Artículo escrito por Laureano del Castillo de CEPES, publicado en el diario La Primera. En nuestra columna de abril pasado nos
referimos al tema de la titulación de tierras agrícolas, demandando atención
especial para la situación de las comunidades campesinas y nativas.
Resulta grato por ello informar que en
días pasados la Defensoría del Pueblo publicó el informe N°
002-2014-DP/AMASPPI-PPI, “Análisis de la política pública sobre reconocimiento
y titulación de las comunidades campesinas y nativas”, el que fue remitido al
Ministerio de Agricultura y Riego.[1]
El
documento empieza recordando la obligación constitucional del Estado de
garantizar el derecho de propiedad de las tierras de las comunidades campesinas
y nativas, cuyo incumplimiento ha generado problemas, expresados en quejas y
pedidos de intervención a la Defensoría del Pueblo. En base a la supervisión
realizada a 22 gobiernos regionales la Defensoría concluyó en la existencia de
siete problemas a la base de esas dificultades: a) ausencia de una normativa
integrada y actualizada sobre reconocimiento y titulación de comunidades; b)
falta de una rectoría adecuada en torno a esas funciones; c) falta de
información centralizada sobre el número de comunidades; d) insuficiencia en la
capacitación del personal a cargo de dichas tareas; e) falta de difusión de
derechos y de adecuación de instrumentos de gestión; f) falta de priorización
presupuestal para el reconocimiento y titulación comunal; y g) falta de
lineamientos para el tratamiento de controversias por superposición de
derechos.
El
informe concluye recomendando al Congreso la revisión de la normatividad sobre
comunidades campesinas y nativas para simplificar los correspondientes
procedimientos administrativos. Al Ministerio de Agricultura y Riego se recomienda designar una autoridad del más
alto nivel a su interior, con capacidad de ejercer una adecuada rectoría en
estas materias, de modo de orientar las capacidades de los gobiernos
regionales, la cual debe tener a su cargo la actualización del catastro de
propiedad rural. Asimismo, se recomienda al MINAGRI elaborar, con las
Direcciones Agrarias de los gobiernos regionales, un registro unificado de las
comunidades campesinas y nativas, así como emitir lineamientos para enfrentar
las controversias relacionadas con el derecho de propiedad de las comunidades.
Entre
las varias recomendaciones a los gobiernos regionales, la Defensoría señala la
necesidad de asegurar la provisión de recursos económicos para atender estas
funciones, priorizar la contratación de personal idóneo y suficiente, así como
producir materiales de difusión para las comunidades. La pelota, entonces, está
ahora en la cancha de estas entidades.
[1]
Puede verse el texto en <http://www.defensoria.gob.pe/Downloads/descarga/Informe-002-2014-DP-AMASPPI-PPI.pdf
