lunes, 24 de junio de 2013

Inversiones responsables en tierras agrícolas

Artículo escrito por Laureano del Castillo, Director Ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) y publicado en el diario La Primera. En los próximos meses debe retomarse el proceso de discusión de un documento sobre inversiones responsables en la agricultura, mejor conocido por sus siglas de RAI (Responsible Agricultural Investments).
 
La iniciativa fue originalmente lanzada por el Banco Mundial y otros organismos internacionales, como la FAO, FIDA y UNCTAD, durante una sesión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de Naciones Unidas en octubre de 2010, pero fue rechazada por las organizaciones de la sociedad civil. Las razones principales fueron la consideración de que “no era un instrumento adecuado para regular las inversiones privadas” y que fue “formulado sin la participación de comunidades y delegaciones más afectadas por las inversiones en la agricultura”. Por ello el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial inició un proceso de consultas, en el que participa la sociedad civil, junto con los gobiernos y el sector privado, el cual debe concluir en 2014.
De esta forma, en los próximos meses hacerse consultas a nivel regional a las organizaciones de la sociedad civil para enriquecer el primer borrador (o versión cero), luego de su reformulación.
Esta iniciativa se ubica en el marco más amplio de la preocupación internacional por desarrollar un cuerpo de principios para las inversiones responsables en la agricultura que mejoren la seguridad alimentaria y la nutrición. Este esfuerzo responde a un contexto internacional en el que se observa un proceso de acaparamiento de tierras agrícolas (en inglés, land grabbing) que amenaza a la agricultura familiar. Se espera así que el documento que contenga las RAI se ubique en línea con las Directrices Voluntarias para la Gobernanza Responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional que, impulsadas por la FAO, fueron ratificadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en mayo de 2012 (lo que comentamos en nuestra columna de octubre de 2012).
Nuestro país participó en la aprobación de las Directrices Voluntarias y expresó su compromiso por aplicarlas. Ahora que están por publicarse los resultados del IV Censo Agropecuario, será un buen momento para contrastar la realidad del agro nacional con los compromisos asumidos en las Directrices Voluntarias y con el ánimo internacional de regular las inversiones privadas en la agricultura. Eso permitiría concretar el compromiso del gobierno al declarar este como el “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” e impulsar medidas que alienten ahora sí a la agricultura familiar.

Ver en: http://www.laprimeraperu.pe/online/columnistas-y-colaboradores/inversiones-responsables-en-tierras-agricolas_142276.html

jueves, 13 de junio de 2013

Las Comunidades Rurales que mueven al país

Documento elaborado por varias organizaciones vinculadas a la protección de las comunidades rurales. Las comunidades rurales son expresión de los pueblos indígenas del Perú y albergan aproximadamente a un tercio de la población nacional, un poco más de un millón de familias en comunidades campesinas de la costa y los Andes, y setenta mil familias en la Amazonía. Los ciudadanos de las comunidades aportan al bienestar de todos los peruanos y al desarrollo de la economía nacional, aún así, y las desventajas que enfrentan como la pobreza, desigualdad, deficientes servicios públicos, enfrentan un abandono por parte del Estado.
 
 
 

Derechos a territorios seguros para las comunidades que mueven al país

Documento elaborado por varias organizaciones vinculadas al tema de las comunidades campesinas, entre ellas la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) y el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), en el que se destaca que la presencia de las comunidades en el Perú es innegable. En la actualidad, más del 27% del territorio nacional corresponde a las comunidades que se ubican en la costa, sierra y selva del páis.  Históricamente ellas han aportado al desarrollo del Perú de múltiples maneras, jugando un papel económico importante como abastecedores de alimentos para el mercado interno.
 
 
 

Ministerio de Agricultura y titulación comunal

Artículo escrito por Laureano del Castillo, Director Ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) y publicado en el diario La Primera. A inicios de abril el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República un proyecto de ley para modificar la Laey de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura.

Nos interesa destacar la modificación del artículo 6 de la vigente Ley de Organización y Funciones del mencionado ministerio, relacionada con sus competencias exclusivas. Así, le corresponderá “Dictar las normas y los lineamientos técnicos para el proceso de saneamiento físico legal y la formalización de la propiedad agraria, comprendiendo las tierras de las comunidades campesinas y comunidades nativas, que son de obligatorio cumplimiento en todos los niveles de gobierno, en concordancia con la normativa constitucional y legal del Estado”. Ello significará consolidar lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 01-2013-AG (del 25 de enero pasado) en que se estableció la rectoría de la política nacional agraria en materia de saneamiento físico legal y formalización de la propiedad agraria.
Recordemos que en 2007 el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural fue absorbido por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) a pesar de que este último fue creado para el ámbito urbano. Tiempo después, las funciones en materia de saneamiento de la propiedad agraria pasaron (en realidad fueron devueltas) a los Gobiernos Regionales, pero se generó la duda de cuál sería el ministerio que regularía estas funciones, pues COFOPRI hace parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El Decreto Supremo mencionado resolvió ese dilema, asignándolas al Ministerio de Agricultura.

Más allá de las cuestiones formales, queremos destacar el interés del Ministerio de Agricultura por enfrentar la falta de saneamiento de la propiedad comunal. La última información proporcionada por COFOPRI, de diciembre de 2010, daba cuenta que de las 6,069 comunidades campesinas reconocidas, faltaban titular 959; y de las 1,469 comunidades nativas reconocidas, 198 faltaban titular. Más alarmante es saber, según COFOPRI, que 61.5% de las comunidades campesinas tituladas (3,140 comunidades) y 93.3% de las comunidades nativas tituladas (1,186) no estaban georreferenciadas. Así, del total de comunidades reconocidas (7,538), el 72.7% (5,483) no tendría cómo acreditar indubitablemente su derecho de propiedad. Sin título y sin planos georreferenciados la propiedad de las tierras comunales deviene en un derecho inseguro.Por ello, saludamos el interés del Ejecutivo por facilitar herramientas a los Gobiernos Regionales, a cargo del saneamiento legal de las tierras agrícolas, para cumplir así el compromiso pendiente del Estado con las comunidades. Títulos seguros brindan más seguridad para todos.