lunes, 22 de febrero de 2016

TPP vs el ambiente, solo uno puede ganar




Artículo escrito por Antonio Zambrano de Moccic, publicado en la Revista IDEELE. Como diría Woody Allen: "Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida". Si compartes este interés deberías leer las siguientes líneas y las muchas que empiezan a aparecer en todo el planeta en torno al conocido Acuerdo de Asociación Transpacífico o TPP.

La polémica se ha desatado en diferentes direcciones sobre este acuerdo. Se le ha venido discutiendo los pasados 5 años en profundo secreto y de pronto, sin un debate público en nuestro país ni en ningún otro, se ha firmado este 4 de febrero por los 12 países que componen la alianza. Si no fuese por la página web de filtraciones Wikileaks el mundo simplemente no estaría enterado del contenido del texto.

A pocas semanas de haber encabezado las negociaciones por el clima de la COP21 en París el Estado peruano entra a un cuadro de contradicción profunda al aceptar el documento que salió de estas negociaciones (conocido como "El acuerdo de París") y este otro que va en dirección completamente diferente. Yo me concentraré apenas en mencionar algunas aristas particularmente importantes y otras inclinadas al cambio climático.

Como bien se tiene registrado, nuestros glaciares se están derritiendo a una velocidad en las que es altamente probable que la mayoría de ellos deje de existir en las próximas décadas, el stress hídrico que esto generará para grandes ciudades como Lima, Arequipa o Piura irá en aumento en poco tiempo y modificará nuestras ciudades, nuestra tasa de deforestación no demuestra una disminución significativa rumbo a la "cero-deforestación" como alguna vez se propuso el Ministerio de Ambiente, las enfermedades como el dengue y la malaria se trasladan a zonas altas por el calentamiento de estas áreas en los andes, mientras la CEPAL nos advierte que países como el Perú empezarán a perder entre el 1,4 al 5% de su PBI todos los años solamente para resolver los problemas derivados por el cambio climático en el futuro inmediato.

Esto debería alarmarnos no solamente porque los datos son científicos y con posibilidades verdaderamente dramáticas sino porque ya están ocurriendo y tienen costos para nuestras sociedades desde hace años. El sentido común nos diría que una reacción acorde a la manifestación de estos problemas implicaría un rol rector mucho más amplio del Ministerio de Ambiente para proteger nuestra naturaleza, mayores estándares sociales y ambientales. Presupuesto acorde para desarrollar las estrategias de adaptación y prevención necesarias, un proceso de ordenamiento territorial participativo que involucre de manera masiva a la gente en el diseño de su futuro y un plan Nacional de Desarrollo que lleve consigo la voz de todos los sectores sociales.

Sin embargo la realidad parece estar en un lugar bastante distante y los pocos avances que se han tenido en política ambiental en los últimos años, como la aprobación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, Nuestras Contribuciones Nacionalmente Determinadas (INDC), o las Áreas y Parques Naturales creados por el Estado se encuentran en riesgo de ser letra muerta si el congreso ratifica nuestra firma del TPP. ¿Y esto porque?

De acuerdo a organizaciones ambientalistas a nivel mundial como Amigos de la Tierra "el TPP favorece garantías para inversiones corporativas por encima de las garantías para la naturaleza". "El acuerdo permite a las empresas extranjeras demandar a los Gobiernos por proteger el medioambiente". Y es que el TPP formula una arremetida sin precedentes contra la soberanía de los Estados y las naciones para definir sus políticas internas y garantizaría el derecho de las transnacionales en estos 12 países para garantizar sus ganancias extraordinarias a coste literal de vidas humanas y colapso de ecosistemas completos. Este ha sido considerado por muchos como el tratado comercial más grande y ambicioso de la historia y abarcaría el 40 % de la economía mundial (PBI Global). Se ha dicho que es un muro de contención estadounidense frente a China pero en realidad junto al TIPP (un acuerdo similar pero entre USA y la Unión Europea) lo que pretenden es reconfigurar la forma como entendemos el Estado y la economía global para crear un nuevo orden basado en el monopolio de ciertas transnacionales.

De acuerdo a un pronunciamiento emitido hace pocos días por la plataforma No Negociable1, a la cual nos suscribimos, podríamos resumir los peligros del acuerdo en cinco puntos:

El Acuerdo TPP vulnera el derecho a la salud y a la vida, creando nuevas formas de monopolio para los medicamentos biotecnológicos al otorgarles cinco años de protección de datos de prueba más tres años adicionales por otros mecanismos. De esa manera, se limita el ingreso de competidores y permite que las transnacionales farmacéuticas impongan precios altos que los hacen inaccesibles a sectores de bajos ingresos.

El TPP, en la sección sobre Derechos de Autor, se otorga protecciones excesivas a los titulares de derechos de autor, en desmedro del derecho de las personas de acceder a la cultura y al conocimiento. Este desequilibrio en nuestras políticas culturales es protegido por el TPP a través de procedimientos privados de retirada de contenidos de Internet, quitándoles jurisdicción a nuestros tribunales nacionales, afectando el debido proceso, la presunción de inocencia y las garantías para la libertad de expresión.

El TPP insiste en mecanismos de arbitraje extrajudicial contra el Estado peruano para la protección de las inversiones que, si bien ya existían gracias a otros acuerdos comerciales, sus impactos negativos para las poblaciones locales no han sido analizados. Nuestros gobiernos se están viendo forzados a eludir ciertas políticas de interés público, priorizando el derecho de las empresas por encima de los derechos de las personas.

El TPP no garantiza el cumplimiento de los derechos laborales internacionalmente reconocidos; por el contrario, promueve la vulneración de estos derechos en nombre de la competitividad y la atracción de las inversiones.

El TPP afecta la producción agrícola nacional al introducir acuerdos que restringen el libre intercambio de semillas entre productores, lo que vulnera el derecho a la soberanía alimentaria.
Con la ratificación del TPP por el congreso peruano en las próximas semanas o meses, las empresas, la explotación de recursos y sus transacciones comerciales estaría "protegidas" contra cualquier estándar ambiental que pretenda hacerle frente al cambio climático o a la degradación de los ecosistemas pero que obstaculice o reduzca los beneficios de las grandes corporaciones. En el documento (secreto) se habla de "autoregulación" de "Mecanismos flexibles" y "voluntarios" es decir, de proteger el medio ambiente cuando haya "voluntad política" para hacerlo y no cuando la norma lo sanciona, mientras sabemos que lo que no está en la ley no se respeta y que la mayoría de veces ni siquiera estando en ella logra cumplirse.

Estos elementos ya fueron mencionados por un articulo en The New York Times de octubre del año pasado donde se recalca que la flexibilización y reducción de políticas ambientales, llamadas también "nivelación" podrían ser en realidad una suerte de desbaratamiento de las mismas junto con las políticas laborales y sanitarias.

¿Como lograr de esta forma alcanzar el acuerdo de París sobre el clima que planteaba detener las emisiones de Gases de Efecto Invernadero para no superar los 2°c por encima de la temperatura promedio del planeta? simplemente no hay forma de intentar regular las emisiones desregulando el comercio mundial, siendo justamente este último uno de los principales emisores de GEI. Esta es una clara lucha entre dos proyectos diferentes, uno en el que es imprescindible frenar la contaminación de manera rápida y radical y otra que plantea exacerbarla a niveles no vistos el comercio y el consumo, dejando a la mano invisible y "autoregulada" del mercado hacer lo que sabe mejor: exfoliar y atentar contra los derechos de las naciones del mundo.

Queda claro que los pueblos de Japón, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y el propio EE.UU. debemos desde nuestras democracias decirle no al TPP, por el bien de ese futuro donde esperamos vivir.

Si nunca te haz enfermado ni te piensas enfermar, si nunca has descargado ningún contenido por internet ni lo haz compartido, si no te molesta que te puedan despedir del trabajo o que te hagan trabajar sin derechos y en malas condiciones, si no te incomoda que se afecte nuestra agrobiodiversidad y que te hagan comer alimentos potencialmente cancerígenos, es decir, que cambie profundamente nuestra rica comida, por el control de las semillas y la introducción de transgenicos, quizá no debería interesarte este acuerdo. Si es al revés es necesario empezar una gran discusión y tener en el camino la opción a decir un rotundo No al TPP.

Ver en: http://revistaideele.com/ideele/content/tpp-vs-el-ambiente-solo-uno-puede-ganar
1Nonegociable.pe

lunes, 18 de enero de 2016

Impactos de los acuerdos comerciales internacionales adoptados por el Estado peruano en el cumplimiento y promoción de los derechos humanos en el Perú

Publicación editada por la Red Peruana por una Globalización con Equidad - RedGE y escrita por el consultor Enrique Fernández-Maldonado, quien hace un análisis sobre las características e impactos de los acuerdos y tratados de libre comercio firmados por el Perú en los últimos años; particularmente, de los casos del Acuerdo Comercial con Estados Unidos (en adelante TLC Perú-EE.UU.) y el Acuerdo Comercial entre Colombia, Perú y la Unión Europea (en adelante TLC Colombia/Perú-UE). El documento finaliza con una serie de recomendaciones propuestas por organizaciones no gubernamentales y especialistas peruanos, orientadas a la implementación de políticas públicas y medidas administrativas que permitan, por un lado, reducir el margen de vulnerabilidad interna frente a los TLC firmados con economías más desarrolladas, así como potenciar las capacidades institucionales y productivas internas para capitalizar las oportunidades generadas en estos acuerdos; especialmente las vinculadas con el ejercicio y respeto de los derechos humanos de los sectores involucrados.


Descargar folleto

jueves, 18 de junio de 2015

¿Por qué se quiere excluir y criminalizar a las rondas campesinas?

Artículo escrito por Pedro Castillo de CEPES, publicado en el Diario UNO. Mientras se sigue aprobando medidas para reactivar la economía, rebajando exigencias ambientales y vulnerando derechos sobre las tierras, de manera paralela, el Congreso busca aprobar un nuevo Código Penal. En medio de esos cambios se pretende desconocer a las rondas campesinas, un importante actor del mundo rural.
Las rondas surgieron en la sierra norte, particularmente en Cajamarca, Piura y Lambayeque, a mediados de la década de 1970, con el objetivo de defender a las comunidades contra el abigeato frente al nulo accionar del Estado.  Años después, estas organizaciones se diseminaron en gran parte del país. 

Actualmente no sólo velan por la seguridad de comuneros y campesinos y administran justicia, sino también asumen la representación y defensa de intereses colectivos relacionados a la explotación de recursos naturales en su ámbito de intervención (Cajamarca, Hualgayoc, Ferreñafe, Pitipo, etc.). Como interlocutor clave y legitimado en procesos ciudadanos que demandan el respeto a derechos colectivos, el objetivo de grupos empresariales extractivistas y del Estado es deslegitimar y proscribir su accionar.

Solo así se puede explicar la exclusión de estas organizaciones del dictamen del nuevo Código Penal. En efecto, el dictamen propuesto, en el capítulo sobre “Diversidad cultural y jurisdicción especial”, no las considera en su articulado, con la estratégica finalidad de criminalizarlas. Al tomar esta decisión, el Congreso niega lo avanzado en materia legal y el reconocimiento de las rondas otorgado por el propio Poder Judicial. 

Este intento de exclusión respondería más a consideraciones políticas e intereses económicos que a cuestiones legales. El nivel de organización y resistencia de las rondas ha sido un freno para los inversionistas en su afán por  apoderarse de los recursos naturales ubicados principalmente en territorio de comunidades. Por ello, las rondas son vistas por los poderes fácticos como “agentes conflictivos” y “anti desarrollo” del país, y por lo tanto un obstáculo para las inversiones que el gobierno promueve.

No solo está en juego el rol que cumplen las rondas en la administración de justicia sino también su capacidad de representación de los hombres y mujeres del campo y, por ello, de afirmación de sus derechos como ciudadanos, especialmente en un Estado que ofrece muy pocos canales democráticos para su participación.

Ver en: http://diariouno.pe/columna/por-que-se-quiere-excluir-y-criminalizar-a-las-rondas-campesinas/

jueves, 19 de febrero de 2015

Diálogos y la agenda pendiente

Artículo escrito por Laureano del Castillo de CEPES, publicado en el diario UNO. En estos días hemos visto un nuevo intento de acercamiento entre el gobierno y la oposición. Más allá de las ausencias, de las críticas al procedimiento y de las dudas sobre sus resultados concretos, conviene volver sobre los temas de fondo que subyacen a este intento de restablecer el diálogo democrático.

La idea de un diálogo democrático entre las fuerzas políticas solo tiene sentido si todos los participantes en el mismo ponen en el centro del debate el objeto último de la política, cual es que la sociedad pueda enfrentar y resolver los problemas derivados de la convivencia colectiva. Esa actividad, por tanto, tiene como norte la búsqueda del bien común, precisamente uno de los principios contenidos en nuestra Constitución. La parte final del artículo 44 de la vigente Carta Magna menciona que uno de los deberes primordiales del Estado es “promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”.

Más allá de las estrechas miradas que entienden la política como la lucha por el poder, lo importante es entender que queremos el poder para solucionar los problemas del país. Pero eso supone que dejemos de lado nuestros intereses inmediatos para mirar al país que se quiere gobernar. Aunque las estadísticas oficiales señalan que más de dos tercios de la población es urbana, usando los criterios de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, entidad a la que el Perú pretende incorporarse) nuestra población rural giraría alrededor del 46% del total. La inmensa mayoría de esa población está formada por lo que ahora se denomina agricultura familiar, incluyendo a los miembros de las comunidades campesinas y nativas.

Aunque la pobreza y la pobreza extrema se han reducido significativamente a nivel nacional, el sector rural sigue manteniendo cifras similares a años atrás e incluso, en algunos lugares ha empeorado. Sin embargo precisamente en esas zonas pobres, donde se asienta la agricultura familiar, se produce  el 70% de los alimentos consumidos en las ciudades (cifras el Ministerio de Agricultura y Riego). Asimismo, en 2012, según la ENAHO, el Valor de la Producción Agrícola (VPA) alcanzó 12 mil 438 millones de soles, siendo responsable la agricultura familiar de 10 mil 753 millones de soles, representando el 86% del VPA nacional.

La búsqueda del bien común en nuestro país supone tomar en cuenta las necesidades de la agricultura familiar. Este debería ser, entonces, uno de los temas que deberían figurar en la agenda del nuevo intento de diálogo entre las fuerzas políticas. 

Ver en: http://diariouno.pe/columna/dialogos-y-la-agenda-pendiente/

viernes, 19 de diciembre de 2014

Culmina el Año de la Agricultura Familiar

Artículo escrito por Laureano del Castillo de CEPES, publicado en diario UNO. El año que acaba fue designado por la Asamblea General de Naciones Unidas como el Año de la Agricultura Familiar. En el Perú la denominación oficial fue Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático, quizás atendiendo a la realización de la reunión de la COP20 que acaba de culminar.

La denominación del año, se supone, debería orientar a todas las dependencias públicas para prestar mayor atención al tema escogido. No parece ser el caso de la agricultura familiar en nuestro país, pues recién en mayo se instaló la Comisión multisectorial “Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014”. Dicha Comisión, de naturaleza temporal, funcionará hasta el 31 de marzo de 2015 y debe proponer e implementar el programa de actividades oficiales que se desarrolle en el marco de Año de la Agricultura Familiar.

En el acto de instalación de la referida Comisión el Viceministro de Políticas Agrarias del MINAGRI, César Sotomayor, recalcó que la agricultura familiar es la forma predominante en la producción de alimentos y, citando a la FAO, señaló que el 70% de las necesidades alimenticias son cubiertas por la agricultura familiar. El Viceministro destacó que, según el Censo Agrario de 2012, los pequeños productores son 2 millones 260 mil, la mayoría de los cuales se ubica en la sierra y en comunidades campesinas y nativas. Esas y otras razones deberían llevar a nuestras autoridades a aplicar políticas y medidas articuladas y sostenidas en el tiempo que permitan atender a nuestra agricultura, mayoritariamente formada por pequeños agricultores y minifundistas.

Un reciente estudio de CEPES ha propuesto algunos lineamientos de política para la promoción de la agricultura familiar a la citada Comisión Multisectorial: acceso y seguridad sobre la tierra y al agua, fortalecimiento y desarrollo de capacidades, mejoramiento de la producción, mejoramiento de acceso a mercados, seguridad alimentaria, inversión para la dotación de bienes públicos con enfoque territorial, asociatividad, y sostenibilidad ambiental y gestión de riesgos. Corresponde a la Comisión Multisectorial discutir esas propuestas, enriquecerlas o precisarlas, de modo de aprobar una política diseñada para ese gran sector de la agricultura nacional. Quizás haya necesidad de priorizar algunas de esas medidas, pero será un avance frente a la contradicción que significa tener una Constitución que declara el compromiso del Estado de apoyar “preferentemente el desarrollo agrario” (artículo 88) y la práctica de estas últimas décadas de promover especialmente a las empresas agroexportadoras.
Se necesitará adicionalmente considerar algunos enfoques, como la intersectorialidad, la territorialidad, la interculturalidad y la heterogeneidad. Es que nuestra biodiversidad incluye también personas, pueblos y culturas diversos.

Ver en: http://diariouno.pe/columna/culmina-el-ano-de-la-agricultura-familiar/

lunes, 11 de agosto de 2014

El Paquetazo ambiental es una Aplanadora de derechos sobre la tierra

Artículo escrito por Pedro Castillo de CEPES, publicado en el diario UNO. El último doce de julio el Congreso de la República aprobó la Ley 30230, que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, norma conocida como ley del Paquetazo ambiental.

En estos casi treinta días de vigencia de la norma la mayoría de críticas a la misma descansan sobre su aspecto ambiental pero se ha dejado de lado todo lo relacionado al saneamiento físico legal de predios para proyectos de inversión. 

Bajo el argumento de promover las inversiones para evitar la desaceleración de la economía nacional se crean procedimientos especiales y extraordinarios para entregar derechos sobre la tierra a favor de proyectos de inversión sin importar su uso actual o futuro.

En efecto, basta revisar los primeros artículos del Título III de la ley (art 36 - art 38) para caer en la cuenta que se otorgarán una serie de derechos a favor de proyectos de gran envergadura (ampliación de frontera agrícola, minería, hidrocarburos, forestales, etc.) con el objetivo de propiciar la eficiencia en su administración.

Dicho de otro modo, se concederán derechos sobre la tierra para que dichos proyectos – y sus inversionistas - no tengan ningún tipo de problema cuando desarrollen sus actividades. ¿A qué problemas nos referimos? Evidentemente a los conflictos socioambientales por el aprovechamiento de la tierra y otros recursos naturales que generan los pueblos indígenas que viven organizados en las 6,069 comunidades campesinas y 1,469 comunidades nativas de todo el país. Si consideramos que el 72.7% (5,483) de comunidades (campesinas y nativas) no tiene cómo acreditar fehacientemente su derecho de propiedad pues la localización y extensión de sus tierras no están georreferenciadas se puede deducir que este grupo de peruanos y peruanas serán los más afectados con esta norma.

Hay que destacar que la norma no solo entregará derechos sobre la tierra a los inversionistas sobre el área de influencia directa de sus proyectos sino que inclusive otorgará derechos sobre el área de influencia indirecta. ¿Para qué sanear tierras de influencia indirecta a favor de las inversiones? ¿Cuál es la razón?

En su momento se saludó la iniciativa respecto al saneamiento de la propiedad rural, incluida las comunidades, con el apoyo del BID; pensando que por fin el Estado peruano cumpliría con una tarea que tiene pendiente desde hace años. Sin embargo, esta nueva ley norma se trae al suelo estas expectativas. Una vez más se legisla en contra del respeto, reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos territoriales de las comunidades del país.

Ver en: http://diariouno.pe/columna/el-paquetazo-ambiental-es-una-aplanadora-de-derechos-sobre-la-tierra/

jueves, 12 de junio de 2014

La Defensoría y las tierras comunales

Artículo escrito por Laureano del Castillo de CEPES, publicado en el diario La Primera. En nuestra columna de abril pasado nos referimos al tema de la titulación de tierras agrícolas, demandando atención especial para la situación de las comunidades campesinas y nativas.

Resulta grato por ello informar que en días pasados la Defensoría del Pueblo publicó el informe N° 002-2014-DP/AMASPPI-PPI, “Análisis de la política pública sobre reconocimiento y titulación de las comunidades campesinas y nativas”, el que fue remitido al Ministerio de Agricultura y Riego.[1]

El documento empieza recordando la obligación constitucional del Estado de garantizar el derecho de propiedad de las tierras de las comunidades campesinas y nativas, cuyo incumplimiento ha generado problemas, expresados en quejas y pedidos de intervención a la Defensoría del Pueblo. En base a la supervisión realizada a 22 gobiernos regionales la Defensoría concluyó en la existencia de siete problemas a la base de esas dificultades: a) ausencia de una normativa integrada y actualizada sobre reconocimiento y titulación de comunidades; b) falta de una rectoría adecuada en torno a esas funciones; c) falta de información centralizada sobre el número de comunidades; d) insuficiencia en la capacitación del personal a cargo de dichas tareas; e) falta de difusión de derechos y de adecuación de instrumentos de gestión; f) falta de priorización presupuestal para el reconocimiento y titulación comunal; y g) falta de lineamientos para el tratamiento de controversias por superposición de derechos.

El informe concluye recomendando al Congreso la revisión de la normatividad sobre comunidades campesinas y nativas para simplificar los correspondientes procedimientos administrativos. Al Ministerio de Agricultura y Riego  se recomienda designar una autoridad del más alto nivel a su interior, con capacidad de ejercer una adecuada rectoría en estas materias, de modo de orientar las capacidades de los gobiernos regionales, la cual debe tener a su cargo la actualización del catastro de propiedad rural. Asimismo, se recomienda al MINAGRI elaborar, con las Direcciones Agrarias de los gobiernos regionales, un registro unificado de las comunidades campesinas y nativas, así como emitir lineamientos para enfrentar las controversias relacionadas con el derecho de propiedad de las comunidades.

Entre las varias recomendaciones a los gobiernos regionales, la Defensoría señala la necesidad de asegurar la provisión de recursos económicos para atender estas funciones, priorizar la contratación de personal idóneo y suficiente, así como producir materiales de difusión para las comunidades. La pelota, entonces, está ahora en la cancha de estas entidades.




[1] Puede verse el texto en <http://www.defensoria.gob.pe/Downloads/descarga/Informe-002-2014-DP-AMASPPI-PPI.pdf

martes, 22 de abril de 2014

Titulación de tierras

Artículo escrito por Laureano del Castillo, coordinador ejecutivo de CEPES, publicado en el diario La Primera. A inicios del año pasado un decreto supremo estableció que la rectoría en materia de saneamiento de la propiedad rural era responsabilidad del Ministerio de Agricultura. Meses después se modificó la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, incorporando dicha función entre las funciones del MINAGRI.
Retrocedamos un poco para entender la importancia de dichas normas. Tradicionalmente las tareas vinculadas a la titulación de predios rurales, incluyendo la titulación de comunidades campesinas y la demarcación de las comunidades nativas, estuvieron a cargo del Ministerio de Agricultura. En 1992 se creó el Proyecto Especial de Tierras y Catastro Rural –PETT-, con el encargo de sanear las propiedades que habían sido expropiadas en el proceso de reforma agraria. Años después, habida cuenta del enorme peso de la informalidad de los derechos de propiedad en el mundo rural, con el apoyo del BID, se impulsó el Proyecto de Titulación y Registro de Tierras, proyecto que se replicó.

En 2007, ante las denuncias de corrupción, el PETT fue absorbido por COFOPRI, curiosamente una entidad encargada del saneamiento de la propiedad urbana. Nuevas denuncias de corrupción hicieron el mismo gobierno decidiera que las funciones en materia de predios rurales sean asumidas por los gobiernos regionales. En verdad, así estuvo establecido desde 2002, en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Aquí se originó un problema, pues si bien los gobiernos regionales son los ejecutores de esta función, no quedó claro qué entidad del Estado señalaría las pautas comunes y mínimas que debe respetar cada gobierno regional.

Ese conflicto fue el que las normas mencionadas solucionaron. Pero han pasado ya varios meses y se requiere pasar a la acción. Ahora se está terminando de afinar un nuevo proyecto de titulación masiva, con apoyo del BID, y se ha visto la necesidad de priorizar los sectores a atender, pues las necesidades de formalización son muy grandes. Allí es donde pensamos que, a diferencia de los dos proyectos anteriores, debería brindarse mayor atención al problema de falta de títulos y de catastro de las comunidades campesinas y nativas. En otras columnas hemos reclamado el cumplimiento de esta responsabilidad del Estado, por razones de justicia pero también por su innegable aporte a la paz y el desarrollo nacional.
Ver en: http://laprimeraperu.pe/columna/titulacion-de-tierras/

jueves, 27 de marzo de 2014

El Niño que nadie espera

Artículo escrito por Laureano del Castillo de CEPES, publicado en el diario La Primera. Se anuncia la cercanía del evento El Niño en nuestras costas. Hoy sabemos que no es un “fenómeno” (como nos enseñaron en el colegio) sino un hecho recurrente, que parece haberse vuelto más frecuente. Sus secuelas son conocidas: lluvias e inundaciones, pero también sequías.

Precisamente la sequía en el norte del país ha ocupado las noticias de las semanas anteriores. Se ha recordado que estos eventos son recurrentes (tal como las heladas, en época de invierno en las zonas altoandinas) y se han ensayado medidas de emergencia, para evitar la pérdida de cultivos, como derivar aguas del proyecto Olmos a los arrozales en el valle de Chancay-Lambayeque. Pero los daños siguen siendo enormes.

Organismos internacionales estiman que cada año se pierden en el mundo alrededor de 42 mil millones de dólares debido a la desertificación y la degradación de las tierras en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas. Esa es una de las preocupaciones que inspiraron la aprobación de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, de la que nuestro país es parte. De todos los eventos extremos, las sequías son las que causan los mayores daños que, como suele suceder, afectan sobre todo a la población más empobrecida. Las sequías no son aparatosas como una inundación o un huracán, ni tienen inicio ni final preciso, pero producen enormes daños y afectan los medios de vida de las peruanas y los peruanos.

Hay algunos avances en esta materia, como el “Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Agrario 2005-2015” (Plan GRACC), que identifica zonas de potencial peligro a la sequía a nivel nacional, y el “Plan de Prevención ante la presencia de fenómenos naturales por inundaciones, deslizamientos, huaycos y sequías”. Pero, como quedó evidenciado en el taller internacional "Desarrollo de Capacidades en apoyo a las Políticas Nacionales de Gestión de Sequías", se requiere un Plan Nacional, donde se definan responsabilidades claras (funciones, coordinación y también los recursos necesarios) de los tres niveles de gobierno, así como de la sociedad, para prepararse para estos eventos. Solo para tomar un ejemplo de la situación actual: mientras SENAMHI monitorea la sequía en el sur, el MINAGRI evalúa sus perjuicios en la costa norte.

jueves, 20 de marzo de 2014

Tierras, Coca cola y Pepsico

Artículo escrito por Alejandra Alayza, de OXFAM, publicado en el diario La República. En los últimos meses Coca Cola y Pepsico, dos gigantes de la industria de las bebidas, han respondido a la presión de sus consumidores y han dado un primer paso comprometiéndose a una política de "tolerancia cero" del acaparamiento de tierras en sus cadenas de producción. Este compromiso fue asumido luego de que se denunciaran casos de desplazamiento de comunidades rurales en Brasil y otros países por parte de empresas proveedoras de estas marcas.

A nivel global la presión por el acceso a tierras acelera el desplazamiento de comunidades locales, afectando su derecho a la tierra. El caso del azúcar es particularmente sensible a nivel global. Se estima que el comercio internacional de azúcar asciende a US$ 47.000 millones y que la producción de azúcar se incrementaría en 25% al 2020.

Más de la mitad de la producción destinada hacia esta gran industria de alimentos y bebidas, confirmando el rol estratégico que esta industria juega para definir condiciones para el acceso a tierras. La reacción de Coca cola y Pepsico es expresión de un poder ciudadano en crecimiento. La presión desde su dimensión de consumidores sobre los mercados permite reforzar el cumplimiento de derechos. Celebramos el cambio de las políticas, y ahora vigilemos el cambio de prácticas.