lunes, 22 de febrero de 2016
TPP vs el ambiente, solo uno puede ganar
Artículo escrito por Antonio Zambrano de Moccic, publicado en la Revista IDEELE. Como diría Woody Allen: "Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida". Si compartes este interés deberías leer las siguientes líneas y las muchas que empiezan a aparecer en todo el planeta en torno al conocido Acuerdo de Asociación Transpacífico o TPP.
La polémica se ha desatado en diferentes direcciones sobre este acuerdo. Se le ha venido discutiendo los pasados 5 años en profundo secreto y de pronto, sin un debate público en nuestro país ni en ningún otro, se ha firmado este 4 de febrero por los 12 países que componen la alianza. Si no fuese por la página web de filtraciones Wikileaks el mundo simplemente no estaría enterado del contenido del texto.
A pocas semanas de haber encabezado las negociaciones por el clima de la COP21 en París el Estado peruano entra a un cuadro de contradicción profunda al aceptar el documento que salió de estas negociaciones (conocido como "El acuerdo de París") y este otro que va en dirección completamente diferente. Yo me concentraré apenas en mencionar algunas aristas particularmente importantes y otras inclinadas al cambio climático.
Como bien se tiene registrado, nuestros glaciares se están derritiendo a una velocidad en las que es altamente probable que la mayoría de ellos deje de existir en las próximas décadas, el stress hídrico que esto generará para grandes ciudades como Lima, Arequipa o Piura irá en aumento en poco tiempo y modificará nuestras ciudades, nuestra tasa de deforestación no demuestra una disminución significativa rumbo a la "cero-deforestación" como alguna vez se propuso el Ministerio de Ambiente, las enfermedades como el dengue y la malaria se trasladan a zonas altas por el calentamiento de estas áreas en los andes, mientras la CEPAL nos advierte que países como el Perú empezarán a perder entre el 1,4 al 5% de su PBI todos los años solamente para resolver los problemas derivados por el cambio climático en el futuro inmediato.
Esto debería alarmarnos no solamente porque los datos son científicos y con posibilidades verdaderamente dramáticas sino porque ya están ocurriendo y tienen costos para nuestras sociedades desde hace años. El sentido común nos diría que una reacción acorde a la manifestación de estos problemas implicaría un rol rector mucho más amplio del Ministerio de Ambiente para proteger nuestra naturaleza, mayores estándares sociales y ambientales. Presupuesto acorde para desarrollar las estrategias de adaptación y prevención necesarias, un proceso de ordenamiento territorial participativo que involucre de manera masiva a la gente en el diseño de su futuro y un plan Nacional de Desarrollo que lleve consigo la voz de todos los sectores sociales.
Sin embargo la realidad parece estar en un lugar bastante distante y los pocos avances que se han tenido en política ambiental en los últimos años, como la aprobación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, Nuestras Contribuciones Nacionalmente Determinadas (INDC), o las Áreas y Parques Naturales creados por el Estado se encuentran en riesgo de ser letra muerta si el congreso ratifica nuestra firma del TPP. ¿Y esto porque?
De acuerdo a organizaciones ambientalistas a nivel mundial como Amigos de la Tierra "el TPP favorece garantías para inversiones corporativas por encima de las garantías para la naturaleza". "El acuerdo permite a las empresas extranjeras demandar a los Gobiernos por proteger el medioambiente". Y es que el TPP formula una arremetida sin precedentes contra la soberanía de los Estados y las naciones para definir sus políticas internas y garantizaría el derecho de las transnacionales en estos 12 países para garantizar sus ganancias extraordinarias a coste literal de vidas humanas y colapso de ecosistemas completos. Este ha sido considerado por muchos como el tratado comercial más grande y ambicioso de la historia y abarcaría el 40 % de la economía mundial (PBI Global). Se ha dicho que es un muro de contención estadounidense frente a China pero en realidad junto al TIPP (un acuerdo similar pero entre USA y la Unión Europea) lo que pretenden es reconfigurar la forma como entendemos el Estado y la economía global para crear un nuevo orden basado en el monopolio de ciertas transnacionales.
De acuerdo a un pronunciamiento emitido hace pocos días por la plataforma No Negociable1, a la cual nos suscribimos, podríamos resumir los peligros del acuerdo en cinco puntos:
El Acuerdo TPP vulnera el derecho a la salud y a la vida, creando nuevas formas de monopolio para los medicamentos biotecnológicos al otorgarles cinco años de protección de datos de prueba más tres años adicionales por otros mecanismos. De esa manera, se limita el ingreso de competidores y permite que las transnacionales farmacéuticas impongan precios altos que los hacen inaccesibles a sectores de bajos ingresos.
El TPP, en la sección sobre Derechos de Autor, se otorga protecciones excesivas a los titulares de derechos de autor, en desmedro del derecho de las personas de acceder a la cultura y al conocimiento. Este desequilibrio en nuestras políticas culturales es protegido por el TPP a través de procedimientos privados de retirada de contenidos de Internet, quitándoles jurisdicción a nuestros tribunales nacionales, afectando el debido proceso, la presunción de inocencia y las garantías para la libertad de expresión.
El TPP insiste en mecanismos de arbitraje extrajudicial contra el Estado peruano para la protección de las inversiones que, si bien ya existían gracias a otros acuerdos comerciales, sus impactos negativos para las poblaciones locales no han sido analizados. Nuestros gobiernos se están viendo forzados a eludir ciertas políticas de interés público, priorizando el derecho de las empresas por encima de los derechos de las personas.
El TPP no garantiza el cumplimiento de los derechos laborales internacionalmente reconocidos; por el contrario, promueve la vulneración de estos derechos en nombre de la competitividad y la atracción de las inversiones.
El TPP afecta la producción agrícola nacional al introducir acuerdos que restringen el libre intercambio de semillas entre productores, lo que vulnera el derecho a la soberanía alimentaria.
Con la ratificación del TPP por el congreso peruano en las próximas semanas o meses, las empresas, la explotación de recursos y sus transacciones comerciales estaría "protegidas" contra cualquier estándar ambiental que pretenda hacerle frente al cambio climático o a la degradación de los ecosistemas pero que obstaculice o reduzca los beneficios de las grandes corporaciones. En el documento (secreto) se habla de "autoregulación" de "Mecanismos flexibles" y "voluntarios" es decir, de proteger el medio ambiente cuando haya "voluntad política" para hacerlo y no cuando la norma lo sanciona, mientras sabemos que lo que no está en la ley no se respeta y que la mayoría de veces ni siquiera estando en ella logra cumplirse.
Estos elementos ya fueron mencionados por un articulo en The New York Times de octubre del año pasado donde se recalca que la flexibilización y reducción de políticas ambientales, llamadas también "nivelación" podrían ser en realidad una suerte de desbaratamiento de las mismas junto con las políticas laborales y sanitarias.
¿Como lograr de esta forma alcanzar el acuerdo de París sobre el clima que planteaba detener las emisiones de Gases de Efecto Invernadero para no superar los 2°c por encima de la temperatura promedio del planeta? simplemente no hay forma de intentar regular las emisiones desregulando el comercio mundial, siendo justamente este último uno de los principales emisores de GEI. Esta es una clara lucha entre dos proyectos diferentes, uno en el que es imprescindible frenar la contaminación de manera rápida y radical y otra que plantea exacerbarla a niveles no vistos el comercio y el consumo, dejando a la mano invisible y "autoregulada" del mercado hacer lo que sabe mejor: exfoliar y atentar contra los derechos de las naciones del mundo.
Queda claro que los pueblos de Japón, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y el propio EE.UU. debemos desde nuestras democracias decirle no al TPP, por el bien de ese futuro donde esperamos vivir.
Si nunca te haz enfermado ni te piensas enfermar, si nunca has descargado ningún contenido por internet ni lo haz compartido, si no te molesta que te puedan despedir del trabajo o que te hagan trabajar sin derechos y en malas condiciones, si no te incomoda que se afecte nuestra agrobiodiversidad y que te hagan comer alimentos potencialmente cancerígenos, es decir, que cambie profundamente nuestra rica comida, por el control de las semillas y la introducción de transgenicos, quizá no debería interesarte este acuerdo. Si es al revés es necesario empezar una gran discusión y tener en el camino la opción a decir un rotundo No al TPP.
Ver en: http://revistaideele.com/ideele/content/tpp-vs-el-ambiente-solo-uno-puede-ganar
1Nonegociable.pe
lunes, 18 de enero de 2016
Impactos de los acuerdos comerciales internacionales adoptados por el Estado peruano en el cumplimiento y promoción de los derechos humanos en el Perú
Publicación editada por la Red Peruana por una Globalización con Equidad - RedGE y escrita por el consultor Enrique Fernández-Maldonado, quien hace un análisis sobre las características e impactos de los acuerdos y tratados de libre comercio firmados por el Perú en los últimos años; particularmente, de los casos del Acuerdo Comercial con Estados Unidos (en adelante TLC Perú-EE.UU.) y el Acuerdo Comercial entre Colombia, Perú y la Unión Europea (en adelante TLC Colombia/Perú-UE). El documento finaliza con una serie de recomendaciones propuestas por organizaciones no gubernamentales y especialistas peruanos, orientadas a la implementación de políticas públicas y medidas administrativas que permitan, por un lado, reducir el margen de vulnerabilidad interna frente a los TLC firmados con economías más desarrolladas, así como potenciar las capacidades institucionales y productivas internas para capitalizar las oportunidades generadas en estos acuerdos; especialmente las vinculadas con el ejercicio y respeto de los derechos humanos de los sectores involucrados.
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jueves, 18 de junio de 2015
¿Por qué se quiere excluir y criminalizar a las rondas campesinas?
Artículo escrito por Pedro Castillo de CEPES, publicado en el Diario UNO. Mientras se sigue aprobando medidas para reactivar la economía, rebajando exigencias ambientales y vulnerando derechos sobre las tierras, de manera paralela, el Congreso busca aprobar un nuevo Código Penal. En medio de esos cambios se pretende desconocer a las rondas campesinas, un importante actor del mundo rural.
Las rondas surgieron en la sierra norte, particularmente en Cajamarca, Piura y Lambayeque, a mediados de la década de 1970, con el objetivo de defender a las comunidades contra el abigeato frente al nulo accionar del Estado. Años después, estas organizaciones se diseminaron en gran parte del país.
Actualmente no sólo velan por la seguridad de comuneros y campesinos y administran justicia, sino también asumen la representación y defensa de intereses colectivos relacionados a la explotación de recursos naturales en su ámbito de intervención (Cajamarca, Hualgayoc, Ferreñafe, Pitipo, etc.). Como interlocutor clave y legitimado en procesos ciudadanos que demandan el respeto a derechos colectivos, el objetivo de grupos empresariales extractivistas y del Estado es deslegitimar y proscribir su accionar.
Solo así se puede explicar la exclusión de estas organizaciones del dictamen del nuevo Código Penal. En efecto, el dictamen propuesto, en el capítulo sobre “Diversidad cultural y jurisdicción especial”, no las considera en su articulado, con la estratégica finalidad de criminalizarlas. Al tomar esta decisión, el Congreso niega lo avanzado en materia legal y el reconocimiento de las rondas otorgado por el propio Poder Judicial.
Este intento de exclusión respondería más a consideraciones políticas e intereses económicos que a cuestiones legales. El nivel de organización y resistencia de las rondas ha sido un freno para los inversionistas en su afán por apoderarse de los recursos naturales ubicados principalmente en territorio de comunidades. Por ello, las rondas son vistas por los poderes fácticos como “agentes conflictivos” y “anti desarrollo” del país, y por lo tanto un obstáculo para las inversiones que el gobierno promueve.
No solo está en juego el rol que cumplen las rondas en la administración de justicia sino también su capacidad de representación de los hombres y mujeres del campo y, por ello, de afirmación de sus derechos como ciudadanos, especialmente en un Estado que ofrece muy pocos canales democráticos para su participación.
Ver en: http://diariouno.pe/columna/por-que-se-quiere-excluir-y-criminalizar-a-las-rondas-campesinas/
jueves, 19 de febrero de 2015
Diálogos y la agenda pendiente
Artículo escrito por Laureano del Castillo de CEPES, publicado en el diario UNO. En estos días hemos visto un nuevo intento de acercamiento entre el gobierno y la oposición. Más allá de las ausencias, de las críticas al procedimiento y de las dudas sobre sus resultados concretos, conviene volver sobre los temas de fondo que subyacen a este intento de restablecer el diálogo democrático.
La idea de un diálogo democrático entre las fuerzas políticas solo tiene sentido si todos los participantes en el mismo ponen en el centro del debate el objeto último de la política, cual es que la sociedad pueda enfrentar y resolver los problemas derivados de la convivencia colectiva. Esa actividad, por tanto, tiene como norte la búsqueda del bien común, precisamente uno de los principios contenidos en nuestra Constitución. La parte final del artículo 44 de la vigente Carta Magna menciona que uno de los deberes primordiales del Estado es “promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”.
Más allá de las estrechas miradas que entienden la política como la lucha por el poder, lo importante es entender que queremos el poder para solucionar los problemas del país. Pero eso supone que dejemos de lado nuestros intereses inmediatos para mirar al país que se quiere gobernar. Aunque las estadísticas oficiales señalan que más de dos tercios de la población es urbana, usando los criterios de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, entidad a la que el Perú pretende incorporarse) nuestra población rural giraría alrededor del 46% del total. La inmensa mayoría de esa población está formada por lo que ahora se denomina agricultura familiar, incluyendo a los miembros de las comunidades campesinas y nativas.
Aunque la pobreza y la pobreza extrema se han reducido significativamente a nivel nacional, el sector rural sigue manteniendo cifras similares a años atrás e incluso, en algunos lugares ha empeorado. Sin embargo precisamente en esas zonas pobres, donde se asienta la agricultura familiar, se produce el 70% de los alimentos consumidos en las ciudades (cifras el Ministerio de Agricultura y Riego). Asimismo, en 2012, según la ENAHO, el Valor de la Producción Agrícola (VPA) alcanzó 12 mil 438 millones de soles, siendo responsable la agricultura familiar de 10 mil 753 millones de soles, representando el 86% del VPA nacional.
La búsqueda del bien común en nuestro país supone tomar en cuenta las necesidades de la agricultura familiar. Este debería ser, entonces, uno de los temas que deberían figurar en la agenda del nuevo intento de diálogo entre las fuerzas políticas.
viernes, 19 de diciembre de 2014
Culmina el Año de la Agricultura Familiar
Artículo escrito por Laureano del Castillo de CEPES, publicado en diario UNO. El año que acaba fue designado por la Asamblea General de Naciones Unidas como el Año de la Agricultura Familiar. En el Perú la denominación oficial fue Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático, quizás atendiendo a la realización de la reunión de la COP20 que acaba de culminar.
La denominación del año, se supone, debería orientar a todas las dependencias públicas para prestar mayor atención al tema escogido. No parece ser el caso de la agricultura familiar en nuestro país, pues recién en mayo se instaló la Comisión multisectorial “Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014”. Dicha Comisión, de naturaleza temporal, funcionará hasta el 31 de marzo de 2015 y debe proponer e implementar el programa de actividades oficiales que se desarrolle en el marco de Año de la Agricultura Familiar.
En el acto de instalación de la referida Comisión el Viceministro de Políticas Agrarias del MINAGRI, César Sotomayor, recalcó que la agricultura familiar es la forma predominante en la producción de alimentos y, citando a la FAO, señaló que el 70% de las necesidades alimenticias son cubiertas por la agricultura familiar. El Viceministro destacó que, según el Censo Agrario de 2012, los pequeños productores son 2 millones 260 mil, la mayoría de los cuales se ubica en la sierra y en comunidades campesinas y nativas. Esas y otras razones deberían llevar a nuestras autoridades a aplicar políticas y medidas articuladas y sostenidas en el tiempo que permitan atender a nuestra agricultura, mayoritariamente formada por pequeños agricultores y minifundistas.
Un reciente estudio de CEPES ha propuesto algunos lineamientos de política para la promoción de la agricultura familiar a la citada Comisión Multisectorial: acceso y seguridad sobre la tierra y al agua, fortalecimiento y desarrollo de capacidades, mejoramiento de la producción, mejoramiento de acceso a mercados, seguridad alimentaria, inversión para la dotación de bienes públicos con enfoque territorial, asociatividad, y sostenibilidad ambiental y gestión de riesgos. Corresponde a la Comisión Multisectorial discutir esas propuestas, enriquecerlas o precisarlas, de modo de aprobar una política diseñada para ese gran sector de la agricultura nacional. Quizás haya necesidad de priorizar algunas de esas medidas, pero será un avance frente a la contradicción que significa tener una Constitución que declara el compromiso del Estado de apoyar “preferentemente el desarrollo agrario” (artículo 88) y la práctica de estas últimas décadas de promover especialmente a las empresas agroexportadoras.
Se necesitará adicionalmente considerar algunos enfoques, como la intersectorialidad, la territorialidad, la interculturalidad y la heterogeneidad. Es que nuestra biodiversidad incluye también personas, pueblos y culturas diversos.
Ver en: http://diariouno.pe/columna/culmina-el-ano-de-la-agricultura-familiar/
lunes, 11 de agosto de 2014
El Paquetazo ambiental es una Aplanadora de derechos sobre la tierra
Artículo escrito por Pedro Castillo de CEPES, publicado en el diario UNO. El último doce de julio el Congreso de la República aprobó la Ley 30230, que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, norma conocida como ley del Paquetazo ambiental.
En estos casi treinta días de vigencia de la norma la mayoría de críticas a la misma descansan sobre su aspecto ambiental pero se ha dejado de lado todo lo relacionado al saneamiento físico legal de predios para proyectos de inversión.
Bajo el argumento de promover las inversiones para evitar la desaceleración de la economía nacional se crean procedimientos especiales y extraordinarios para entregar derechos sobre la tierra a favor de proyectos de inversión sin importar su uso actual o futuro.
En efecto, basta revisar los primeros artículos del Título III de la ley (art 36 - art 38) para caer en la cuenta que se otorgarán una serie de derechos a favor de proyectos de gran envergadura (ampliación de frontera agrícola, minería, hidrocarburos, forestales, etc.) con el objetivo de propiciar la eficiencia en su administración.
Dicho de otro modo, se concederán derechos sobre la tierra para que dichos proyectos – y sus inversionistas - no tengan ningún tipo de problema cuando desarrollen sus actividades. ¿A qué problemas nos referimos? Evidentemente a los conflictos socioambientales por el aprovechamiento de la tierra y otros recursos naturales que generan los pueblos indígenas que viven organizados en las 6,069 comunidades campesinas y 1,469 comunidades nativas de todo el país. Si consideramos que el 72.7% (5,483) de comunidades (campesinas y nativas) no tiene cómo acreditar fehacientemente su derecho de propiedad pues la localización y extensión de sus tierras no están georreferenciadas se puede deducir que este grupo de peruanos y peruanas serán los más afectados con esta norma.
Hay que destacar que la norma no solo entregará derechos sobre la tierra a los inversionistas sobre el área de influencia directa de sus proyectos sino que inclusive otorgará derechos sobre el área de influencia indirecta. ¿Para qué sanear tierras de influencia indirecta a favor de las inversiones? ¿Cuál es la razón?
En su momento se saludó la iniciativa respecto al saneamiento de la propiedad rural, incluida las comunidades, con el apoyo del BID; pensando que por fin el Estado peruano cumpliría con una tarea que tiene pendiente desde hace años. Sin embargo, esta nueva ley norma se trae al suelo estas expectativas. Una vez más se legisla en contra del respeto, reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos territoriales de las comunidades del país.
Ver en: http://diariouno.pe/columna/el-paquetazo-ambiental-es-una-aplanadora-de-derechos-sobre-la-tierra/
jueves, 12 de junio de 2014
La Defensoría y las tierras comunales
Artículo escrito por Laureano del Castillo de CEPES, publicado en el diario La Primera. En nuestra columna de abril pasado nos
referimos al tema de la titulación de tierras agrícolas, demandando atención
especial para la situación de las comunidades campesinas y nativas.
Resulta grato por ello informar que en
días pasados la Defensoría del Pueblo publicó el informe N°
002-2014-DP/AMASPPI-PPI, “Análisis de la política pública sobre reconocimiento
y titulación de las comunidades campesinas y nativas”, el que fue remitido al
Ministerio de Agricultura y Riego.[1]
El
documento empieza recordando la obligación constitucional del Estado de
garantizar el derecho de propiedad de las tierras de las comunidades campesinas
y nativas, cuyo incumplimiento ha generado problemas, expresados en quejas y
pedidos de intervención a la Defensoría del Pueblo. En base a la supervisión
realizada a 22 gobiernos regionales la Defensoría concluyó en la existencia de
siete problemas a la base de esas dificultades: a) ausencia de una normativa
integrada y actualizada sobre reconocimiento y titulación de comunidades; b)
falta de una rectoría adecuada en torno a esas funciones; c) falta de
información centralizada sobre el número de comunidades; d) insuficiencia en la
capacitación del personal a cargo de dichas tareas; e) falta de difusión de
derechos y de adecuación de instrumentos de gestión; f) falta de priorización
presupuestal para el reconocimiento y titulación comunal; y g) falta de
lineamientos para el tratamiento de controversias por superposición de
derechos.
El
informe concluye recomendando al Congreso la revisión de la normatividad sobre
comunidades campesinas y nativas para simplificar los correspondientes
procedimientos administrativos. Al Ministerio de Agricultura y Riego se recomienda designar una autoridad del más
alto nivel a su interior, con capacidad de ejercer una adecuada rectoría en
estas materias, de modo de orientar las capacidades de los gobiernos
regionales, la cual debe tener a su cargo la actualización del catastro de
propiedad rural. Asimismo, se recomienda al MINAGRI elaborar, con las
Direcciones Agrarias de los gobiernos regionales, un registro unificado de las
comunidades campesinas y nativas, así como emitir lineamientos para enfrentar
las controversias relacionadas con el derecho de propiedad de las comunidades.
Entre
las varias recomendaciones a los gobiernos regionales, la Defensoría señala la
necesidad de asegurar la provisión de recursos económicos para atender estas
funciones, priorizar la contratación de personal idóneo y suficiente, así como
producir materiales de difusión para las comunidades. La pelota, entonces, está
ahora en la cancha de estas entidades.
[1]
Puede verse el texto en <http://www.defensoria.gob.pe/Downloads/descarga/Informe-002-2014-DP-AMASPPI-PPI.pdf
martes, 22 de abril de 2014
Titulación de tierras
Artículo escrito por Laureano del Castillo, coordinador ejecutivo de CEPES, publicado en el diario La Primera. A inicios del año pasado un decreto
supremo estableció que la rectoría en materia de saneamiento de la propiedad
rural era responsabilidad del Ministerio de Agricultura. Meses después se
modificó la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y
Riego, incorporando dicha función entre las funciones del MINAGRI.
Retrocedamos un poco para entender la
importancia de dichas normas. Tradicionalmente las tareas vinculadas a la
titulación de predios rurales, incluyendo la titulación de comunidades
campesinas y la demarcación de las comunidades nativas, estuvieron a cargo del
Ministerio de Agricultura. En 1992 se creó el Proyecto Especial de Tierras y
Catastro Rural –PETT-, con el encargo de sanear las propiedades que habían sido
expropiadas en el proceso de reforma agraria. Años después, habida cuenta del
enorme peso de la informalidad de los derechos de propiedad en el mundo rural,
con el apoyo del BID, se impulsó el Proyecto de Titulación y Registro de
Tierras, proyecto que se replicó.
En 2007, ante las denuncias de corrupción,
el PETT fue absorbido por COFOPRI, curiosamente una entidad encargada del
saneamiento de la propiedad urbana. Nuevas denuncias de corrupción hicieron el
mismo gobierno decidiera que las funciones en materia de predios rurales sean
asumidas por los gobiernos regionales. En verdad, así estuvo establecido desde
2002, en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Aquí se originó un problema,
pues si bien los gobiernos regionales son los ejecutores de esta función, no
quedó claro qué entidad del Estado señalaría las pautas comunes y mínimas que
debe respetar cada gobierno regional.
Ese conflicto fue el que las normas mencionadas
solucionaron. Pero han pasado ya varios meses y se requiere pasar a la acción. Ahora
se está terminando de afinar un nuevo proyecto de titulación masiva, con apoyo
del BID, y se ha visto la necesidad de priorizar los sectores a atender, pues
las necesidades de formalización son muy grandes. Allí es donde pensamos que, a
diferencia de los dos proyectos anteriores, debería brindarse mayor atención al
problema de falta de títulos y de catastro de las comunidades campesinas y
nativas. En otras columnas hemos reclamado el cumplimiento de esta responsabilidad
del Estado, por razones de justicia pero también por su innegable aporte a la
paz y el desarrollo nacional.
Ver
en: http://laprimeraperu.pe/columna/titulacion-de-tierras/
jueves, 27 de marzo de 2014
El Niño que nadie espera
Artículo escrito por Laureano del Castillo de CEPES, publicado en el diario La Primera. Se anuncia
la cercanía del evento El Niño en nuestras costas. Hoy sabemos que no es un
“fenómeno” (como nos enseñaron en el colegio) sino un hecho recurrente, que
parece haberse vuelto más frecuente. Sus secuelas son conocidas: lluvias e
inundaciones, pero también sequías.
Precisamente
la sequía en el norte del país ha ocupado las noticias de las semanas
anteriores. Se ha recordado que estos eventos son recurrentes (tal como las
heladas, en época de invierno en las zonas altoandinas) y se han ensayado
medidas de emergencia, para evitar la pérdida de cultivos, como derivar aguas
del proyecto Olmos a los arrozales en el valle de Chancay-Lambayeque. Pero los
daños siguen siendo enormes.
Organismos
internacionales estiman que cada año se pierden en el mundo alrededor de 42 mil
millones de dólares debido a la desertificación y la degradación de las tierras
en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas. Esa es una de las preocupaciones que
inspiraron la aprobación de la Convención de Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación y la Sequía, de la que nuestro país es parte. De
todos los eventos extremos, las sequías son las que causan los mayores daños que,
como suele suceder, afectan sobre todo a la población más empobrecida. Las
sequías no son aparatosas como una inundación o un huracán, ni tienen inicio ni
final preciso, pero producen enormes daños y afectan los medios de vida de las
peruanas y los peruanos.
Hay
algunos avances en esta materia, como el “Plan de Adaptación al Cambio
Climático del Sector Agrario 2005-2015” (Plan GRACC), que identifica zonas de
potencial peligro a la sequía a nivel nacional, y el “Plan de Prevención ante
la presencia de fenómenos naturales por inundaciones, deslizamientos, huaycos y
sequías”. Pero, como quedó evidenciado en el taller internacional "Desarrollo de Capacidades
en apoyo a las Políticas Nacionales de Gestión de Sequías", se
requiere un Plan Nacional, donde se definan responsabilidades claras
(funciones, coordinación y también los recursos necesarios) de los tres niveles
de gobierno, así como de la sociedad, para prepararse para estos eventos. Solo
para tomar un ejemplo de la situación actual: mientras SENAMHI monitorea la
sequía en el sur, el MINAGRI evalúa sus perjuicios en la costa norte.
jueves, 20 de marzo de 2014
Tierras, Coca cola y Pepsico
Artículo escrito por Alejandra Alayza, de OXFAM, publicado en el diario La República. En los últimos meses Coca Cola y
Pepsico, dos gigantes de la industria de las bebidas, han respondido a la
presión de sus consumidores y han dado un primer paso comprometiéndose a una
política de "tolerancia cero" del acaparamiento de tierras en sus
cadenas de producción. Este compromiso fue asumido luego de que se denunciaran
casos de desplazamiento de comunidades rurales en Brasil y otros países por
parte de empresas proveedoras de estas marcas.
A nivel global la presión por el
acceso a tierras acelera el desplazamiento de comunidades locales, afectando su
derecho a la tierra. El caso del azúcar es particularmente sensible a nivel
global. Se estima que el comercio internacional de azúcar asciende a US$ 47.000
millones y que la producción de azúcar se incrementaría en 25% al 2020.
Más de la mitad de la producción
destinada hacia esta gran industria de alimentos y bebidas, confirmando el rol
estratégico que esta industria juega para definir condiciones para el acceso a
tierras. La reacción de Coca cola y Pepsico es expresión de un poder ciudadano
en crecimiento. La presión desde su dimensión de consumidores sobre los
mercados permite reforzar el cumplimiento de derechos. Celebramos el cambio de
las políticas, y ahora vigilemos el cambio de prácticas.
La informalidad laboral en la microempresa: ¿tuvieron impacto las leyes emitidas?
Artículo escrito por Julio Gamero, consultor de la RedGE, publicado en el diario La Primera. Tras
11 años de vigencia de sucesivas leyes que buscaron formalizar el empleo en la
microempresa se hace necesario un balance de la 28015 (julio 2003) y de la 1086
(setiembre 2008), más aún en una coyuntura en la que se quiere vincular la
presencia del salario mínimo con la persistencia de elevados niveles de
informalidad laboral, precisamente en dicho sector.
En
el país ya se han ensayado políticas que recomendaban reducir los costos
laborales para formalizar el empleo. La prueba es la normativa referida. Con la
primera ley –a través del Régimen Laboral Especial (RLE)- se redujo el costo
laboral (el salario anual) en 29,3%[1]
y con la segunda, se convirtió en permanente el RLE que era de carácter
temporal y se amplió su cobertura hasta involucrar empresas de menos de 100
trabajadores.
¿Han tenido un impacto efectivo dichas normas
en la reducción de la informalidad laboral? Al menos en el sector de la
microempresa su influencia parece que ha sido marginal, a tenor de la evidencia
empírica referida en el gráfico adjunto.
De acuerdo con el MTPE, la informalidad
laboral en dicho sector ha disminuido en 3,2 puntos del 2005 al 2013. Por su
parte, en todo el sector asalariado privado la disminución ha sido mayor. En
igual periodo, la informalidad laboral ha disminuido en 12,5 puntos, lo que
indica que la disminución ha sido muy superior en el segmento no mype, por así
decirlo.
Estos resultados, al menos, nos alertan que
la disminución de costos laborales no era el factor determinante de la
informalidad laboral en la microempresa, si no su tasa de disminución tendría
que haber sido superior a la de todo el sector asalariado privado.
Lo que se requiere son políticas, con
presupuesto, que se concentren en aumentar la productividad de dicho sector
para que se inserte de mejor manera en el mercado y pueda generar más excedente
económico. Las políticas de bajar costos laborales sólo precarizan el empleo.
lunes, 17 de febrero de 2014
Disponiendo de lo ajeno
Artículo escrito por Laureano del Castillo de CEPES, publicado en el diario La Primera. Hace unos días, el editorial del diario El
Comercio se dedicó a defender la titulación de predios rurales en las
comunidades campesinas. Pero no era para garantizar el derecho de propiedad de
estas organizaciones, junto con las municipalidades, la principal organización
del mundo rural peruano. Como afirma en su subtítulo “La titulación de predios
rurales debe llegar al interior de las comunidades campesinas”.
El editorial empieza saludando el anuncio
del Ministerio de Agricultura de la obtención de un crédito de una entidad
multilateral para financiar el programa de titulación rural, actividad
desatendida por el Estado en los años anteriores. La nota celebra que con esta
acción se enfrente la injusticia que pesa especialmente sobre los agricultores
de la sierra “donde se concentra buena parte de los predios sin titular”. Pero
el editorialista lamenta que no se haya considerado titular la propiedad
individual al interior de las comunidades campesinas. El argumento ya lo hemos
escuchado en anteriores oportunidades, para levantar la idea de la destrucción
de la propiedad de las comunidades, con la idea de construir un país de
ciudadanos. Vaya, que son las mismas ideas que inspiraron al Libertador Bolívar
en 1824, pero que tuvo que morigerar al año siguiente.
Con la intención de sustentar sus ideas,
recurren a la Constitución Política, pero haciendo una mala lectura, pues
invocan la inembargabilidad de las tierras comunales, eliminada en la
Constitución de 1993. En su lectura sesgada, omiten el reconocimiento que hizo
la Constitución de 1993, igual que sus precedentes de 1933 y de 1979, respecto
de la autonomía de las comunidades campesinas.
El pretendido beneficio de la titulación
individual no es tal si vemos que, más allá de la complejidad de entregar
títulos a los comuneros por las varias parcelas que usualmente poseen dentro de
la comunidad, el tamaño de dichas propiedades no alcanza para servir como
instrumento de garantía para obtener créditos de las instituciones financieras.
Por el contrario, fomentar, como hace dicho editorial la generalización de la
propiedad individual, no solo debilitaría aún más una institución social muy
importante en el agreste mundo andino sino que facilitaría la disposición de
sus tierras. Pero no se han preguntado los autores del editorial cómo vivirían
los campesinos con el dinero que obtengan.
Ver
en: http://www.laprimeraperu.pe/online/columnistas-y-colaboradores/disponiendo-de-lo-ajeno_162603.html
lunes, 6 de enero de 2014
El Censo Agrario y el nuevo latifundio
Artículo escrito por Laureano del Castillo de CEPES, publicado en el diario La Primera. Nos ocupamos en nuestra anterior columna
del IV Censo Nacional Agropecuario (IV Cenagro) en relación con la pequeña
propiedad y demandamos para este mayoritario sector del agro el apoyo que sí
recibe el sector de agricultores modernos. Hoy seguiremos revisando las cifras del
IV Cenagro.
Así, el IV Cenagro da cuenta que las
Unidades Agropecuarias (UA) de más de 1,000 hasta casi 3,000 ha constituyen el
1% y concentran el 9.2% del total de la superficie agropecuaria. Comparativamente,
respecto del Censo de 1994, la proporción de estas UA se mantiene igual, aunque
el porcentaje de la superficie agropecuaria que tenían ha descendido
ligeramente (era 10.7% entonces). Distinto es el caso de las UA de 3,000 ha y
más, pues aunque el porcentaje en ambos censos es el mismo (1%), la superficie
agropecuaria bajo su control subió de 46.8% en 1994 a 55.1% en 2012.
Durante estos últimos años se ha venido
señalando un lento y silencioso proceso de concentración de tierras en el Perú,
similar al que se viene dando en otros lugares del mundo. Las cifras del IV
Cenagro lo confirman. Se ha dicho también que este proceso de concentración de
tierras se viene dando sobre todo en la costa y en la selva. En un reciente
número de La Revista Agraria se ha
mostrado esta realidad para el caso de la costa, pues allí el 0.05% de las UA
de más de 3,000 ha ubicadas en esa región concentran el 24.7% de la tierras de
cultivo. Es decir, 18 empresas o grupos empresariales controlan el 24.7% de un
total de 350,500 ha, sin considerar en
estos cálculos a las comunidades campesinas.
El importante crecimiento que desde la
década de 1990 ha experimentado la agricultura, sobre todo la dedicada a la
agroexportación, se sustenta no solo en el empuje de las empresas agrarias.
Ellas han sabido aprovechar los beneficios que la Ley de Promoción Agraria, de
1996, los cuales han sido prorrogados hasta 2021, es decir una vigencia de más
de 25 años. Esos beneficios otorgados por el Estado contemplan, entre otros,
una rebaja del impuesto a la renta del 50% y un régimen laboral especial.
No planteamos que dichos beneficios sean
recortados, pero al cabo de 18 años de su vigencia y considerando la
preocupación por la inclusión social ¿no sería tiempo que el Estado brinde
beneficios también a la agricultura familiar, cuyo número e importancia
destacamos en nuestra columna anterior?
jueves, 19 de diciembre de 2013
Más palma, menos bosques
Artículo escrito por Alejandra Alayza, publicado en el diario La República. De acuerdo a reciente denuncia de la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo–SPDE, en los últimos meses empresas dedicadas al cultivo de la palma aceitera habrían deforestado 13.076 hectáreas de bosques primarios en la Amazonía con anuencia de las autoridades peruanas. Seguimos sumando casos y con ellos, hectáreas deforestadas.
La expansión de la agricultura extensiva de palma aceitera acelera el mercado de tierras en la Amazonía y presiona por el cambio de uso y recalificación de suelos para la expansión de sus cultivos. Informalmente, los precios operan como un incentivo perverso a la deforestación, pagando más por tierras de uso agrícola en zonas de bosques.
Pero también se hace legalmente. Según la denuncia de la SPDE, el Minagri y los gobiernos regionales de Loreto y Ucayali estarían adjudicando bosques como tierras rústicas, reclasificando tierras de aptitud forestal para uso agroindustrial y aprobando cuestionados EIA para proyectos agroindustriales. La Amazonía peruana está en la mira de una industria global de palma aceitera que requiere expandirse. Estemos prevenidos, y corrijamos desde ya el error.
El Censo Agrario y el Minifundio
Artículo escrito por Laureano del Castillo de CEPES, publicado en el diario La Primera. Retomando los temas relacionados al IV
Censo Nacional agropecuario (IV Cenagro) realizado a fines del año pasado puede
observarse que se ha producido un incremento de la superficie agropecuaria en
el país de casi 10%. Pero más sorprendente aún es que el número de unidades
agropecuarias (UA) se ha elevado 28% respecto del Censo de 1994, siendo ahora
su número de 2’260,973 de UA.
En cuanto a la ubicación geográfica, el
mayor crecimiento de las UA en términos absolutos se ha dado en la sierra del
país (aumentando en 28%), aunque el incremento porcentual ha sido mayor en la selva (110%), mostrando el avance sobre la
zona amazónica, tanto de migrantes como de empresas. En la región de la costa
las UA se han incrementado en 48%, resultado de la fragmentación de la tierra
pero también debido a las nuevas irrigaciones.
Al presentar los datos del IV Cenagro, el
INEI mostró que ese importante incremento de las unidades agropecuarias se
concentra en el sector de pequeños agricultores. En efecto, las unidades
agropecuarias de hasta 5 hectáreas representan ahora el 81.8% del total, cuando
en 1994 eran 73.1%. Si sumamos las unidades que tienen entre 5 y 10 ha,
tendremos que el 90.6% de las UA son pequeños agricultores o como se lo llama
ahora, parte de la agricultura familiar.
Esas cifras
parecerían darle la razón al Ministro de Agricultura, quien desde antes de
conocerse los resultados finales del IV Cenagro expresaba su preocupación por la
tendencia al incremento del minifundio. Esa preocupación debe traducirse en
políticas favorables a la agricultura familiar, por varias razones: como en
otros países, entre el 60 y el 70% de los alimentos de origen agrícola son
producidos por la agricultura familiar; en 2012
la pobreza en el área rural afectó al 53,0% de la población (19,7% era
considerada pobre extremo); y esas familias contribuyen decididamente a la
conservación de la agrobiodiversidad; entre otras razones.
Tratando de distanciarse de los gobiernos
precedentes, en la actual administración se ha intentado brindar mayor atención
a la agricultura familiar a través de algunos programas, pero es mucho aún lo
que debe hacerse. Entendiendo la política pública como “la decisión gubernamental plasmada en
la resolución de un problema en la comunidad” preocupa que, en vez de atender más a la
agricultura familiar, las políticas agrarias sigan privilegiando el apoyo a los
grandes productores agrarios. Seguiremos con este tema en la siguiente entrega.
Ver
en: http://www.laprimeraperu.pe/online/columnistas-y-colaboradores/el-censo-agrario-y-el-minifundio_157784.html
viernes, 15 de noviembre de 2013
MAJES-SIGUAS, IRRIGACIONES E INEQUIDADES
Artículo escrito por Laureano del Castillo, de CEPES, publicado en el diario La Primera. Un nuevo
capítulo en el conflicto entre las autoridades y la población de
Arequipa con las autoridades y pobladores de la provincia cusqueña de Espinar
se desarrolla en estas semanas.
Cuando el conflicto estaba en su punto más
alto el Tribunal Constitucional dispuso la realización de un nuevo y más
profundo estudio de balance hídrico de las aguas del río Apurímac, el cual se
encargó a la Oficina
de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Este caso es solo una
expresión, quizás la más conocida, de un problema que enfrenta a distintas
poblaciones por el uso del agua. Recordemos el conflicto entre Moquegua y
Arequipa por el uso del agua de la represa Pasto Grande, o el que enfrenta a
Ica y Huancavelica por el mayor aprovechamiento de las aguas de la laguna
Choclococha, o entre Ancash y La Libertad por el río Santa para el proyecto
Chavimochic, entre otros. El anuncio del inicio del proyecto Pampas Verdes,
para irrigar tierras con aguas de las alturas de Ayacucho se anuncia como un
nuevo caso en esta lista de conflictos.
La causa de fondo es la idea de que el
agua sobra en la sierra y la selva mientras que en la costa es escasa. En
verdad, la afirmación responde a un hecho real de origen natural: el 98% del
agua dulce superficial disponible en el país se encuentra en la vertiente del
Atlántico, mientras menos del 2% está disponible para la vertiente del
Pacífico, discurriendo por la costa y la parte occidental de los Andes. Pero
ese hecho está asociado a la discutible consideración, vigente desde la época
colonial, de que el agua es más útil y valiosa en la costa.
Esas consideraciones resultan difíciles de
aceptar en estos tiempos, cuando el tema de la inclusión social resulta
recurrente. Sostener que “el agua sobra” en las regiones altoandinas es
pretender ignorar los problemas de pobreza que afectan todavía grandemente a
las poblaciones rurales, en las que la escasez de recursos (tierra y agua sobre
todo) constituye una clara limitante. Si las nuevas irrigaciones se orientan a
la agroexportación se generarían importantes ingresos. Pero si solo se
benefician unas pocas empresas, a costa de reducir tierras y agua a pobladores
y comuneros pobres, el balance final en lo social resulta claramente
deficitario. Dejemos de mirar solo el presente y los negocios de hoy, para
pensar en el futuro de todos.
jueves, 7 de noviembre de 2013
Inversiones y economías emergentes
Artículo escrito por Alejandra Alayza y publicado en el diario La República. Mientras en las dos grandes
negociaciones comerciales en curso, la del TPP en la cuenca del Pacífico y en
el TLC entre los Estados Unidos y Europa, se promueve la continuidad del modelo
de protección de inversiones de los Tratados Bilaterales de Inversión, existen
cada vez más países que cuestionan y se separan de este modelo. Algunos de los
países BRICSAM, importantes economías emergentes, son los principales
desertores.
Recientemente Sudáfrica ha
anunciado el término de los acuerdos bilaterales de inversión que tenía con
Alemania, Países Bajos y Suiza. India advierte que solo firmaría un acuerdo de
inversiones con los EE.UU. si se modifica el mecanismo de solución de
controversia, y por su parte, Brasil ha evitado deliberadamente suscribir este
tipo de compromisos.
Es cada vez más evidente que este
modelo, no es un modelo único y mucho menos un modelo ganador. Para la
atracción de inversiones, no hay vías únicas y la crisis advierte la necesidad
de nuevos modelos.
jueves, 31 de octubre de 2013
¿Bio o Agro Combustibles?
Artículo escrito por Alejandra Alayza, publicado en el diario La República. Para enfrentar los problemas del
calentamiento global derivados del uso de combustibles fósiles –y lejos de
priorizar estrategias que reduzcan el uso de transporte–, a nivel global se
impulsa el uso de biocombustibles, denominados así por ser de origen orgánico.
Sin embargo, es necesario precisar la denominación y esclarecer el nombre,
denominándolos agrocombustibles tanto por razones de origen como de impacto.
El biodiesel y bioetanol usan
exclusivamente productos agroalimentarios, como el aceite de palma, la soya,
caña de azúcar y cereales. La segunda, busca desmitificar la denominación “bio”
que suele asociarse a lo ecológico o no contaminante. En un entorno creciente
de estrés hídrico, producir 1 lt de agrocombustible requiere 2.500 lts de agua,
agudizando el problema.
Ha incrementado la demanda global
por tierras, acelerando procesos de cambio de uso de suelo y desforestación por
la ampliación de la frontera agrícola. Este fenómeno se da también en el Perú,
donde el azúcar para etanol en la costa y la palma en la selva están ya en
carrera. ¿Cómo haríamos?
jueves, 19 de septiembre de 2013
CENSO AGROPECUARIO SANEAMIENTO DE LAS TIERRAS COMUNALES
Artículo escrito por Laureano del Castillo, Director Ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) y publicado en el diario La Primera. A poco de iniciado, este gobierno anunció su
intención de impulsar una ley poniendo límites al tamaño de los predios
agrarios frente a la concentración de tierras. El anterior Ministro de
Agricultura decidió esperar los resultados del IV Censo Agropecuario. El actual
Ministro, Milton von Hesse, teniendo ya
los resultados finales del Censo, ha reiterado su preocupación más bien por el
aumento del minifundio y la reducción del promedio de las unidades
agropecuarias.
Por razones de espacio, dejaremos para
nuestra siguiente columna una revisión de las cifras del censo. En esta ocasión
preferimos centrarnos en la necesaria atención a las comunidades campesinas y
nativas, parte muy significativa de la agricultura familiar en nuestro país.
Para ello nos referiremos nuevamente a las Directrices
Voluntarias para la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la
Pesca y los Bosques en el contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional, aprobadas
por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en mayo de 2012.
El prefacio del documento expresa que
estas Directrices “tienen por objeto contribuir a los esfuerzos mundiales y
nacionales para la erradicación del hambre y la pobreza, sobre la base de los
principios del desarrollo sostenible y con el reconocimiento de la centralidad
de la tierra para el desarrollo”. Al
desarrollar los principios rectores de la gobernanza responsable de la
tenencia, el documento afirma que los Estados deberían “Dar reconocimiento y
respetar a todos los titulares legítimos y sus derechos de tenencia. Deberían
adoptar medidas razonables para identificar, registrar y respetar a los
titulares y sus derechos, ya sea que estos últimos hayan sido registrados
oficialmente o no…” (3.1.1). Un poco más
adelante, las Directrices sostienen que “los Estados deberían otorgar un
reconocimiento legal a aquellos derechos legítimos de tenencia que actualmente
no están protegidos por la ley…” (4.4).
El gobierno suscribió las Directrices y
anunció su compromiso de aplicarlas. Entre las consecuencias de ello destacamos
la necesidad de que el MINAGRI, a través del ente rector en materia de
titulación de tierras, retome su obligación legal y moral de sanear las tierras
de las comunidades campesinas y nativas, interrumpido hace largo tiempo. Como
dicen las Directrices “unos derechos de tenencia inseguros se traducen en un
aumento de la vulnerabilidad, el hambre y la pobreza, y pueden conducir a
conflictos y a la degradación ambiental”. Asegurar la tenencia de las tierras
comunales facilita también la inversión y evita conflictos, mejorando así la
gobernanza.
Ver
en: http://www.laprimeraperu.pe/online/columnistas-y-colaboradores/censo-agropecuario-saneamiento-de-las-tierras-comunales_149854.html
martes, 20 de agosto de 2013
Más desarrollo agrario, para superar la pobreza
Artículo escrito por Julio Gamero, especialista en derechos laborales y publicado en el diario La Primera. Los
pequeños productores agrarios de nuestros andes centrales tienen más claro que
muchos funcionarios, el objetivo anti pobreza de la promoción del desarrollo
productivo. “No queremos pescado, queremos que nos enseñen a pescar” fue la expresión de un agricultor, miembro de una
asociación dedicada a la producción de hierbas aromáticas en Tayacaja.
Proveniendo
de un poblador de una región con altos índices de pobreza resulta más elocuente
lo expresado. Quizás habría sido de esperar un pedido por más ayuda social pero
no, ellos demandan capacitación, asistencia técnica. Quieren fortalecer su
capital humano para poder enfrentar el reto de lograr una mejor inserción en el
mercado.
Por
un principio de igualdad de oportunidades, la política pública hace bien en
implementar el instrumento del PROCOMPITE que no es sino el cofinanciamiento
del tesoro a iniciativas de los productores asociados. Equipamiento ligero,
herramientas para el agro, pequeñas plantas de secado, de procesamiento,
telares y similares encuentran así un medio efectivo para promover la
capitalización del pequeño productor. Pero, la política pública viene obviando
un aspecto importante: el capital físico requiere que dichos productores ganen
más capacidades, más destrezas. “…que nos enseñen a pescar.”
Los
gobiernos locales y regionales, entusiastas promotores de PROCOMPITE, señalan
que no cuentan con ingenieros ni técnicos agrarios suficientes para acompañar
los procesos de capacitación y asistencia técnica que resultan imprescindibles
para aumentar el capital humano de los pequeño productores. Que toda una provincia apenas cuente con 1 ingeniero
y 1 técnico para “atender” a 16 distritos agropecuarios es un indicador muy
claro de la necesidad de actualizar un modelo de extensión agrícola que se tuvo
hace más de 20 años y que la reforma liberal de los noventa se encargó de
suprimirlo con la creencia que se iba a generar un “mercado” de extensión
agraria. Hasta hoy se sigue en dicha espera.
Hoy
es imprescindible que la capacitación y asistencia técnica a los pequeños
productores se erija en un objetivo de la política pública. No sólo por una
cuestión de justicia sino porque ello aporta al cambio en la matriz
extractivista que, lamentablemente, aún persiste.
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