Titulación de tierras

Artículo escrito por Laureano del Castillo, coordinador ejecutivo de CEPES, publicado en el diario La Primera. A inicios del año pasado un decreto supremo estableció que la rectoría en materia de saneamiento de la propiedad rural era responsabilidad del Ministerio de Agricultura. Meses después se modificó la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, incorporando dicha función entre las funciones del MINAGRI.

Retrocedamos un poco para entender la importancia de dichas normas. Tradicionalmente las tareas vinculadas a la titulación de predios rurales, incluyendo la titulación de comunidades campesinas y la demarcación de las comunidades nativas, estuvieron a cargo del Ministerio de Agricultura. En 1992 se creó el Proyecto Especial de Tierras y Catastro Rural –PETT-, con el encargo de sanear las propiedades que habían sido expropiadas en el proceso de reforma agraria. Años después, habida cuenta del enorme peso de la informalidad de los derechos de propiedad en el mundo rural, con el apoyo del BID, se impulsó el Proyecto de Titulación y Registro de Tierras, proyecto que se replicó.

En 2007, ante las denuncias de corrupción, el PETT fue absorbido por COFOPRI, curiosamente una entidad encargada del saneamiento de la propiedad urbana. Nuevas denuncias de corrupción hicieron el mismo gobierno decidiera que las funciones en materia de predios rurales sean asumidas por los gobiernos regionales. En verdad, así estuvo establecido desde 2002, en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Aquí se originó un problema, pues si bien los gobiernos regionales son los ejecutores de esta función, no quedó claro qué entidad del Estado señalaría las pautas comunes y mínimas que debe respetar cada gobierno regional.

Ese conflicto fue el que las normas mencionadas solucionaron. Pero han pasado ya varios meses y se requiere pasar a la acción. Ahora se está terminando de afinar un nuevo proyecto de titulación masiva, con apoyo del BID, y se ha visto la necesidad de priorizar los sectores a atender, pues las necesidades de formalización son muy grandes. Allí es donde pensamos que, a diferencia de los dos proyectos anteriores, debería brindarse mayor atención al problema de falta de títulos y de catastro de las comunidades campesinas y nativas. En otras columnas hemos reclamado el cumplimiento de esta responsabilidad del Estado, por razones de justicia pero también por su innegable aporte a la paz y el desarrollo nacional.

Ver en: http://laprimeraperu.pe/columna/titulacion-de-tierras/

El Niño que nadie espera

Artículo escrito por Laureano del Castillo de CEPES, publicado en el diario La Primera. Se anuncia la cercanía del evento El Niño en nuestras costas. Hoy sabemos que no es un “fenómeno” (como nos enseñaron en el colegio) sino un hecho recurrente, que parece haberse vuelto más frecuente. Sus secuelas son conocidas: lluvias e inundaciones, pero también sequías.

Precisamente la sequía en el norte del país ha ocupado las noticias de las semanas anteriores. Se ha recordado que estos eventos son recurrentes (tal como las heladas, en época de invierno en las zonas altoandinas) y se han ensayado medidas de emergencia, para evitar la pérdida de cultivos, como derivar aguas del proyecto Olmos a los arrozales en el valle de Chancay-Lambayeque. Pero los daños siguen siendo enormes.

Organismos internacionales estiman que cada año se pierden en el mundo alrededor de 42 mil millones de dólares debido a la desertificación y la degradación de las tierras en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas. Esa es una de las preocupaciones que inspiraron la aprobación de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, de la que nuestro país es parte. De todos los eventos extremos, las sequías son las que causan los mayores daños que, como suele suceder, afectan sobre todo a la población más empobrecida. Las sequías no son aparatosas como una inundación o un huracán, ni tienen inicio ni final preciso, pero producen enormes daños y afectan los medios de vida de las peruanas y los peruanos.

Hay algunos avances en esta materia, como el “Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Agrario 2005-2015” (Plan GRACC), que identifica zonas de potencial peligro a la sequía a nivel nacional, y el “Plan de Prevención ante la presencia de fenómenos naturales por inundaciones, deslizamientos, huaycos y sequías”. Pero, como quedó evidenciado en el taller internacional "Desarrollo de Capacidades en apoyo a las Políticas Nacionales de Gestión de Sequías", se requiere un Plan Nacional, donde se definan responsabilidades claras (funciones, coordinación y también los recursos necesarios) de los tres niveles de gobierno, así como de la sociedad, para prepararse para estos eventos. Solo para tomar un ejemplo de la situación actual: mientras SENAMHI monitorea la sequía en el sur, el MINAGRI evalúa sus perjuicios en la costa norte.

Ver en: http://laprimeraperu.pe/columna/el-nino-que-nadie-espera/

Tierras, Coca cola y Pepsico

Artículo escrito por Alejandra Alayza, de OXFAM, publicado en el diario La República. En los últimos meses Coca Cola y Pepsico, dos gigantes de la industria de las bebidas, han respondido a la presión de sus consumidores y han dado un primer paso comprometiéndose a una política de "tolerancia cero" del acaparamiento de tierras en sus cadenas de producción. Este compromiso fue asumido luego de que se denunciaran casos de desplazamiento de comunidades rurales en Brasil y otros países por parte de empresas proveedoras de estas marcas.

A nivel global la presión por el acceso a tierras acelera el desplazamiento de comunidades locales, afectando su derecho a la tierra. El caso del azúcar es particularmente sensible a nivel global. Se estima que el comercio internacional de azúcar asciende a US$ 47.000 millones y que la producción de azúcar se incrementaría en 25% al 2020.

Más de la mitad de la producción destinada hacia esta gran industria de alimentos y bebidas, confirmando el rol estratégico que esta industria juega para definir condiciones para el acceso a tierras. La reacción de Coca cola y Pepsico es expresión de un poder ciudadano en crecimiento. La presión desde su dimensión de consumidores sobre los mercados permite reforzar el cumplimiento de derechos. Celebramos el cambio de las políticas, y ahora vigilemos el cambio de prácticas.

Ver en: http://www.larepublica.pe/columnistas/globalizaciones/tierras-coca-cola-y-pepsico-20-03-2014

La informalidad laboral en la microempresa: ¿tuvieron impacto las leyes emitidas?

Artículo escrito por Julio Gamero, consultor de la RedGE, publicado en el diario La Primera. Tras 11 años de vigencia de sucesivas leyes que buscaron formalizar el empleo en la microempresa se hace necesario un balance de la 28015 (julio 2003) y de la 1086 (setiembre 2008), más aún en una coyuntura en la que se quiere vincular la presencia del salario mínimo con la persistencia de elevados niveles de informalidad laboral, precisamente en dicho sector.

En el país ya se han ensayado políticas que recomendaban reducir los costos laborales para formalizar el empleo. La prueba es la normativa referida. Con la primera ley –a través del Régimen Laboral Especial (RLE)- se redujo el costo laboral (el salario anual) en 29,3%[1] y con la segunda, se convirtió en permanente el RLE que era de carácter temporal y se amplió su cobertura hasta involucrar empresas de menos de 100 trabajadores.

¿Han tenido un impacto efectivo dichas normas en la reducción de la informalidad laboral? Al menos en el sector de la microempresa su influencia parece que ha sido marginal, a tenor de la evidencia empírica referida en el gráfico adjunto.

De acuerdo con el MTPE, la informalidad laboral en dicho sector ha disminuido en 3,2 puntos del 2005 al 2013. Por su parte, en todo el sector asalariado privado la disminución ha sido mayor. En igual periodo, la informalidad laboral ha disminuido en 12,5 puntos, lo que indica que la disminución ha sido muy superior en el segmento no mype, por así decirlo.

Estos resultados, al menos, nos alertan que la disminución de costos laborales no era el factor determinante de la informalidad laboral en la microempresa, si no su tasa de disminución tendría que haber sido superior a la de todo el sector asalariado privado.

 

Lo que se requiere son políticas, con presupuesto, que se concentren en aumentar la productividad de dicho sector para que se inserte de mejor manera en el mercado y pueda generar más excedente económico. Las políticas de bajar costos laborales sólo precarizan el empleo.

 

Ver en: http://laprimeraperu.pe/columna/la-informalidad-laboral-en-la-microempresa-tuvieron-impacto-las-leyes-emitidas/

 

Disponiendo de lo ajeno

Artículo escrito por Laureano del Castillo de CEPES, publicado en el diario La Primera. Hace unos días, el editorial del diario El Comercio se dedicó a defender la titulación de predios rurales en las comunidades campesinas. Pero no era para garantizar el derecho de propiedad de estas organizaciones, junto con las municipalidades, la principal organización del mundo rural peruano. Como afirma en su subtítulo “La titulación de predios rurales debe llegar al interior de las comunidades campesinas”.

El editorial empieza saludando el anuncio del Ministerio de Agricultura de la obtención de un crédito de una entidad multilateral para financiar el programa de titulación rural, actividad desatendida por el Estado en los años anteriores. La nota celebra que con esta acción se enfrente la injusticia que pesa especialmente sobre los agricultores de la sierra “donde se concentra buena parte de los predios sin titular”. Pero el editorialista lamenta que no se haya considerado titular la propiedad individual al interior de las comunidades campesinas. El argumento ya lo hemos escuchado en anteriores oportunidades, para levantar la idea de la destrucción de la propiedad de las comunidades, con la idea de construir un país de ciudadanos. Vaya, que son las mismas ideas que inspiraron al Libertador Bolívar en 1824, pero que tuvo que morigerar al año siguiente.

Con la intención de sustentar sus ideas, recurren a la Constitución Política, pero haciendo una mala lectura, pues invocan la inembargabilidad de las tierras comunales, eliminada en la Constitución de 1993. En su lectura sesgada, omiten el reconocimiento que hizo la Constitución de 1993, igual que sus precedentes de 1933 y de 1979, respecto de la autonomía de las comunidades campesinas.

El pretendido beneficio de la titulación individual no es tal si vemos que, más allá de la complejidad de entregar títulos a los comuneros por las varias parcelas que usualmente poseen dentro de la comunidad, el tamaño de dichas propiedades no alcanza para servir como instrumento de garantía para obtener créditos de las instituciones financieras. Por el contrario, fomentar, como hace dicho editorial la generalización de la propiedad individual, no solo debilitaría aún más una institución social muy importante en el agreste mundo andino sino que facilitaría la disposición de sus tierras. Pero no se han preguntado los autores del editorial cómo vivirían los campesinos con el dinero que obtengan.

Ver en: http://www.laprimeraperu.pe/online/columnistas-y-colaboradores/disponiendo-de-lo-ajeno_162603.html

El Censo Agrario y el nuevo latifundio

Artículo escrito por Laureano del Castillo de CEPES, publicado en el diario La Primera. Nos ocupamos en nuestra anterior columna del IV Censo Nacional Agropecuario (IV Cenagro) en relación con la pequeña propiedad y demandamos para este mayoritario sector del agro el apoyo que sí recibe el sector de agricultores modernos. Hoy seguiremos revisando las cifras del IV Cenagro.

Así, el IV Cenagro da cuenta que las Unidades Agropecuarias (UA) de más de 1,000 hasta casi 3,000 ha constituyen el 1% y concentran el 9.2% del total de la superficie agropecuaria. Comparativamente, respecto del Censo de 1994, la proporción de estas UA se mantiene igual, aunque el porcentaje de la superficie agropecuaria que tenían ha descendido ligeramente (era 10.7% entonces). Distinto es el caso de las UA de 3,000 ha y más, pues aunque el porcentaje en ambos censos es el mismo (1%), la superficie agropecuaria bajo su control subió de 46.8% en 1994 a 55.1% en 2012.

Durante estos últimos años se ha venido señalando un lento y silencioso proceso de concentración de tierras en el Perú, similar al que se viene dando en otros lugares del mundo. Las cifras del IV Cenagro lo confirman. Se ha dicho también que este proceso de concentración de tierras se viene dando sobre todo en la costa y en la selva. En un reciente número de La Revista Agraria se ha mostrado esta realidad para el caso de la costa, pues allí el 0.05% de las UA de más de 3,000 ha ubicadas en esa región concentran el 24.7% de la tierras de cultivo. Es decir, 18 empresas o grupos empresariales controlan el 24.7% de un total de 350,500 ha,  sin considerar en estos cálculos a las comunidades campesinas.

El importante crecimiento que desde la década de 1990 ha experimentado la agricultura, sobre todo la dedicada a la agroexportación, se sustenta no solo en el empuje de las empresas agrarias. Ellas han sabido aprovechar los beneficios que la Ley de Promoción Agraria, de 1996, los cuales han sido prorrogados hasta 2021, es decir una vigencia de más de 25 años. Esos beneficios otorgados por el Estado contemplan, entre otros, una rebaja del impuesto a la renta del 50% y un régimen laboral especial.

No planteamos que dichos beneficios sean recortados, pero al cabo de 18 años de su vigencia y considerando la preocupación por la inclusión social ¿no sería tiempo que el Estado brinde beneficios también a la agricultura familiar, cuyo número e importancia destacamos en nuestra columna anterior?

Ver en: http://www.laprimeraperu.pe/online/columnistas-y-colaboradores/el-censo-agrario-y-el-nuevo-latifundio_159109.html

Más palma, menos bosques

Artículo escrito por Alejandra Alayza, publicado en el diario La República. De acuerdo a reciente denuncia de la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo–SPDE, en los últimos meses empresas dedicadas al cultivo de la palma aceitera habrían deforestado 13.076 hectáreas de bosques primarios en la Amazonía con anuencia de las autoridades peruanas. Seguimos sumando casos y con ellos, hectáreas deforestadas.

La expansión de la agricultura extensiva de palma aceitera acelera el mercado de tierras en la Amazonía y presiona por el cambio de uso y recalificación de suelos para la expansión de sus cultivos. Informalmente, los precios operan como un incentivo perverso a la deforestación, pagando más por tierras de uso agrícola en zonas de bosques.

Pero también se hace legalmente. Según la denuncia de la SPDE, el Minagri y los gobiernos regionales de Loreto y Ucayali estarían adjudicando bosques como tierras rústicas, reclasificando tierras de aptitud forestal para uso agroindustrial y aprobando cuestionados EIA para proyectos agroindustriales. La Amazonía peruana está en la mira de una industria global de palma aceitera que requiere expandirse. Estemos prevenidos, y corrijamos desde ya el error.

El Censo Agrario y el Minifundio

Artículo escrito por Laureano del Castillo de CEPES, publicado en el diario La Primera. Retomando los temas relacionados al IV Censo Nacional agropecuario (IV Cenagro) realizado a fines del año pasado puede observarse que se ha producido un incremento de la superficie agropecuaria en el país de casi 10%. Pero más sorprendente aún es que el número de unidades agropecuarias (UA) se ha elevado 28% respecto del Censo de 1994, siendo ahora su número de 2’260,973 de UA.

En cuanto a la ubicación geográfica, el mayor crecimiento de las UA en términos absolutos se ha dado en la sierra del país (aumentando en 28%), aunque el incremento porcentual ha sido mayor en  la selva (110%), mostrando el avance sobre la zona amazónica, tanto de migrantes como de empresas. En la región de la costa las UA se han incrementado en 48%, resultado de la fragmentación de la tierra pero también debido a las nuevas irrigaciones.

Al presentar los datos del IV Cenagro, el INEI mostró que ese importante incremento de las unidades agropecuarias se concentra en el sector de pequeños agricultores. En efecto, las unidades agropecuarias de hasta 5 hectáreas representan ahora el 81.8% del total, cuando en 1994 eran 73.1%. Si sumamos las unidades que tienen entre 5 y 10 ha, tendremos que el 90.6% de las UA son pequeños agricultores o como se lo llama ahora, parte de la agricultura familiar.

Esas cifras parecerían darle la razón al Ministro de Agricultura, quien desde antes de conocerse los resultados finales del IV Cenagro expresaba su preocupación por la tendencia al incremento del minifundio. Esa preocupación debe traducirse en políticas favorables a la agricultura familiar, por varias razones: como en otros países, entre el 60 y el 70% de los alimentos de origen agrícola son producidos por la agricultura familiar; en 2012  la pobreza en el área rural afectó al 53,0% de la población (19,7% era considerada pobre extremo); y esas familias contribuyen decididamente a la conservación de la agrobiodiversidad; entre otras razones.

Tratando de distanciarse de los gobiernos precedentes, en la actual administración se ha intentado brindar mayor atención a la agricultura familiar a través de algunos programas, pero es mucho aún lo que debe hacerse. Entendiendo la política pública  como “la decisión gubernamental plasmada en la resolución de un problema en la comunidad” preocupa que, en vez de atender más a la agricultura familiar, las políticas agrarias sigan privilegiando el apoyo a los grandes productores agrarios. Seguiremos con este tema en la siguiente entrega.

Ver en: http://www.laprimeraperu.pe/online/columnistas-y-colaboradores/el-censo-agrario-y-el-minifundio_157784.html

MAJES-SIGUAS, IRRIGACIONES E INEQUIDADES

Artículo escrito por Laureano del Castillo, de CEPES, publicado en el diario La Primera. Un nuevo  capítulo en el conflicto entre las autoridades y la población de Arequipa con las autoridades y pobladores de la provincia cusqueña de Espinar se desarrolla en estas semanas.

Cuando el conflicto estaba en su punto más alto el Tribunal Constitucional dispuso la realización de un nuevo y más profundo estudio de balance hídrico de las aguas del río Apurímac, el cual se encargó a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Este caso es solo una expresión, quizás la más conocida, de un problema que enfrenta a distintas poblaciones por el uso del agua. Recordemos el conflicto entre Moquegua y Arequipa por el uso del agua de la represa Pasto Grande, o el que enfrenta a Ica y Huancavelica por el mayor aprovechamiento de las aguas de la laguna Choclococha, o entre Ancash y La Libertad por el río Santa para el proyecto Chavimochic, entre otros. El anuncio del inicio del proyecto Pampas Verdes, para irrigar tierras con aguas de las alturas de Ayacucho se anuncia como un nuevo caso en esta lista de conflictos.

La causa de fondo es la idea de que el agua sobra en la sierra y la selva mientras que en la costa es escasa. En verdad, la afirmación responde a un hecho real de origen natural: el 98% del agua dulce superficial disponible en el país se encuentra en la vertiente del Atlántico, mientras menos del 2% está disponible para la vertiente del Pacífico, discurriendo por la costa y la parte occidental de los Andes. Pero ese hecho está asociado a la discutible consideración, vigente desde la época colonial, de que el agua es más útil y valiosa en la costa.

Esas consideraciones resultan difíciles de aceptar en estos tiempos, cuando el tema de la inclusión social resulta recurrente. Sostener que “el agua sobra” en las regiones altoandinas es pretender ignorar los problemas de pobreza que afectan todavía grandemente a las poblaciones rurales, en las que la escasez de recursos (tierra y agua sobre todo) constituye una clara limitante. Si las nuevas irrigaciones se orientan a la agroexportación se generarían importantes ingresos. Pero si solo se benefician unas pocas empresas, a costa de reducir tierras y agua a pobladores y comuneros pobres, el balance final en lo social resulta claramente deficitario. Dejemos de mirar solo el presente y los negocios de hoy, para pensar en el futuro de todos.

Ver en: http://www.laprimeraperu.pe/online/columnistas-y-colaboradores/majes-siguas-irrigaciones-e-inequidades_155004.html

Inversiones y economías emergentes

Artículo escrito por Alejandra Alayza y publicado en el diario La República. Mientras en las dos grandes negociaciones comerciales en curso, la del TPP en la cuenca del Pacífico y en el TLC entre los Estados Unidos y Europa, se promueve la continuidad del modelo de protección de inversiones de los Tratados Bilaterales de Inversión, existen cada vez más países que cuestionan y se separan de este modelo. Algunos de los países BRICSAM, importantes economías emergentes, son los principales desertores.

Recientemente Sudáfrica ha anunciado el término de los acuerdos bilaterales de inversión que tenía con Alemania, Países Bajos y Suiza. India advierte que solo firmaría un acuerdo de inversiones con los EE.UU. si se modifica el mecanismo de solución de controversia, y por su parte, Brasil ha evitado deliberadamente suscribir este tipo de compromisos.

Es cada vez más evidente que este modelo, no es un modelo único y mucho menos un modelo ganador. Para la atracción de inversiones, no hay vías únicas y la crisis advierte la necesidad de nuevos modelos.

Ver en: http://www.larepublica.pe/columnistas/globalizaciones/inversiones-y-economias-emergentes-07-11-2013