Artículo escrito por Laureano del Castillo, Director Ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) y publicado en el diario La Primera. La crisis internacional, que afecta sobre todo a Estados Unidos y Europa no tiene visos de solución inmediata. Los impactos de ese complicado panorama internacional, pese a la solidez de nuestra economía, vienen preocupando hace ya algún tiempo a empresarios y gobernantes. De hecho, los gremios empresariales vienen acusando ya caídas en sus exportaciones como resultado de estos desajustes en la economía mundial.
Atendiendo a la etimología de la palabra crisis, conviene ver los aspectos potenciales de esta situación. Siguiendo la línea de nuestras anteriores columnas, pensamos que es un buen momento en el país para evaluar lo caminado y hacer los ajustes necesarios para asegurar no solo el crecimiento de nuestra economía sino también avanzar hacia el desarrollo y la eliminación de la pobreza. En el último número de La Revista Agraria, el director de la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos del Ministerio de Agricultura, Hugo Fano, anuncia que para marzo de 2013 tendremos los primeros resultados del Censo Agropecuario que se viene realizando actualmente. Allí tendremos un mejor panorama no solo de la fragmentación de la tenencia de la tierra sino también de su concentración.
Nuestra preocupación por la concentración de tierras en estos años no se limita al tamaño de la propiedad rural. Lo que está en juego son dos cosas, por un lado, la orientación de las grandes empresas hacia la producción para la exportación y biocombustibles, descuidando la producción para el mercado interno, afectando así nuestra seguridad alimentaria. Del otro lado, las políticas agrarias aún vigentes privilegian a esas unidades empresariales (venta de tierras a precios menores, reducción del 50% del impuesto a la renta, depreciación acelerada, entre otros beneficios), olvidando que la mayor parte de nuestra agricultura la forman pequeños y medianos productores que, aunque también exportan, proveen la mayor parte de la canasta alimentaria nacional.
Desde el inicio de este gobierno el Ministerio de Agricultura ha anunciado medidas para mejorar la competitividad de la pequeña agricultura, teniendo como un aspecto clave la asociatividad. Es el momento que esas propuestas se concreten, por el bien de nuestra agricultura y de la seguridad alimentaria nacional. También es un buen momento para revisar nuestra legislación de tierras, básicamente la Ley de Tierras del año 1995, que estableció un régimen más favorable a las grandes inversiones. Sin frenar la necesaria iniciativa privada, se requiere de una regulación que promueva también el desarrollo de la pequeña agricultura.
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