jueves, 12 de junio de 2014

La Defensoría y las tierras comunales

Artículo escrito por Laureano del Castillo de CEPES, publicado en el diario La Primera. En nuestra columna de abril pasado nos referimos al tema de la titulación de tierras agrícolas, demandando atención especial para la situación de las comunidades campesinas y nativas.

Resulta grato por ello informar que en días pasados la Defensoría del Pueblo publicó el informe N° 002-2014-DP/AMASPPI-PPI, “Análisis de la política pública sobre reconocimiento y titulación de las comunidades campesinas y nativas”, el que fue remitido al Ministerio de Agricultura y Riego.[1]

El documento empieza recordando la obligación constitucional del Estado de garantizar el derecho de propiedad de las tierras de las comunidades campesinas y nativas, cuyo incumplimiento ha generado problemas, expresados en quejas y pedidos de intervención a la Defensoría del Pueblo. En base a la supervisión realizada a 22 gobiernos regionales la Defensoría concluyó en la existencia de siete problemas a la base de esas dificultades: a) ausencia de una normativa integrada y actualizada sobre reconocimiento y titulación de comunidades; b) falta de una rectoría adecuada en torno a esas funciones; c) falta de información centralizada sobre el número de comunidades; d) insuficiencia en la capacitación del personal a cargo de dichas tareas; e) falta de difusión de derechos y de adecuación de instrumentos de gestión; f) falta de priorización presupuestal para el reconocimiento y titulación comunal; y g) falta de lineamientos para el tratamiento de controversias por superposición de derechos.

El informe concluye recomendando al Congreso la revisión de la normatividad sobre comunidades campesinas y nativas para simplificar los correspondientes procedimientos administrativos. Al Ministerio de Agricultura y Riego  se recomienda designar una autoridad del más alto nivel a su interior, con capacidad de ejercer una adecuada rectoría en estas materias, de modo de orientar las capacidades de los gobiernos regionales, la cual debe tener a su cargo la actualización del catastro de propiedad rural. Asimismo, se recomienda al MINAGRI elaborar, con las Direcciones Agrarias de los gobiernos regionales, un registro unificado de las comunidades campesinas y nativas, así como emitir lineamientos para enfrentar las controversias relacionadas con el derecho de propiedad de las comunidades.

Entre las varias recomendaciones a los gobiernos regionales, la Defensoría señala la necesidad de asegurar la provisión de recursos económicos para atender estas funciones, priorizar la contratación de personal idóneo y suficiente, así como producir materiales de difusión para las comunidades. La pelota, entonces, está ahora en la cancha de estas entidades.




[1] Puede verse el texto en <http://www.defensoria.gob.pe/Downloads/descarga/Informe-002-2014-DP-AMASPPI-PPI.pdf

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