lunes, 17 de febrero de 2014

Disponiendo de lo ajeno

Artículo escrito por Laureano del Castillo de CEPES, publicado en el diario La Primera. Hace unos días, el editorial del diario El Comercio se dedicó a defender la titulación de predios rurales en las comunidades campesinas. Pero no era para garantizar el derecho de propiedad de estas organizaciones, junto con las municipalidades, la principal organización del mundo rural peruano. Como afirma en su subtítulo “La titulación de predios rurales debe llegar al interior de las comunidades campesinas”.
El editorial empieza saludando el anuncio del Ministerio de Agricultura de la obtención de un crédito de una entidad multilateral para financiar el programa de titulación rural, actividad desatendida por el Estado en los años anteriores. La nota celebra que con esta acción se enfrente la injusticia que pesa especialmente sobre los agricultores de la sierra “donde se concentra buena parte de los predios sin titular”. Pero el editorialista lamenta que no se haya considerado titular la propiedad individual al interior de las comunidades campesinas. El argumento ya lo hemos escuchado en anteriores oportunidades, para levantar la idea de la destrucción de la propiedad de las comunidades, con la idea de construir un país de ciudadanos. Vaya, que son las mismas ideas que inspiraron al Libertador Bolívar en 1824, pero que tuvo que morigerar al año siguiente.
Con la intención de sustentar sus ideas, recurren a la Constitución Política, pero haciendo una mala lectura, pues invocan la inembargabilidad de las tierras comunales, eliminada en la Constitución de 1993. En su lectura sesgada, omiten el reconocimiento que hizo la Constitución de 1993, igual que sus precedentes de 1933 y de 1979, respecto de la autonomía de las comunidades campesinas.
El pretendido beneficio de la titulación individual no es tal si vemos que, más allá de la complejidad de entregar títulos a los comuneros por las varias parcelas que usualmente poseen dentro de la comunidad, el tamaño de dichas propiedades no alcanza para servir como instrumento de garantía para obtener créditos de las instituciones financieras. Por el contrario, fomentar, como hace dicho editorial la generalización de la propiedad individual, no solo debilitaría aún más una institución social muy importante en el agreste mundo andino sino que facilitaría la disposición de sus tierras. Pero no se han preguntado los autores del editorial cómo vivirían los campesinos con el dinero que obtengan.
Ver en: http://www.laprimeraperu.pe/online/columnistas-y-colaboradores/disponiendo-de-lo-ajeno_162603.html

lunes, 6 de enero de 2014

El Censo Agrario y el nuevo latifundio

Artículo escrito por Laureano del Castillo de CEPES, publicado en el diario La Primera. Nos ocupamos en nuestra anterior columna del IV Censo Nacional Agropecuario (IV Cenagro) en relación con la pequeña propiedad y demandamos para este mayoritario sector del agro el apoyo que sí recibe el sector de agricultores modernos. Hoy seguiremos revisando las cifras del IV Cenagro.

Así, el IV Cenagro da cuenta que las Unidades Agropecuarias (UA) de más de 1,000 hasta casi 3,000 ha constituyen el 1% y concentran el 9.2% del total de la superficie agropecuaria. Comparativamente, respecto del Censo de 1994, la proporción de estas UA se mantiene igual, aunque el porcentaje de la superficie agropecuaria que tenían ha descendido ligeramente (era 10.7% entonces). Distinto es el caso de las UA de 3,000 ha y más, pues aunque el porcentaje en ambos censos es el mismo (1%), la superficie agropecuaria bajo su control subió de 46.8% en 1994 a 55.1% en 2012.
Durante estos últimos años se ha venido señalando un lento y silencioso proceso de concentración de tierras en el Perú, similar al que se viene dando en otros lugares del mundo. Las cifras del IV Cenagro lo confirman. Se ha dicho también que este proceso de concentración de tierras se viene dando sobre todo en la costa y en la selva. En un reciente número de La Revista Agraria se ha mostrado esta realidad para el caso de la costa, pues allí el 0.05% de las UA de más de 3,000 ha ubicadas en esa región concentran el 24.7% de la tierras de cultivo. Es decir, 18 empresas o grupos empresariales controlan el 24.7% de un total de 350,500 ha,  sin considerar en estos cálculos a las comunidades campesinas.

El importante crecimiento que desde la década de 1990 ha experimentado la agricultura, sobre todo la dedicada a la agroexportación, se sustenta no solo en el empuje de las empresas agrarias. Ellas han sabido aprovechar los beneficios que la Ley de Promoción Agraria, de 1996, los cuales han sido prorrogados hasta 2021, es decir una vigencia de más de 25 años. Esos beneficios otorgados por el Estado contemplan, entre otros, una rebaja del impuesto a la renta del 50% y un régimen laboral especial.

No planteamos que dichos beneficios sean recortados, pero al cabo de 18 años de su vigencia y considerando la preocupación por la inclusión social ¿no sería tiempo que el Estado brinde beneficios también a la agricultura familiar, cuyo número e importancia destacamos en nuestra columna anterior?

jueves, 19 de diciembre de 2013

Más palma, menos bosques

Artículo escrito por Alejandra Alayza, publicado en el diario La República. De acuerdo a reciente denuncia de la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo–SPDE, en los últimos meses empresas dedicadas al cultivo de la palma aceitera habrían deforestado 13.076 hectáreas de bosques primarios en la Amazonía con anuencia de las autoridades peruanas. Seguimos sumando casos y con ellos, hectáreas deforestadas.
La expansión de la agricultura extensiva de palma aceitera acelera el mercado de tierras en la Amazonía y presiona por el cambio de uso y recalificación de suelos para la expansión de sus cultivos. Informalmente, los precios operan como un incentivo perverso a la deforestación, pagando más por tierras de uso agrícola en zonas de bosques.
Pero también se hace legalmente. Según la denuncia de la SPDE, el Minagri y los gobiernos regionales de Loreto y Ucayali estarían adjudicando bosques como tierras rústicas, reclasificando tierras de aptitud forestal para uso agroindustrial y aprobando cuestionados EIA para proyectos agroindustriales. La Amazonía peruana está en la mira de una industria global de palma aceitera que requiere expandirse. Estemos prevenidos, y corrijamos desde ya el error.

El Censo Agrario y el Minifundio

Artículo escrito por Laureano del Castillo de CEPES, publicado en el diario La Primera. Retomando los temas relacionados al IV Censo Nacional agropecuario (IV Cenagro) realizado a fines del año pasado puede observarse que se ha producido un incremento de la superficie agropecuaria en el país de casi 10%. Pero más sorprendente aún es que el número de unidades agropecuarias (UA) se ha elevado 28% respecto del Censo de 1994, siendo ahora su número de 2’260,973 de UA.
En cuanto a la ubicación geográfica, el mayor crecimiento de las UA en términos absolutos se ha dado en la sierra del país (aumentando en 28%), aunque el incremento porcentual ha sido mayor en  la selva (110%), mostrando el avance sobre la zona amazónica, tanto de migrantes como de empresas. En la región de la costa las UA se han incrementado en 48%, resultado de la fragmentación de la tierra pero también debido a las nuevas irrigaciones.

Al presentar los datos del IV Cenagro, el INEI mostró que ese importante incremento de las unidades agropecuarias se concentra en el sector de pequeños agricultores. En efecto, las unidades agropecuarias de hasta 5 hectáreas representan ahora el 81.8% del total, cuando en 1994 eran 73.1%. Si sumamos las unidades que tienen entre 5 y 10 ha, tendremos que el 90.6% de las UA son pequeños agricultores o como se lo llama ahora, parte de la agricultura familiar.

Esas cifras parecerían darle la razón al Ministro de Agricultura, quien desde antes de conocerse los resultados finales del IV Cenagro expresaba su preocupación por la tendencia al incremento del minifundio. Esa preocupación debe traducirse en políticas favorables a la agricultura familiar, por varias razones: como en otros países, entre el 60 y el 70% de los alimentos de origen agrícola son producidos por la agricultura familiar; en 2012  la pobreza en el área rural afectó al 53,0% de la población (19,7% era considerada pobre extremo); y esas familias contribuyen decididamente a la conservación de la agrobiodiversidad; entre otras razones.

Tratando de distanciarse de los gobiernos precedentes, en la actual administración se ha intentado brindar mayor atención a la agricultura familiar a través de algunos programas, pero es mucho aún lo que debe hacerse. Entendiendo la política pública  como “la decisión gubernamental plasmada en la resolución de un problema en la comunidad” preocupa que, en vez de atender más a la agricultura familiar, las políticas agrarias sigan privilegiando el apoyo a los grandes productores agrarios. Seguiremos con este tema en la siguiente entrega.
Ver en: http://www.laprimeraperu.pe/online/columnistas-y-colaboradores/el-censo-agrario-y-el-minifundio_157784.html

viernes, 15 de noviembre de 2013

MAJES-SIGUAS, IRRIGACIONES E INEQUIDADES

Artículo escrito por Laureano del Castillo, de CEPES, publicado en el diario La Primera. Un nuevo  capítulo en el conflicto entre las autoridades y la población de Arequipa con las autoridades y pobladores de la provincia cusqueña de Espinar se desarrolla en estas semanas.
Cuando el conflicto estaba en su punto más alto el Tribunal Constitucional dispuso la realización de un nuevo y más profundo estudio de balance hídrico de las aguas del río Apurímac, el cual se encargó a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Este caso es solo una expresión, quizás la más conocida, de un problema que enfrenta a distintas poblaciones por el uso del agua. Recordemos el conflicto entre Moquegua y Arequipa por el uso del agua de la represa Pasto Grande, o el que enfrenta a Ica y Huancavelica por el mayor aprovechamiento de las aguas de la laguna Choclococha, o entre Ancash y La Libertad por el río Santa para el proyecto Chavimochic, entre otros. El anuncio del inicio del proyecto Pampas Verdes, para irrigar tierras con aguas de las alturas de Ayacucho se anuncia como un nuevo caso en esta lista de conflictos.

La causa de fondo es la idea de que el agua sobra en la sierra y la selva mientras que en la costa es escasa. En verdad, la afirmación responde a un hecho real de origen natural: el 98% del agua dulce superficial disponible en el país se encuentra en la vertiente del Atlántico, mientras menos del 2% está disponible para la vertiente del Pacífico, discurriendo por la costa y la parte occidental de los Andes. Pero ese hecho está asociado a la discutible consideración, vigente desde la época colonial, de que el agua es más útil y valiosa en la costa.

Esas consideraciones resultan difíciles de aceptar en estos tiempos, cuando el tema de la inclusión social resulta recurrente. Sostener que “el agua sobra” en las regiones altoandinas es pretender ignorar los problemas de pobreza que afectan todavía grandemente a las poblaciones rurales, en las que la escasez de recursos (tierra y agua sobre todo) constituye una clara limitante. Si las nuevas irrigaciones se orientan a la agroexportación se generarían importantes ingresos. Pero si solo se benefician unas pocas empresas, a costa de reducir tierras y agua a pobladores y comuneros pobres, el balance final en lo social resulta claramente deficitario. Dejemos de mirar solo el presente y los negocios de hoy, para pensar en el futuro de todos.

jueves, 7 de noviembre de 2013

Inversiones y economías emergentes

Artículo escrito por Alejandra Alayza y publicado en el diario La República. Mientras en las dos grandes negociaciones comerciales en curso, la del TPP en la cuenca del Pacífico y en el TLC entre los Estados Unidos y Europa, se promueve la continuidad del modelo de protección de inversiones de los Tratados Bilaterales de Inversión, existen cada vez más países que cuestionan y se separan de este modelo. Algunos de los países BRICSAM, importantes economías emergentes, son los principales desertores.

Recientemente Sudáfrica ha anunciado el término de los acuerdos bilaterales de inversión que tenía con Alemania, Países Bajos y Suiza. India advierte que solo firmaría un acuerdo de inversiones con los EE.UU. si se modifica el mecanismo de solución de controversia, y por su parte, Brasil ha evitado deliberadamente suscribir este tipo de compromisos.

Es cada vez más evidente que este modelo, no es un modelo único y mucho menos un modelo ganador. Para la atracción de inversiones, no hay vías únicas y la crisis advierte la necesidad de nuevos modelos.

jueves, 31 de octubre de 2013

¿Bio o Agro Combustibles?

Artículo escrito por Alejandra Alayza, publicado en el diario La República. Para enfrentar los problemas del calentamiento global derivados del uso de combustibles fósiles –y lejos de priorizar estrategias que reduzcan el uso de transporte–, a nivel global se impulsa el uso de biocombustibles, denominados así por ser de origen orgánico. Sin embargo, es necesario precisar la denominación y esclarecer el nombre, denominándolos agrocombustibles tanto por razones de origen como de impacto.

El biodiesel y bioetanol usan exclusivamente productos agroalimentarios, como el aceite de palma, la soya, caña de azúcar y cereales. La segunda, busca desmitificar la denominación “bio” que suele asociarse a lo ecológico o no contaminante. En un entorno creciente de estrés hídrico, producir 1 lt de agrocombustible requiere 2.500 lts de agua, agudizando el problema.

Ha incrementado la demanda global por tierras, acelerando procesos de cambio de uso de suelo y desforestación por la ampliación de la frontera agrícola. Este fenómeno se da también en el Perú, donde el azúcar para etanol en la costa y la palma en la selva están ya en carrera. ¿Cómo haríamos?

jueves, 19 de septiembre de 2013

CENSO AGROPECUARIO SANEAMIENTO DE LAS TIERRAS COMUNALES

Artículo escrito por Laureano del Castillo, Director Ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) y publicado en el diario La Primera. A poco de iniciado, este gobierno anunció su intención de impulsar una ley poniendo límites al tamaño de los predios agrarios frente a la concentración de tierras. El anterior Ministro de Agricultura decidió esperar los resultados del IV Censo Agropecuario. El actual Ministro,  Milton von Hesse, teniendo ya los resultados finales del Censo, ha reiterado su preocupación más bien por el aumento del minifundio y la reducción del promedio de las unidades agropecuarias.

Por razones de espacio, dejaremos para nuestra siguiente columna una revisión de las cifras del censo. En esta ocasión preferimos centrarnos en la necesaria atención a las comunidades campesinas y nativas, parte muy significativa de la agricultura familiar en nuestro país. Para ello nos referiremos nuevamente a las Directrices Voluntarias para la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional, aprobadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en mayo de 2012.

El prefacio del documento expresa que estas Directrices “tienen por objeto contribuir a los esfuerzos mundiales y nacionales para la erradicación del hambre y la pobreza, sobre la base de los principios del desarrollo sostenible y con el reconocimiento de la centralidad de la tierra para el desarrollo”.  Al desarrollar los principios rectores de la gobernanza responsable de la tenencia, el documento afirma que los Estados deberían “Dar reconocimiento y respetar a todos los titulares legítimos y sus derechos de tenencia. Deberían adoptar medidas razonables para identificar, registrar y respetar a los titulares y sus derechos, ya sea que estos últimos hayan sido registrados oficialmente o no…” (3.1.1).  Un poco más adelante, las Directrices sostienen que “los Estados deberían otorgar un reconocimiento legal a aquellos derechos legítimos de tenencia que actualmente no están protegidos por la ley…” (4.4).

El gobierno suscribió las Directrices y anunció su compromiso de aplicarlas. Entre las consecuencias de ello destacamos la necesidad de que el MINAGRI, a través del ente rector en materia de titulación de tierras, retome su obligación legal y moral de sanear las tierras de las comunidades campesinas y nativas, interrumpido hace largo tiempo. Como dicen las Directrices “unos derechos de tenencia inseguros se traducen en un aumento de la vulnerabilidad, el hambre y la pobreza, y pueden conducir a conflictos y a la degradación ambiental”. Asegurar la tenencia de las tierras comunales facilita también la inversión y evita conflictos, mejorando así la gobernanza.
Ver en: http://www.laprimeraperu.pe/online/columnistas-y-colaboradores/censo-agropecuario-saneamiento-de-las-tierras-comunales_149854.html

martes, 20 de agosto de 2013

Más desarrollo agrario, para superar la pobreza

Artículo escrito por Julio Gamero, especialista en derechos laborales y publicado en el diario La Primera. Los pequeños productores agrarios de nuestros andes centrales tienen más claro que muchos funcionarios, el objetivo anti pobreza de la promoción del desarrollo productivo. “No queremos pescado, queremos que nos enseñen a pescar” fue  la expresión de un agricultor, miembro de una asociación dedicada a la producción de hierbas aromáticas en Tayacaja.
Proveniendo de un poblador de una región con altos índices de pobreza resulta más elocuente lo expresado. Quizás habría sido de esperar un pedido por más ayuda social pero no, ellos demandan capacitación, asistencia técnica. Quieren fortalecer su capital humano para poder enfrentar el reto de lograr una mejor inserción en el mercado.
Por un principio de igualdad de oportunidades, la política pública hace bien en implementar el instrumento del PROCOMPITE que no es sino el cofinanciamiento del tesoro a iniciativas de los productores asociados. Equipamiento ligero, herramientas para el agro, pequeñas plantas de secado, de procesamiento, telares y similares encuentran así un medio efectivo para promover la capitalización del pequeño productor. Pero, la política pública viene obviando un aspecto importante: el capital físico requiere que dichos productores ganen más capacidades, más destrezas. “…que nos enseñen a pescar.”
Los gobiernos locales y regionales, entusiastas promotores de PROCOMPITE, señalan que no cuentan con ingenieros ni técnicos agrarios suficientes para acompañar los procesos de capacitación y asistencia técnica que resultan imprescindibles para aumentar el capital humano de los pequeño productores.  Que toda una provincia apenas cuente con 1 ingeniero y 1 técnico para “atender” a 16 distritos agropecuarios es un indicador muy claro de la necesidad de actualizar un modelo de extensión agrícola que se tuvo hace más de 20 años y que la reforma liberal de los noventa se encargó de suprimirlo con la creencia que se iba a generar un “mercado” de extensión agraria. Hasta hoy se sigue en dicha espera.
Hoy es imprescindible que la capacitación y asistencia técnica a los pequeños productores se erija en un objetivo de la política pública. No sólo por una cuestión de justicia sino porque ello aporta al cambio en la matriz extractivista que, lamentablemente, aún persiste.

viernes, 2 de agosto de 2013

Pequeña agricultura e Inclusión Social en 28

Artículo escrito por Alejandra Alayza y publicado en el diario La República. A pesar de que el propio gobierno había declarado este como el “Año de la inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”, la ausencia de estos temas en el mensaje del 28 alimentó los varios sinsabores. Ollanta relevó que la agricultura peruana es la de mayor crecimiento en la región. No está mal el entusiasmo, pero es clave saber que se refiere al crecimiento agroexportador que, como sabemos, desde hace varios gobiernos goza de beneficios y políticas de incentivos.

La seguridad alimentaria está en manos de la pequeña agricultura en el Perú, y de esta poco escuchamos el 28. El 60% de los alimentos que consumimos los peruanos  son producidos en 80% por pequeños productores agrarios. A pesar de su importancia, las políticas en el sector no han tenido el dinamismo que se esperaba en un año tan altamente encomendado. Humala ratifica su compromiso con la inclusión social, con una larga lista de programas sociales.
Nuevamente, se pierde en el camino una visión más integral para el campo y sus productores, para la alimentación de todos los peruanos.

Ver: http://www.larepublica.pe/columnistas/globalizaciones/pequena-agricultura-e-inclusion-social-en-28-31-07-2013