Artículo escrito por Pedro Castillo de CEPES, publicado en el Diario UNO. Mientras se sigue aprobando medidas para reactivar la economía, rebajando exigencias ambientales y vulnerando derechos sobre las tierras, de manera paralela, el Congreso busca aprobar un nuevo Código Penal. En medio de esos cambios se pretende desconocer a las rondas campesinas, un importante actor del mundo rural.
Las rondas surgieron en la sierra norte, particularmente en Cajamarca, Piura y Lambayeque, a mediados de la década de 1970, con el objetivo de defender a las comunidades contra el abigeato frente al nulo accionar del Estado. Años después, estas organizaciones se diseminaron en gran parte del país.
Actualmente no sólo velan por la seguridad de comuneros y campesinos y administran justicia, sino también asumen la representación y defensa de intereses colectivos relacionados a la explotación de recursos naturales en su ámbito de intervención (Cajamarca, Hualgayoc, Ferreñafe, Pitipo, etc.). Como interlocutor clave y legitimado en procesos ciudadanos que demandan el respeto a derechos colectivos, el objetivo de grupos empresariales extractivistas y del Estado es deslegitimar y proscribir su accionar.
Solo así se puede explicar la exclusión de estas organizaciones del dictamen del nuevo Código Penal. En efecto, el dictamen propuesto, en el capítulo sobre “Diversidad cultural y jurisdicción especial”, no las considera en su articulado, con la estratégica finalidad de criminalizarlas. Al tomar esta decisión, el Congreso niega lo avanzado en materia legal y el reconocimiento de las rondas otorgado por el propio Poder Judicial.
Este intento de exclusión respondería más a consideraciones políticas e intereses económicos que a cuestiones legales. El nivel de organización y resistencia de las rondas ha sido un freno para los inversionistas en su afán por apoderarse de los recursos naturales ubicados principalmente en territorio de comunidades. Por ello, las rondas son vistas por los poderes fácticos como “agentes conflictivos” y “anti desarrollo” del país, y por lo tanto un obstáculo para las inversiones que el gobierno promueve.
No solo está en juego el rol que cumplen las rondas en la administración de justicia sino también su capacidad de representación de los hombres y mujeres del campo y, por ello, de afirmación de sus derechos como ciudadanos, especialmente en un Estado que ofrece muy pocos canales democráticos para su participación.
Ver en: http://diariouno.pe/columna/por-que-se-quiere-excluir-y-criminalizar-a-las-rondas-campesinas/
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