Alejandra Alayza, publicado en el diario La República. De acuerdo a reciente denuncia de la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo–SPDE, en los últimos meses empresas dedicadas al cultivo de la palma aceitera habrían deforestado 13.076 hectáreas de bosques primarios en la Amazonía con anuencia de las autoridades peruanas. Seguimos sumando casos y con ellos, hectáreas deforestadas.
La expansión de la agricultura extensiva de palma aceitera acelera el mercado de tierras en la Amazonía y presiona por el cambio de uso y recalificación de suelos para la expansión de sus cultivos. Informalmente, los precios operan como un incentivo perverso a la deforestación, pagando más por tierras de uso agrícola en zonas de bosques.
Pero también se hace legalmente. Según la denuncia de la SPDE, el Minagri y los gobiernos regionales de Loreto y Ucayali estarían adjudicando bosques como tierras rústicas, reclasificando tierras de aptitud forestal para uso agroindustrial y aprobando cuestionados EIA para proyectos agroindustriales. La Amazonía peruana está en la mira de una industria global de palma aceitera que requiere expandirse. Estemos prevenidos, y corrijamos desde ya el error.

El Censo Agrario y el Minifundio

Artículo escrito por Laureano del Castillo de CEPES, publicado en el diario La Primera. Retomando los temas relacionados al IV Censo Nacional agropecuario (IV Cenagro) realizado a fines del año pasado puede observarse que se ha producido un incremento de la superficie agropecuaria en el país de casi 10%. Pero más sorprendente aún es que el número de unidades agropecuarias (UA) se ha elevado 28% respecto del Censo de 1994, siendo ahora su número de 2’260,973 de UA.
En cuanto a la ubicación geográfica, el mayor crecimiento de las UA en términos absolutos se ha dado en la sierra del país (aumentando en 28%), aunque el incremento porcentual ha sido mayor en  la selva (110%), mostrando el avance sobre la zona amazónica, tanto de migrantes como de empresas. En la región de la costa las UA se han incrementado en 48%, resultado de la fragmentación de la tierra pero también debido a las nuevas irrigaciones.

Al presentar los datos del IV Cenagro, el INEI mostró que ese importante incremento de las unidades agropecuarias se concentra en el sector de pequeños agricultores. En efecto, las unidades agropecuarias de hasta 5 hectáreas representan ahora el 81.8% del total, cuando en 1994 eran 73.1%. Si sumamos las unidades que tienen entre 5 y 10 ha, tendremos que el 90.6% de las UA son pequeños agricultores o como se lo llama ahora, parte de la agricultura familiar.

Esas cifras parecerían darle la razón al Ministro de Agricultura, quien desde antes de conocerse los resultados finales del IV Cenagro expresaba su preocupación por la tendencia al incremento del minifundio. Esa preocupación debe traducirse en políticas favorables a la agricultura familiar, por varias razones: como en otros países, entre el 60 y el 70% de los alimentos de origen agrícola son producidos por la agricultura familiar; en 2012  la pobreza en el área rural afectó al 53,0% de la población (19,7% era considerada pobre extremo); y esas familias contribuyen decididamente a la conservación de la agrobiodiversidad; entre otras razones.

Tratando de distanciarse de los gobiernos precedentes, en la actual administración se ha intentado brindar mayor atención a la agricultura familiar a través de algunos programas, pero es mucho aún lo que debe hacerse. Entendiendo la política pública  como “la decisión gubernamental plasmada en la resolución de un problema en la comunidad” preocupa que, en vez de atender más a la agricultura familiar, las políticas agrarias sigan privilegiando el apoyo a los grandes productores agrarios. Seguiremos con este tema en la siguiente entrega.
Ver en: http://www.laprimeraperu.pe/online/columnistas-y-colaboradores/el-censo-agrario-y-el-minifundio_157784.html

viernes, 15 de noviembre de 2013

MAJES-SIGUAS, IRRIGACIONES E INEQUIDADES

Artículo escrito por Laureano del Castillo, de CEPES, publicado en el diario La Primera. Un nuevo  capítulo en el conflicto entre las autoridades y la población de Arequipa con las autoridades y pobladores de la provincia cusqueña de Espinar se desarrolla en estas semanas.
Cuando el conflicto estaba en su punto más alto el Tribunal Constitucional dispuso la realización de un nuevo y más profundo estudio de balance hídrico de las aguas del río Apurímac, el cual se encargó a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Este caso es solo una expresión, quizás la más conocida, de un problema que enfrenta a distintas poblaciones por el uso del agua. Recordemos el conflicto entre Moquegua y Arequipa por el uso del agua de la represa Pasto Grande, o el que enfrenta a Ica y Huancavelica por el mayor aprovechamiento de las aguas de la laguna Choclococha, o entre Ancash y La Libertad por el río Santa para el proyecto Chavimochic, entre otros. El anuncio del inicio del proyecto Pampas Verdes, para irrigar tierras con aguas de las alturas de Ayacucho se anuncia como un nuevo caso en esta lista de conflictos.

La causa de fondo es la idea de que el agua sobra en la sierra y la selva mientras que en la costa es escasa. En verdad, la afirmación responde a un hecho real de origen natural: el 98% del agua dulce superficial disponible en el país se encuentra en la vertiente del Atlántico, mientras menos del 2% está disponible para la vertiente del Pacífico, discurriendo por la costa y la parte occidental de los Andes. Pero ese hecho está asociado a la discutible consideración, vigente desde la época colonial, de que el agua es más útil y valiosa en la costa.

Esas consideraciones resultan difíciles de aceptar en estos tiempos, cuando el tema de la inclusión social resulta recurrente. Sostener que “el agua sobra” en las regiones altoandinas es pretender ignorar los problemas de pobreza que afectan todavía grandemente a las poblaciones rurales, en las que la escasez de recursos (tierra y agua sobre todo) constituye una clara limitante. Si las nuevas irrigaciones se orientan a la agroexportación se generarían importantes ingresos. Pero si solo se benefician unas pocas empresas, a costa de reducir tierras y agua a pobladores y comuneros pobres, el balance final en lo social resulta claramente deficitario. Dejemos de mirar solo el presente y los negocios de hoy, para pensar en el futuro de todos.

jueves, 7 de noviembre de 2013

Inversiones y economías emergentes

Artículo escrito por Alejandra Alayza y publicado en el diario La República. Mientras en las dos grandes negociaciones comerciales en curso, la del TPP en la cuenca del Pacífico y en el TLC entre los Estados Unidos y Europa, se promueve la continuidad del modelo de protección de inversiones de los Tratados Bilaterales de Inversión, existen cada vez más países que cuestionan y se separan de este modelo. Algunos de los países BRICSAM, importantes economías emergentes, son los principales desertores.

Recientemente Sudáfrica ha anunciado el término de los acuerdos bilaterales de inversión que tenía con Alemania, Países Bajos y Suiza. India advierte que solo firmaría un acuerdo de inversiones con los EE.UU. si se modifica el mecanismo de solución de controversia, y por su parte, Brasil ha evitado deliberadamente suscribir este tipo de compromisos.

Es cada vez más evidente que este modelo, no es un modelo único y mucho menos un modelo ganador. Para la atracción de inversiones, no hay vías únicas y la crisis advierte la necesidad de nuevos modelos.

jueves, 31 de octubre de 2013

¿Bio o Agro Combustibles?

Artículo escrito por Alejandra Alayza, publicado en el diario La República. Para enfrentar los problemas del calentamiento global derivados del uso de combustibles fósiles –y lejos de priorizar estrategias que reduzcan el uso de transporte–, a nivel global se impulsa el uso de biocombustibles, denominados así por ser de origen orgánico. Sin embargo, es necesario precisar la denominación y esclarecer el nombre, denominándolos agrocombustibles tanto por razones de origen como de impacto.

El biodiesel y bioetanol usan exclusivamente productos agroalimentarios, como el aceite de palma, la soya, caña de azúcar y cereales. La segunda, busca desmitificar la denominación “bio” que suele asociarse a lo ecológico o no contaminante. En un entorno creciente de estrés hídrico, producir 1 lt de agrocombustible requiere 2.500 lts de agua, agudizando el problema.

Ha incrementado la demanda global por tierras, acelerando procesos de cambio de uso de suelo y desforestación por la ampliación de la frontera agrícola. Este fenómeno se da también en el Perú, donde el azúcar para etanol en la costa y la palma en la selva están ya en carrera. ¿Cómo haríamos?

jueves, 19 de septiembre de 2013

CENSO AGROPECUARIO SANEAMIENTO DE LAS TIERRAS COMUNALES

Artículo escrito por Laureano del Castillo, Director Ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) y publicado en el diario La Primera. A poco de iniciado, este gobierno anunció su intención de impulsar una ley poniendo límites al tamaño de los predios agrarios frente a la concentración de tierras. El anterior Ministro de Agricultura decidió esperar los resultados del IV Censo Agropecuario. El actual Ministro,  Milton von Hesse, teniendo ya los resultados finales del Censo, ha reiterado su preocupación más bien por el aumento del minifundio y la reducción del promedio de las unidades agropecuarias.

Por razones de espacio, dejaremos para nuestra siguiente columna una revisión de las cifras del censo. En esta ocasión preferimos centrarnos en la necesaria atención a las comunidades campesinas y nativas, parte muy significativa de la agricultura familiar en nuestro país. Para ello nos referiremos nuevamente a las Directrices Voluntarias para la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional, aprobadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en mayo de 2012.

El prefacio del documento expresa que estas Directrices “tienen por objeto contribuir a los esfuerzos mundiales y nacionales para la erradicación del hambre y la pobreza, sobre la base de los principios del desarrollo sostenible y con el reconocimiento de la centralidad de la tierra para el desarrollo”.  Al desarrollar los principios rectores de la gobernanza responsable de la tenencia, el documento afirma que los Estados deberían “Dar reconocimiento y respetar a todos los titulares legítimos y sus derechos de tenencia. Deberían adoptar medidas razonables para identificar, registrar y respetar a los titulares y sus derechos, ya sea que estos últimos hayan sido registrados oficialmente o no…” (3.1.1).  Un poco más adelante, las Directrices sostienen que “los Estados deberían otorgar un reconocimiento legal a aquellos derechos legítimos de tenencia que actualmente no están protegidos por la ley…” (4.4).

El gobierno suscribió las Directrices y anunció su compromiso de aplicarlas. Entre las consecuencias de ello destacamos la necesidad de que el MINAGRI, a través del ente rector en materia de titulación de tierras, retome su obligación legal y moral de sanear las tierras de las comunidades campesinas y nativas, interrumpido hace largo tiempo. Como dicen las Directrices “unos derechos de tenencia inseguros se traducen en un aumento de la vulnerabilidad, el hambre y la pobreza, y pueden conducir a conflictos y a la degradación ambiental”. Asegurar la tenencia de las tierras comunales facilita también la inversión y evita conflictos, mejorando así la gobernanza.
Ver en: http://www.laprimeraperu.pe/online/columnistas-y-colaboradores/censo-agropecuario-saneamiento-de-las-tierras-comunales_149854.html

martes, 20 de agosto de 2013

Más desarrollo agrario, para superar la pobreza

Artículo escrito por Julio Gamero, especialista en derechos laborales y publicado en el diario La Primera. Los pequeños productores agrarios de nuestros andes centrales tienen más claro que muchos funcionarios, el objetivo anti pobreza de la promoción del desarrollo productivo. “No queremos pescado, queremos que nos enseñen a pescar” fue  la expresión de un agricultor, miembro de una asociación dedicada a la producción de hierbas aromáticas en Tayacaja.
Proveniendo de un poblador de una región con altos índices de pobreza resulta más elocuente lo expresado. Quizás habría sido de esperar un pedido por más ayuda social pero no, ellos demandan capacitación, asistencia técnica. Quieren fortalecer su capital humano para poder enfrentar el reto de lograr una mejor inserción en el mercado.
Por un principio de igualdad de oportunidades, la política pública hace bien en implementar el instrumento del PROCOMPITE que no es sino el cofinanciamiento del tesoro a iniciativas de los productores asociados. Equipamiento ligero, herramientas para el agro, pequeñas plantas de secado, de procesamiento, telares y similares encuentran así un medio efectivo para promover la capitalización del pequeño productor. Pero, la política pública viene obviando un aspecto importante: el capital físico requiere que dichos productores ganen más capacidades, más destrezas. “…que nos enseñen a pescar.”
Los gobiernos locales y regionales, entusiastas promotores de PROCOMPITE, señalan que no cuentan con ingenieros ni técnicos agrarios suficientes para acompañar los procesos de capacitación y asistencia técnica que resultan imprescindibles para aumentar el capital humano de los pequeño productores.  Que toda una provincia apenas cuente con 1 ingeniero y 1 técnico para “atender” a 16 distritos agropecuarios es un indicador muy claro de la necesidad de actualizar un modelo de extensión agrícola que se tuvo hace más de 20 años y que la reforma liberal de los noventa se encargó de suprimirlo con la creencia que se iba a generar un “mercado” de extensión agraria. Hasta hoy se sigue en dicha espera.
Hoy es imprescindible que la capacitación y asistencia técnica a los pequeños productores se erija en un objetivo de la política pública. No sólo por una cuestión de justicia sino porque ello aporta al cambio en la matriz extractivista que, lamentablemente, aún persiste.

viernes, 2 de agosto de 2013

Pequeña agricultura e Inclusión Social en 28

Artículo escrito por Alejandra Alayza y publicado en el diario La República. A pesar de que el propio gobierno había declarado este como el “Año de la inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”, la ausencia de estos temas en el mensaje del 28 alimentó los varios sinsabores. Ollanta relevó que la agricultura peruana es la de mayor crecimiento en la región. No está mal el entusiasmo, pero es clave saber que se refiere al crecimiento agroexportador que, como sabemos, desde hace varios gobiernos goza de beneficios y políticas de incentivos.

La seguridad alimentaria está en manos de la pequeña agricultura en el Perú, y de esta poco escuchamos el 28. El 60% de los alimentos que consumimos los peruanos  son producidos en 80% por pequeños productores agrarios. A pesar de su importancia, las políticas en el sector no han tenido el dinamismo que se esperaba en un año tan altamente encomendado. Humala ratifica su compromiso con la inclusión social, con una larga lista de programas sociales.
Nuevamente, se pierde en el camino una visión más integral para el campo y sus productores, para la alimentación de todos los peruanos.

Ver: http://www.larepublica.pe/columnistas/globalizaciones/pequena-agricultura-e-inclusion-social-en-28-31-07-2013

lunes, 24 de junio de 2013

Inversiones responsables en tierras agrícolas

Artículo escrito por Laureano del Castillo, Director Ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) y publicado en el diario La Primera. En los próximos meses debe retomarse el proceso de discusión de un documento sobre inversiones responsables en la agricultura, mejor conocido por sus siglas de RAI (Responsible Agricultural Investments).
 
La iniciativa fue originalmente lanzada por el Banco Mundial y otros organismos internacionales, como la FAO, FIDA y UNCTAD, durante una sesión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de Naciones Unidas en octubre de 2010, pero fue rechazada por las organizaciones de la sociedad civil. Las razones principales fueron la consideración de que “no era un instrumento adecuado para regular las inversiones privadas” y que fue “formulado sin la participación de comunidades y delegaciones más afectadas por las inversiones en la agricultura”. Por ello el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial inició un proceso de consultas, en el que participa la sociedad civil, junto con los gobiernos y el sector privado, el cual debe concluir en 2014.
De esta forma, en los próximos meses hacerse consultas a nivel regional a las organizaciones de la sociedad civil para enriquecer el primer borrador (o versión cero), luego de su reformulación.
Esta iniciativa se ubica en el marco más amplio de la preocupación internacional por desarrollar un cuerpo de principios para las inversiones responsables en la agricultura que mejoren la seguridad alimentaria y la nutrición. Este esfuerzo responde a un contexto internacional en el que se observa un proceso de acaparamiento de tierras agrícolas (en inglés, land grabbing) que amenaza a la agricultura familiar. Se espera así que el documento que contenga las RAI se ubique en línea con las Directrices Voluntarias para la Gobernanza Responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional que, impulsadas por la FAO, fueron ratificadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en mayo de 2012 (lo que comentamos en nuestra columna de octubre de 2012).
Nuestro país participó en la aprobación de las Directrices Voluntarias y expresó su compromiso por aplicarlas. Ahora que están por publicarse los resultados del IV Censo Agropecuario, será un buen momento para contrastar la realidad del agro nacional con los compromisos asumidos en las Directrices Voluntarias y con el ánimo internacional de regular las inversiones privadas en la agricultura. Eso permitiría concretar el compromiso del gobierno al declarar este como el “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” e impulsar medidas que alienten ahora sí a la agricultura familiar.

Ver en: http://www.laprimeraperu.pe/online/columnistas-y-colaboradores/inversiones-responsables-en-tierras-agricolas_142276.html

jueves, 13 de junio de 2013

Las Comunidades Rurales que mueven al país

Documento elaborado por varias organizaciones vinculadas a la protección de las comunidades rurales. Las comunidades rurales son expresión de los pueblos indígenas del Perú y albergan aproximadamente a un tercio de la población nacional, un poco más de un millón de familias en comunidades campesinas de la costa y los Andes, y setenta mil familias en la Amazonía. Los ciudadanos de las comunidades aportan al bienestar de todos los peruanos y al desarrollo de la economía nacional, aún así, y las desventajas que enfrentan como la pobreza, desigualdad, deficientes servicios públicos, enfrentan un abandono por parte del Estado.
 
 
 

Derechos a territorios seguros para las comunidades que mueven al país

Documento elaborado por varias organizaciones vinculadas al tema de las comunidades campesinas, entre ellas la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) y el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), en el que se destaca que la presencia de las comunidades en el Perú es innegable. En la actualidad, más del 27% del territorio nacional corresponde a las comunidades que se ubican en la costa, sierra y selva del páis.  Históricamente ellas han aportado al desarrollo del Perú de múltiples maneras, jugando un papel económico importante como abastecedores de alimentos para el mercado interno.
 
 
 

Ministerio de Agricultura y titulación comunal

Artículo escrito por Laureano del Castillo, Director Ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) y publicado en el diario La Primera. A inicios de abril el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República un proyecto de ley para modificar la Laey de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura.

Nos interesa destacar la modificación del artículo 6 de la vigente Ley de Organización y Funciones del mencionado ministerio, relacionada con sus competencias exclusivas. Así, le corresponderá “Dictar las normas y los lineamientos técnicos para el proceso de saneamiento físico legal y la formalización de la propiedad agraria, comprendiendo las tierras de las comunidades campesinas y comunidades nativas, que son de obligatorio cumplimiento en todos los niveles de gobierno, en concordancia con la normativa constitucional y legal del Estado”. Ello significará consolidar lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 01-2013-AG (del 25 de enero pasado) en que se estableció la rectoría de la política nacional agraria en materia de saneamiento físico legal y formalización de la propiedad agraria.
Recordemos que en 2007 el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural fue absorbido por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) a pesar de que este último fue creado para el ámbito urbano. Tiempo después, las funciones en materia de saneamiento de la propiedad agraria pasaron (en realidad fueron devueltas) a los Gobiernos Regionales, pero se generó la duda de cuál sería el ministerio que regularía estas funciones, pues COFOPRI hace parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El Decreto Supremo mencionado resolvió ese dilema, asignándolas al Ministerio de Agricultura.

Más allá de las cuestiones formales, queremos destacar el interés del Ministerio de Agricultura por enfrentar la falta de saneamiento de la propiedad comunal. La última información proporcionada por COFOPRI, de diciembre de 2010, daba cuenta que de las 6,069 comunidades campesinas reconocidas, faltaban titular 959; y de las 1,469 comunidades nativas reconocidas, 198 faltaban titular. Más alarmante es saber, según COFOPRI, que 61.5% de las comunidades campesinas tituladas (3,140 comunidades) y 93.3% de las comunidades nativas tituladas (1,186) no estaban georreferenciadas. Así, del total de comunidades reconocidas (7,538), el 72.7% (5,483) no tendría cómo acreditar indubitablemente su derecho de propiedad. Sin título y sin planos georreferenciados la propiedad de las tierras comunales deviene en un derecho inseguro.Por ello, saludamos el interés del Ejecutivo por facilitar herramientas a los Gobiernos Regionales, a cargo del saneamiento legal de las tierras agrícolas, para cumplir así el compromiso pendiente del Estado con las comunidades. Títulos seguros brindan más seguridad para todos.

lunes, 29 de abril de 2013

AGUA: Organización y orden


Artículo escrito por Laureano del Castillo, director ejecutivo de CEPES y publicado en el diario La Primera. Un viaje reciente permitió conocer la experiencia de Holanda en la gestión del agua. Los nativos de este país afirman que Dios hizo al mundo y que los holandeses hicieron Holanda. Una muy larga tradición de los también llamados Países Bajos buscando ganar terreno al mar y evitar que este, al sobrepasar los diques, generara daños están a la base de ese orgullo. Un país con tierras muy planas y con abundante agua ha permitido el desarrollo de una excelente agricultura, basada en el manejo del agua. Pero, además de su descollante ingeniería  es conocido también el desarrollo urbanístico, social y cultural de este pequeño país europeo.

En materia de agua, ese portentoso avance solo puede explicarse por la organización de agricultores y pobladores. Las organizaciones allí manejan con mucho ingenio el agua de canales de drenaje que, cuando las lluvias escasean sirven también para el riego. Esas organizaciones se llaman Waterschap y en los últimos años su número se ha reducido, buscando un manejo más amplio de las cuencas o subcuencas. En base a ese enfoque,  pero también aplicando la Directiva Marco de la Unión Europea sobre el agua, ahora están tratando de adaptarse al cambio climático y en vez de pelear con la crecida de los ríos, reforzando sus diques, permiten que en épocas de abundancia los ríos inunden las áreas contiguas son conscientes de que ese fenómeno mundial está elevando el nivel de las aguas del mar.

La reflexión que podemos hacer de tales experiencias puede resumirse en una palabra: organización. Solo la organización ha permitido ese desarrollo de un pequeño gran país. La organización para el uso y la gestión del agua permitió el desarrollo de su agricultura, sus ciudades y su cultura. Ello los ha llevado a organizar y ordenar distintos aspectos de la vida social.

En el Perú estamos intentando ordenar la gestión del agua en base a las cuencas. Hasta el momento se han organizado 4 consejos de recursos hídricos de cuenca, pero se requieren más. Ellos deberían ser los espacios en los cuales los distintos usuarios (que finalmente somos todos) nos pongamos de acuerdo en cómo usamos el agua, pero también en cómo la cuidamos, preservamos su cantidad y calidad para las futuras generaciones. Es bueno que el Estado las impulse, pero sería mejor si también se alienta que se organicen desde abajo, desde las subcuencas. Así serán más sostenibles, ojalá como en Holanda.

viernes, 15 de marzo de 2013

Cultivando dividendos


Artículo escrito por Alejandra Alayza, coordinadora ejecutiva de la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) y publicado en el diario La República. Las tierras fértiles del planeta constituyen un bien cada vez más preciado. El crecimiento de la demanda por agrocombustibles incentiva la inversión en plantaciones de soya, palma, entre otros. Bancos y fondos de inversión tienen hoy en la mira la compra de importantes áreas de tierra fértil para la promoción de rentables proyectos agroindustriales.

Pero estas nuevas tierras necesarias no se crean de la nada. Tienden a abrirse paso a través del proceso de acaparamiento de tierras, mediante el control de grandes territorios en pocas manos, así como del cambio de uso de tierras, donde la amenaza de la deforestación de bosques y selvas es hoy un riesgo planetario. Actualmente este modelo de producción es responsable del 70% de la deforestación del planeta.

Con el objetivo de cultivar dividendos, este modelo de agricultura no solo alienta gravemente el cambio climático, sino que no repara en desplazar a los productores nacionales de alimentos, poniendo también en riesgo la seguridad alimentaria.   

Ver en: http://www.larepublica.pe/columnistas/globalizaciones/cultivando-dividendos-14-03-2013

martes, 5 de marzo de 2013

¿Habemus Ley de Seguridad alimentaria?


Artículo escrito por Laureano del Castillo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) y publicado en el diario La Primera. Ayer la Comisión Agraria del Congreso presentó el proyecto de Ley del Derecho a la Alimentación, la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. El proyecto reúne seis iniciativas y ha recibido las opiniones de diferentes ministerios y gobiernos regionales. El plan de la Comisión es aprobar el dictamen y enviarlo al Pleno del Congreso en el plazo más breve.

También ayer se publicó el pronunciamiento de diversos gremios agrarios y organizaciones de promoción del desarrollo, al que se sumó APEGA, para demandar a la Comisión Agraria un debate más amplio, de modo de posibilitar la participación de otras organizaciones e instituciones con experiencia y autoridad en estos temas.

No es la primera vez que frente a la inminente aprobación de una ley se escucha el pedido de contar con mayores plazos. En este caso, la demanda de quienes suscribieron el pronunciamiento merece ser atendida. 

La seguridad alimentaria y nutricional del país es un tema muy serio y aunque, en efecto, es importante y necesario que el país cuente con una herramienta como esta (por lo que no puede postergarse indefinidamente su aprobación), sí se requiere que la norma sea trabajada con cuidado, de modo de atender la complejidad del tema.

La FAO, que durante varios años viene trabajando en torno a la seguridad alimentaria ha elaborado numerosos documentos, donde recomienda la aprobación de leyes marco sobre el derecho a la alimentación, en el entendido que se trata de un  mecanismo usado generalmente para legislar en materias multisectoriales y que permite abordarlas de manera más consistente, coordinada e integral. ¿Hay algo más multisectorial que la seguridad alimentaria?

El proyecto presentado desarrolla en lo central la institucionalidad, solo una de las dimensiones de la seguridad alimentaria, pero leyes de este corte “solo establecen la arquitectura institucional necesaria para luchar contra el hambre a nivel nacional y local”, lo que es insuficiente. Se debe atender aspectos como el acceso a los recursos necesarios para producir los alimentos, entre otros más. Se requiere finalmente precisar los compromisos del Estado para que el derecho a la alimentación deje de ser una declaración de buena voluntad y sea expresión de una política pública integral.

Ver en: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas-y-colaboradores/habemus-ley-de-seguridad-alimentaria_132637.html

viernes, 1 de marzo de 2013

La Revista Agraria N° 148

En esta edición de La Revista Agraria tenemos: Agrodata: Sumas y restas entre exportaciones e importaciones agropecuarias: ¿el balance es positivo?, Editorial:Quinua: oportunidad que debemos aprovechar, Semillas transgénicas ¿moratoria amenazada?, Los retos del Minag para titular la propiedad comunal, Andenes: cuando el pasado, el presente y el futuro se encuentran, Clima extremo: ¿estamos preparados?, El olvidado impuesto a los monopolios de tierras, En temas de desnutrición infantil y seguridad alimentaria: La necesidad de articular políticas, Alimentar al mundo con quinua, pero sin descuidar la alimentación local.



miércoles, 27 de febrero de 2013

Inversión con equidad


Artículo escrito Julio Gamero, experto en temas laborales y publicado en el diario La Primera. Las leyes de exportación no tradicional, de promoción agraria y de promoción y formalización de la MYPE si algo han tenido en común es la incorporación de un Régimen Laboral Especial (RLE) como uno de los “incentivos” para el fomento de las exportaciones, de la inversión agraria y la formalización de las MYPE, respectivamente. El RLE, significó en cada caso, reducción de derechos laborales respecto el régimen general.

El tema es que dichas medidas legislativas, otorgan una ventaja competitiva de corto plazo a las empresas del sector. Por una sola vez la ley les reduce sus costos pero, precisamente por ello, podría estar restándoles incentivos para mejorar su eficiencia en otras áreas. Los “incentivos” conseguidos a través de la ley pueden estar operando como una “renta” ya que el inversionista logra una mejora en su competitividad y rentabilidad no por efectos de una mayor eficiencia económica sino, eventualmente, por la acción de un lobbying.

Es sintomático que, por ejemplo, ad portas del vencimiento del plazo para la culminación del RLE en el caso de la micro y pequeña empresa, haya sectores que indican que ello supone “castigar” a las micro empresas que han tenido éxito en formalizarse y en estar exportando. ¿Por qué va a ser un “castigo”? Se responden diciendo que, al tener que pasar su planilla del RLE al régimen laboral general, acabarán pagando mayores costos laborales lo cual les reducirá sus márgenes y pondrá en riesgo la continuidad de la inversión.

Esa respuesta conlleva, sin duda, una lógica rentista ya que, primero, el término del RLE estaba pre anunciado en el origen de la norma. Es decir, cualquier plan de negocios tendría que haber incorporado que en julio del 2013, el costo de la contratación laboral se alinearía con el régimen general. Segundo, la obtención de mayor competitividad y de ganancias de productividad por acción de una mejor gestión empresarial, de innovación y de cambio tecnológico acaban siendo reemplazados por esfuerzos concentrados en la prórroga de una norma.

Más bien, la culminación de dicho “incentivo” debe ayudar a que la agenda de competitividad encare los temas de fondo, es decir de las políticas industriales, de generación de mayor valor agregado y de innovación empresarial.

Ver en: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas-y-colaboradores/inversion-con-equidad_132212.html

martes, 5 de febrero de 2013

La Revista Agraria N° 147

En esta edición novedades sobre el IV Censo Agropecuario y el aumento del minifundio, la promulgación del decreto para la titulación de las tierras, una interesante entrevista al ministro de Agricultura Milton Von Hesse, además de un informe sobre las cooperativas y la inclusión del productor agrario.

Descargar PDF


Latifundios, pequeña propiedad y sentido común


Artículo escrito por Laureano del Castillo, director ejectivo de CEPES y publicado en el diario La Primera. Un editorial de El Comercio, la semana pasada, se refirió a las palabras del presidente Humala en apoyo a la pequeña propiedad. No sorprende la reacción de ese diario, históricamente reactivo a ideas que supongan afectar los intereses de los hacendados.

Lo que sí sorprende son los argumentos del editorial comentado, basándose en el sentido común y tratando de ocultar lo inocultable: hay un proceso de concentración de tierras, que ha llevado a que los antiguos hacendados hubieran palidecido de envidia, ante cantidad de tierras que controlan las nuevas empresas agrarias. En efecto, se nos señala que las nuevas grandes propiedades estas ocupan una porción insignificante de la superficie agropecuaria del país.

Nuestro país es bastante extenso, pero las 128.5 millones de hectáreas que componen nuestro territorio incluyen desiertos, bosques, lagos, punas y nevados. A falta de datos oficiales más actuales recordemos que la superficie agropecuaria que reportó el III Censo Nacional Agropecuario, en 1994, fue de 35 millones de hectáreas. Quien conozca el Perú sabrá que la mayor parte de la agricultura peruana es de secano, asentada en la sierra y la selva. En la costa se ubican las tierras bajo riego, las más productivas, en los valles y en las tierras ganadas al desierto, gracias a la inversión pública, en lo fundamental. Las tierras de la costa, alrededor de un millón de ha, son aquellas sobre las que se viene dando en lo central el proceso de concentración de tierras.

Lo otro que hace el editorial comentado es minimizar el peso de la pequeña agricultura en el país. Ya el Ministerio de Agricultura ha expresado preocupación por el incremento del minifundio. Pero eso es un aspecto precisamente de la enorme cantidad de medianos y pequeños agricultores y también minifundistas que componen alrededor del 97% del total de Unidades Agropecuarias (otra vez, usando datos del Censo de 1994).

Habría que exigir también coherencia, pues si bien debe destacarse el rol jugado por las grandes inversiones en el despunte de la agricultura de exportación, no puede olvidarse que desde la década de 1990 y hasta 2021 existe un marco tributario y laboral bastante favorable a esas inversiones. Lo que ahora correspondería, conforme planteaba el Presidente, es atender a los pequeños agricultores y brindar mecanismos para que ellos también puedan competir en igualdad de condiciones. La Ley que incentiva su inclusión a través de las cooperativas puede ser en ese sentido una buena herramienta, pero debe complementarse con otras medidas.

Ver en: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas-y-colaboradores/latifundios-pequena-propiedad-y-sentido-com-n_130557.html

martes, 8 de enero de 2013

Primicias del Censo Agropecuario


Artículo escrito por Laureano del Castillo de CEPES y publicado en el diario La Primera. En días recientes el ministro de Agricultura, Milton von Hesse, adelantó algunos resultados preliminares del Censo Nacional Agropecuario realizado hace unas semanas, destacando el crecimiento del minifundio, lo que reforzaría una tendencia observada en el Censo anterior.

En efecto, el III CENAGRO, realizado en 1994, mostraba un claro predominio de la pequeña agricultura en las cerca de 1’800.000 unidades agropecuarias (UA). Según el INEI, el 55,4% de las UA eran minifundios (menores de 1 ha hasta 2,99 ha), mientras que el 29% de las UA formaban parte de la pequeña agricultura (3 ha hasta menos de 9,9 ha). De esa forma el 84,4% de las UA censadas eran minifundios y pequeña agricultura, asentadas sobre todo en la sierra.

Los primeros avances del IV CENAGRO arrojarían un total de 2’500.000 UA y un aumento del minifundio. El ministro Von Hesse anticipaba así que el promedio de UA en el país pasaría de 3 ha, en 1994, a alrededor de 2 ha en 2012. Dada nuestra reducida dotación de tierras de cultivo esas tendencias preocupan. Las posibilidades de impulsar el desarrollo en esas condiciones se complican mucho.

Llama la atención que en los adelantos de los resultados del Censo no se mencione otra tendencia, de la que venimos advirtiendo hace un tiempo: la concentración de tierras. El fenómeno no es exclusivo del Perú sino una tendencia internacional, solo que sus manifestaciones aquí se conocen muy poco. Fruto sobre todo de las grandes obras de irrigación financiadas por el estado peruano el 24,4% de las tierras de la costa se encontrarían bajo control de 16 grupos empresariales, según estimaciones de CEPES. 

Impulsar el desarrollo de la pequeña agricultura (mayoritaria en el país según lo ratificaría próximamente el Censo) plantea un gran desafío para el Estado y la sociedad. El crecimiento de las exportaciones de las grandes empresas no parece necesitar de mayores estímulos del Estado. Recogiendo la preocupación por atender a la inclusión social, se trataría de que el Estado ponga ahora atención a las necesidades y posibilidades de la pequeña agricultura, sobre todo en la sierra. Las nuevas orientaciones en Sierra Productiva, el aumento del presupuesto de 2013 para el sector agrario y el fondo de mil millones de nuevos soles para pequeños reservorios e irrigaciones en la sierra son señales positivas. Pero lograr el desarrollo rural supone esfuerzos complementarios, donde la coordinación intersectorial es indispensable. Que esto sea el inicio del giro en la política agraria de las últimas dos décadas.

Ver en: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/columnistas-y-colaboradores/primicias-del-censo-agropecuario_128363.html