jueves, 27 de marzo de 2014

El Niño que nadie espera

Artículo escrito por Laureano del Castillo de CEPES, publicado en el diario La Primera. Se anuncia la cercanía del evento El Niño en nuestras costas. Hoy sabemos que no es un “fenómeno” (como nos enseñaron en el colegio) sino un hecho recurrente, que parece haberse vuelto más frecuente. Sus secuelas son conocidas: lluvias e inundaciones, pero también sequías.

Precisamente la sequía en el norte del país ha ocupado las noticias de las semanas anteriores. Se ha recordado que estos eventos son recurrentes (tal como las heladas, en época de invierno en las zonas altoandinas) y se han ensayado medidas de emergencia, para evitar la pérdida de cultivos, como derivar aguas del proyecto Olmos a los arrozales en el valle de Chancay-Lambayeque. Pero los daños siguen siendo enormes.

Organismos internacionales estiman que cada año se pierden en el mundo alrededor de 42 mil millones de dólares debido a la desertificación y la degradación de las tierras en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas. Esa es una de las preocupaciones que inspiraron la aprobación de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, de la que nuestro país es parte. De todos los eventos extremos, las sequías son las que causan los mayores daños que, como suele suceder, afectan sobre todo a la población más empobrecida. Las sequías no son aparatosas como una inundación o un huracán, ni tienen inicio ni final preciso, pero producen enormes daños y afectan los medios de vida de las peruanas y los peruanos.

Hay algunos avances en esta materia, como el “Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Agrario 2005-2015” (Plan GRACC), que identifica zonas de potencial peligro a la sequía a nivel nacional, y el “Plan de Prevención ante la presencia de fenómenos naturales por inundaciones, deslizamientos, huaycos y sequías”. Pero, como quedó evidenciado en el taller internacional "Desarrollo de Capacidades en apoyo a las Políticas Nacionales de Gestión de Sequías", se requiere un Plan Nacional, donde se definan responsabilidades claras (funciones, coordinación y también los recursos necesarios) de los tres niveles de gobierno, así como de la sociedad, para prepararse para estos eventos. Solo para tomar un ejemplo de la situación actual: mientras SENAMHI monitorea la sequía en el sur, el MINAGRI evalúa sus perjuicios en la costa norte.

jueves, 20 de marzo de 2014

Tierras, Coca cola y Pepsico

Artículo escrito por Alejandra Alayza, de OXFAM, publicado en el diario La República. En los últimos meses Coca Cola y Pepsico, dos gigantes de la industria de las bebidas, han respondido a la presión de sus consumidores y han dado un primer paso comprometiéndose a una política de "tolerancia cero" del acaparamiento de tierras en sus cadenas de producción. Este compromiso fue asumido luego de que se denunciaran casos de desplazamiento de comunidades rurales en Brasil y otros países por parte de empresas proveedoras de estas marcas.

A nivel global la presión por el acceso a tierras acelera el desplazamiento de comunidades locales, afectando su derecho a la tierra. El caso del azúcar es particularmente sensible a nivel global. Se estima que el comercio internacional de azúcar asciende a US$ 47.000 millones y que la producción de azúcar se incrementaría en 25% al 2020.

Más de la mitad de la producción destinada hacia esta gran industria de alimentos y bebidas, confirmando el rol estratégico que esta industria juega para definir condiciones para el acceso a tierras. La reacción de Coca cola y Pepsico es expresión de un poder ciudadano en crecimiento. La presión desde su dimensión de consumidores sobre los mercados permite reforzar el cumplimiento de derechos. Celebramos el cambio de las políticas, y ahora vigilemos el cambio de prácticas.

La informalidad laboral en la microempresa: ¿tuvieron impacto las leyes emitidas?

Artículo escrito por Julio Gamero, consultor de la RedGE, publicado en el diario La Primera. Tras 11 años de vigencia de sucesivas leyes que buscaron formalizar el empleo en la microempresa se hace necesario un balance de la 28015 (julio 2003) y de la 1086 (setiembre 2008), más aún en una coyuntura en la que se quiere vincular la presencia del salario mínimo con la persistencia de elevados niveles de informalidad laboral, precisamente en dicho sector.
En el país ya se han ensayado políticas que recomendaban reducir los costos laborales para formalizar el empleo. La prueba es la normativa referida. Con la primera ley –a través del Régimen Laboral Especial (RLE)- se redujo el costo laboral (el salario anual) en 29,3%[1] y con la segunda, se convirtió en permanente el RLE que era de carácter temporal y se amplió su cobertura hasta involucrar empresas de menos de 100 trabajadores.
¿Han tenido un impacto efectivo dichas normas en la reducción de la informalidad laboral? Al menos en el sector de la microempresa su influencia parece que ha sido marginal, a tenor de la evidencia empírica referida en el gráfico adjunto.
De acuerdo con el MTPE, la informalidad laboral en dicho sector ha disminuido en 3,2 puntos del 2005 al 2013. Por su parte, en todo el sector asalariado privado la disminución ha sido mayor. En igual periodo, la informalidad laboral ha disminuido en 12,5 puntos, lo que indica que la disminución ha sido muy superior en el segmento no mype, por así decirlo.
Estos resultados, al menos, nos alertan que la disminución de costos laborales no era el factor determinante de la informalidad laboral en la microempresa, si no su tasa de disminución tendría que haber sido superior a la de todo el sector asalariado privado.
 
Lo que se requiere son políticas, con presupuesto, que se concentren en aumentar la productividad de dicho sector para que se inserte de mejor manera en el mercado y pueda generar más excedente económico. Las políticas de bajar costos laborales sólo precarizan el empleo.

 
Ver en: http://laprimeraperu.pe/columna/la-informalidad-laboral-en-la-microempresa-tuvieron-impacto-las-leyes-emitidas/